Un esquema tributario más regresivo que el que había antes de asumir es una de las herencias que deja el macrismo. Las distintas reformas impositivas que aplicó Cambiemos en los cuatro años de gobierno representaron la transferencia de 690.825 millones de pesos de recursos hacia el sector privado más concentrado. Según un relevamiento de Proyecto Económico, ese flujo se repartió en 287.690 millones de pesos en “perdones impositivos” a grandes propietarios, 277.022 millones a exportadores de granos y 133.066 millones a empresarios. Esto no derivó en una mejora en la actividad, lo que echa por tierra el argumento de que una disminución en los impuestos y aportes conducen necesariamente a una mejora de la producción y en los niveles de inversión y empleo. La clave no es más o menos impuestos sino avanzar a un sistema tributario progresivo.

Entre los dogmas neoliberales y pro mercado con los que asumió Cambiemos, la idea de eliminar impuestos como un factor clave para estimular la inversión y la oferta era uno de los más destacados. De la misma magnitud que la receta de contraer la base monetaria al extremo para bajar la inflación o ajustar el gasto para crecer. Todas estas recetas tuvieron un fracaso rotundo al aplicarse, el mismo resultado de dos décadas atrás y que, aun así, volvieron a instrumentarse desde 2015.

En materia tributaria, la primera medida que tomó Cambiemos fue la eliminación de retenciones a la mayoría de los granos –con reducción escalonada para la soja-, la minería y la industria. En los últimos meses de su mandato tuvo que reinstaurarlas en formato de retención fija porque el desfinanciamiento del Estado ya se le había ido de la mano. Esta medida, junto con la eliminación de Ganancias para los trabajadores, había sido eje de campaña de Macri. Solo eliminó las retenciones. En cuatro años sin retenciones el complejo maicero no agregó valor y el 60 por ciento de las exportaciones representa el grano en bruto, mientras que en el caso de la soja las ventas externas del poroto representan sólo el 10 por ciento del total”, según un informe de la consultora Ecolatina.

Los cambios

El gobierno de Cambiemos emprendió una serie de modificaciones impositivas que se tradujeron en fuertes transferencias del Estado al sector privado.

Bienes personales. Es el impuesto progresivo por excelencia, porque grava la riqueza. En 2015 las alícuotas aplicadas a partir de un mínimo no imponible de alrededor de 30.000 dólares eran de 0,5, 0,75, 1 y 1,25 por ciento. El Gobierno las redujo entre 2016 y 2018 a una alícuota única de 0,25 por ciento y un mínimo no imponible más elevado. La eliminación de la escalas le quitó el carácter progresivo al impuesto.

Retenciones. Apenas asumió el Gobierno, una de las primeras decisiones que tomó consistió en la eliminación de los Derechos de Exportación a todos los productos agropecuarios e industriales (típicamente manufacturas de origen agropecuario). En cambio, las retenciones a la soja disminuyeron del 35 al 30 por ciento, estableciendo a su vez una política de baja gradual del 0,5 mensual que se detuvo hasta alcanzar un 25,5 por ciento.

Contribuciones patronales. El Gobierno instrumentó una reducción gradual de las contribuciones que pagan los empleadores. Estableciendo un mínimo no imponible que alcanzaba a los 12.000 (actualizables) pesos para el año 2022. Esta medida impactó en una merma recaudatoria del fisco en beneficio de las empresas, pese a lo cual no se tradujo en un incremento del empleo formal. Por el contrario, la ocupación no registrada fue en permanente aumento, hasta alcacanzar el 34,5 por ciento en el segudo trimestre del año, último dato oficial.

Ganancias. El impuesto a las Ganancias sufrió una modificación a fines de 2016. Se introdujo una actualización de los mínimos no imponibles por el índice de salarios a los trabajadores. El cambio más relevante consistió en la implementación de un sistema de integración parcial en donde se gravan las ganancias de la sociedad y la distribución de dividendos a sus accionistas.

Los ganadores

Las modificaciones en los impuestos mencionados provocaron que el Estado nacional dejara de recaudar 483.632 millones de pesos, equivalente a 690.825 millones a precios de 2019. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5 por ciento y 1,2 por ciento del PBI, según las cifras de Proyecto Económico.

“Estas modificaciones representaron para el Estado nacional un costo de 690.000 millones de pesos, es decir que en la práctica se produjo una transferencia millonaria de recursos al sector privado, por lo que dejó de recaudar durante estos casi cuatro años. Esta política impositiva benefició fundamentalmente a las empresas (vía cargas patronales), a los exportadores agropecuarios (mediante la rebaja en las retenciones) y a las personas físicas de mayores ingresos (por la reducción de la alícuota de Bienes Personales)”, explican desde la entidad que dirige la economista y diputada Fernanda Vallejos.

Por el contrario, el aumento en la recaudación es el resultado de una mejora en la actividad económica. “La macroeconomía impacta de forma directa en la recaudación: Ganancias e Ingresos Brutos reaccionan ante la inflación y el crecimiento; Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se encuentran asociados al nivel de empleo, los salarios y la formalización del trabajo”, detalla el informe.