El gobierno de Lenín Moreno batalla en dos frentes desde las masivas movilizaciones que terminaron hace más de un mes en Ecuador. Por un lado criminaliza la protesta social a partir de aplicar la figura de “rebelión” a opositores. Así logró encarcelar a miembros del partido de Rafael Correa, Revolución Ciudadana (RC), y líderes de las organizaciones indígenas. Esto llevó a que tres legisladores de RC pidieran asilo a la Embajada de México. En el otro frente, el gobierno busca aplicar las recetas económicas que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). Días atrás la oposición logró rechazar un mega proyecto de reforma económica hecho a la medida de los mercados.
Persecusión política y criminalización de la protesta
Tres asambleístas del partido de Rafael Correa permanecen en la embajada de México desde hace casi un mes luego de solicitar asilo político. Alertados por el inicio de procesos legales en su contra y ante una inminente detención pidieron resguardo al gobierno mexicano. Otros cuatro representantes del mismo partido están en prisión preventiva acusados de “rebelión”. El caso más resonante fue el de la Prefecta (Gobernadora) de Pichincha, Paola Pabón, que desde el 15 de octubre está privada de la libertad. “La fiscalía pidió su detención basándose en tweets”, dice el abogado de la Pabón, Ramiro Aguilar Torres en diálogo con PáginaI12. “Según la ley, la figura de “rebelión” implica financiar, crear, comandar o instigar un movimiento armado con el propósito de violar la Constitución, levantarse contra la Asamblea (Congreso) o el Presidente. Pero no existen pruebas como para incriminar a Pabón”, dijo el abogado. También sostiene que no se cumplió el debido proceso durante la detención. “Un vez que la Prefecta fue privada de la libertad pedimos una audiencia de apelación. La ley marca que toda persona luego de ser detenida tiene derecho a ser oída por un juez. Este determina si la detención es constitucional. Todavía estamos esperando que nos den la audiencia”, informó Aguilar Torres. “Fueron sumamente veloces para detener a la Prefecta. Pero a la hora de su defensa de repente todo se volvió lento”, sostuvo el abogado.
Otro caso que desnuda la complicidad entre estructuras del gobierno y la justicia, es el de Virgilio Hernández, asambleísta de RC. Hernández también fue acusado de “rebelión” y detenido el cinco de noviembre. “La excepcionalidad de esta figura legal hace que el juicio sea reservado, sin acceso a la prueba, al igual que a los alegatos. Pero la fiscalía subió a su cuenta de Twitter y repartió a algunos medios fotos de los allanamientos. También filtró audios y parte los chats del celular de Hernández. Eso es absolutamente ilegal", sostuvo Aguilar Torres.
Los tres legisladores de RC que pidieron asilo en la Embajada de México son Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri. Estas detenciones tienen una evidente intencionalidad política según informó a PáginaI12 el asambleísta Pabel Muñoz, miembro de RC y compañero de bancada de los asilados.”La Constitución de Ecuador contempla que ante una situación de conmoción interna puede determinarse el cese de la Asamblea o del Presidente, y luego llamarse a elecciones. Nuestros compañeros expresaron que debía analizarse si cabía o no la utilización de ese artículo. Eso derivó en su persecución judicial”, sostuvo Muñoz. Según el legislador, está en juego el estado de derecho en su país. “Si no se respeta el debido proceso, si se juzga en los titulares y no en los tribunales, y si no se otorga la libertad a los presos para que pueden defenderse, será la constatación más clara de que Ecuador perdió el Estado de derecho”, afirmó Muñoz.
Aún cuando entre el correísmo y los organizaciones indígenas hay discrepancias, también desde este sector denuncian persecución política. “Toda la alta dirigencia indígena está con procesos abiertos y también a nivel territorial hay otros dirigentes incriminados”, informó a PáginaI12 Andrés Tapia, Dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que integra la CONAIE. “Nos preocupa muchísimo que mientras el gobierno llama al diálogo se mantenga una política de judicialización”, sostuvo Tapia.
El Congreso frenó el proyecto del FMI
En materia económica Moreno sigue a rajatabla las recetas del FMI. A la espera de nuevos desembolsos que ayuden a sanear la economía del país, el gobierno había enviado al Congreso un mega proyecto tributario y monetario. La aprobación de esta ley fue una de las condiciones que puso el organismo para liberar préstamos pendientes. Sin embargo la oposición logró reunir 70 votos en la Asamblea para rechazar el proyecto. "Era una ley tan mala que hasta los sectores de la derecha la rechazaron", explicó el legislador Muñoz. "Estaba hecha a medida para los bancos, el sector financiero y el FMI. El gobierno no entendió lo que le dijo la sociedad ecuatoriana, ni lo que está pasando en latinoamérica. Mirá el caso de Argentina, Colombia y ahora Chile, el mejor alumno del neoliberalismo", afirmó Muñoz.
Lenín Moreno anunció que enviará otro proyecto centrado únicamente en el aspecto tributario. Desde el gobierno sostienen que las reformas son fundamentales para aumentar recaudación del Estado. Desde la oposición critican que quienes paguen los platos rotos sean siempre los sectores populares. “Decían que el proyecto iba a dinamizar la producción, producir crecimiento económico y aumentar la inversión extranjera, pero si lo analizás con cuidado no se ve nada de eso. Establecía que quienes tenían ventas por más de 10 millones al año iban a pagar un impuesto de 20 mil dólares. Nosotros decimos que hay que ser más progresivos, que el que más tiene pague más. Eso sería lo justo”, explica Muñoz. "El gobierno ahora se queja y nos responsabiliza por la no aprobación del proyecto, pero pretendían que analicemos en pocas semanas más de 404 artículos que modificaban 22 cuerpos legales. Era una locura”, responde Muñoz a las críticas que lanzó Moreno. Este lunes el vicepresidente de Ecuador Otto Sonnenholzner dijo que abrirán el diálogo para discutir la nueva normativa. Desde RC dudan que el gobierno los reciba. “Queremos proponer medidas y que se discuta cada normativa punto por punto, no como un paquete cerrado”, informó Muñoz.
Hace poco más de un mes la avanzada popular se manifestó en todo el país. El reclamo principal fue que se vaya el FMI. Ahora la correlación de fuerzas se mide por la vía institucional. Sin embargo, el gobierno sigue ejecutando las mismas recetas que llevaron al estallido. El tiempo dirá hasta cuando puede mantener esta estrategia sin que la gente vuelve a salir a las calles.
Informe: Juan Manuel Boccacci
