La ONU subrayó que la muerte de civiles no se puede aceptar, y que las autoridades bolivianas tienen que rendir cuentas al respecto. Sin embargo Stéphane Dujarric, vocero del titular de la organización, Antonio Guterres, no se pronunció respecto al decreto  que le quita responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas frente a la represión. Días atrás, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había condenado el "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de las Fuerzas Armadas.

"Estamos preocupados por los acontecimientos. Es importante volver a llamar a todos los actores a que den una oportunidad al diálogo, incluyendo el ejercicio de contención tanto en actos como en palabras", dijo ante la prensa acreditada en las oficinas del organismo en Nueva York, Stéphane Dujarric.

El vocero de la ONU lamentó los fallecimientos de ciudadanos "cuando trataban de expresarse", y subrayó que "ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable. Es muy importante que se permita a las personas manifestarse y que el gobierno muestre contención. Y que cuando hay violencia y hay muertes, haya rendición de cuentas", agregó.

Sin embargo, Dujarric no se pronunció respecto al decreto aprobado por el gobierno transitorio de Bolivia, que exime de responsabilidad penal a militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa. La medida, en cambio, fue criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, que advierten que dicho decreto puede estimular la represión violenta de las protestas.

Mientras tanto, la ONU continúa colaborando en la búsqueda de una salida a la crisis en Bolivia a través del enviado nombrado por Guterres, el francés Jean Arnault, que se encuentra en La Paz desde el 15 de noviembre.

Según contó Dujarric, Arnault está manteniendo contactos con actores políticos y sociales con el fin de que termine la violencia y se protejan los derechos humanos en el país. El enviado también busca aportar para lograr una salida "pacífica a la crisis" con unas "elecciones libres, creíbles e incluyentes".

Días atrás, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había denunciado el "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza" contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia. En concreto, se refirió a la muerte de manifestantes en la ciudad de Sacaba , Cochambamba, "presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad".

"En una situación como ésta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible", advirtió.

Según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, al menos 24 personas murieron y más de 700 resultaron heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, en las que Evo Morales triunfó en primera vuelta luego de un lento escrutinio, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo.