Cuatro años de ausencia en políticas de género

De los 36 refugios para mujeres sobrevivientes de violencia machista que prometió hacer el Gobierno de Mauricio Macri entre 2017 y 2019, solo terminó y equipó 9, pero de ese total, 8 habían comenzado a construirse durante el kichnerismo, según informó oficialmente a Página|12 el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que encabeza Fabiana Tuñez. Curiosamente, un año atrás, cuando esta cronista quiso saber cómo avanzaba ese punto del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA), anunciado en 2016 con bombos y platillos por el Presidente y Túñez, el organismo informó oficialmente que ya sumaban 10. 

A la hora de hacer balance sobre los cuatro años de macrismo sobre la agenda de género, algunos de los trazos gruesos que quedan de la gestión del “feminista menos pensando”, como pretendió disfrazarlo Túñez, son:

· Un enfoque “securitario” y “punitivista” para enfrentar la problemática de la violencia machista, con cifras de femicidios que no bajan como resultado.

· La desjerarquización del Ministerio de Salud, convertido en Secretaría.

· La profundización de la feminización de la pobreza y una desocupación que pegó con más fuerza sobre las jóvenes del conurbano. Con ausencia de políticas laborales y de cuidados dirigidas a la población femenina y especialmente a las llamadas “ni ni”: las estadísticas oficiales muestran que 67% de les adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo son mujeres que cuidan chiques en sus hogares.

· Reducción de presupuestos y debilitamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en la mayor parte del Gobierno de Cambiemos.

Para hacer un análisis más agudo es interesante ver qué pasó con el INAM, que se autodefine como “el organismo para la igualdad de género de Argentina”. Si bien Macri lo jerarquizó en 2017 –pasó de depender del Consejo Coordinador de Políticas Sociales a convertirse en un organismo autónomo con rango de Secretaría de Estado dentro de Desarrollo Social--, el cambio fue insuficiente. Su presupuesto sufrió recortes año a año, como refleja el monitor presupuestario , una plataforma que lanzó este año ACIJ. Incluso, después del reclamo de organizaciones de DDHH y de mujeres, el Congreso aumentó las partidas que le había asignado el Poder Ejecutivo, pero esos incrementos no alcanzaron a cubrir la inflación: en 2018 el presupuesto del INAM fue un 15 por ciento más bajo en términos reales que el de 2017 y en 2019, la reducción (también en términos reales) respecto del año pasado fue del 16 por ciento.

Recortes y más recortes

El INAM tiene a su cargo la implementación del Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres. La iniciativa resultó un avance (estaba prevista su elaboración en la Ley 26.485, sancionada en 2009, pero el kichnerismo nunca llegó a elaborarlo). Debido a que el amplio abanico de medidas que prometió el macrismo quedó a cargo de distintos ministerios, es difícil hacer el seguimiento de la ejecución presupuestaria. Pero como a partir de 2019 se empezó a detallar el Presupuesto Nacional con etiquetas de “género” –lo que significó, sin dudas, otro avance— es posible identificar el monto asignado. La paradoja es que un presupuesto con perspectiva de género lo que develó fue el achicamiento de partidas. Para este año el Plan contra la violencia tiene un presupuesto total de 62 millones de pesos, según muestra el monitor presupuestario. Sin embargo, ese monto se redujo a 46 millones y en lo que va de este año, solo ejecutó algo más de 3 millones (3.471.000, precisó ACIJ a Página|12).

“Pese a que se ha jerarquizado el INAM, a que se ha elaborado un Plan sobre Violencia de género, y a que se sancionaron leyes que apuntan a capacitar y fortalecer la perspectiva transversal de género como la Ley Micaela, esas políticas deben ser igualmente jerarquizadas con recursos, presupuesto y voluntad política de implementación; de lo contrario, son meras aspiraciones que no tienen incidencia real en la vida de las mujeres”, señaló a este diario Mariela Belsky, titular de Amnistía Internacional Argentina.

Refugios y tobilleras

Macri ganó las elecciones el año de la primera marcha de Ni Una Menos. La construcción de refugios, el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas y el monitoreo de los agresores a través de tobilleras fueron tres de las demandas que el 3 de junio de 2015 reclamó una multitud frente al Congreso.

De los 750 millones de pesos del presupuesto que originalmente se anunció que tendría el Plan Nacional, 600 millones estaban destinados a la construcción de los 36 refugios, es decir el 80 por ciento de los fondos. La construcción de los refugios quedó a cargo del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación. Pero según informó a Página 12 el INAM, solo se terminaron 9 (en Bolívar, Partido de la Costa, Florencio Varela, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Salta), 8 de los cuales se empezaron a construir durante el kirchnerismo. Hay tres en construcción (en Quilmes, La Plata y Junín, municipios gobernados por Cambiemos) y otros 20 –que supuestamente fueron reacondicionados—pero ya existían en diferentes municipios, ingresaron a la Red Nacional de Hogares.

Las tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores se entregaron en 17 jurisdicciones, pero sirven solo si en la zona hay señal para celular. En total, se distribuyeron 709 dispositivos, según informó el INAM, entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Rio Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Parece poco, si se tiene en cuenta que solo en 2018 hubo 441.977 denuncias por “violencia de género e intrafamiliar”, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad al lanzar días atrás el Plan Nacional para la Reducción de Femicidios.

¿Abogadas para todas?

El programa de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género empezó a implementarse este año: tres años después de sancionada la ley en el Congreso que lo creó. Pero solo en las 11 provincias del NOA y el NEA, Neuquén y la ciudad de La Plata. Y por ahora son apenas 24 abogadas.

Lo que queda claro es que el abordaje del problema de la violencia machista no muestra resultados favorables: Las cifras de femicidio no han bajado. Cada 30 o 31 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Las estadísticas se mantienen más o menos estables. Los últimos datos de la Corte Suprema de Justicia, de 2018, no muestran que se hayan reducido, como pretendió instalar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, días atrás. Pero el hecho de que sea ella, Bullrich, quien se vanaglorie de una supuesta reducción (dijo que fue del 12 por ciento entre 2017 y 2018 tomando datos del registro de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sobre la base de casos publicados en medios) da cuenta del paradigma que eligió el Gobierno para enfrentar una problemática tan compleja como esta: como si se tratara de un tema de seguridad clásico, cuando en realidad, tiene que ver con cuestiones estructurales, culturales, arraigadas y por tanto, requiere, exige, un abordaje integral. No basta con incitar a las víctimas a denunciar. Es importante reforzar la atención de la Línea 144 pero no es suficiente. En estos años, además, se escucharon con insistencia denuncias de precarización laboral de trabajadoras que la atienden en la provincia de Buenos Aires.

Tan equivocado es el enfoque que se le dio al tema desde el Ministerio de Seguridad como que casi 7 de cada 10 femicidios son perpetrados por la pareja o la ex pareja de la víctima y en la mayoría de los casos ocurren en el hogar de ella o en el que compartían ambos. “Las intervenciones estatales en estos cuatro años se han sustentado en un paradigma securitario y punitivista por sobre otras definiciones en el campo de las políticas sociales, educativas o de derechos humano. Por eso, en la provincia de Buenos Aires, bajo gestión macrista, la mayoría de los recursos presupuestarios se dirigieron a la apertura de comisarías para recibir denuncias, una aplicación para los teléfonos celulares, la promoción del botón antipánico o de las tobilleras para quienes habían sido denunciados”, cuestionó Laurana Malacalza, investigadora de la UNLP y UNICEN. Y agregó: “Este paradigma se ha sustentado en un abordaje individual de la violencia de género, sin tener en cuenta sus dimensiones estructurales”. Faltaron programas integrales de atención a víctimas, políticas sociales y laborales, de acceso al empleo formal, a vivienda para mujeres, personas trans y travesti.