El Gobierno de Mauricio Macri publicó una resolución actualizando el protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) y resolvió anularla el mismo día. La resolución, impulsada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, fue criticada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien la consideró "inconstitucional". En la Presidencia señalaron que desconocían el contenido -publicado en el Boletín Oficial- y le encomendaron el tema a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien va a anular el nuevo protocolo. Cerca de Stanley dijeron que era por "un error técnico". Sectores del oficialismo piden la renuncia del secretario de Salud, que estaría considerando concretarla. En la Rosada deban por sentado que se iba a ir.
La reacción de los sectores antiderechos no se hizo esperar. Si bien se oponen a todo, uno de los puntos que más furia generó fue la aclaración sobre la objeción de conciencia. Además de las maniobras de lobby, que el oficialismo niega, hubo un hecho insólito: el presidente provisional del Senado salió a cuestionar una medida de su propio gobierno. "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", bramó Pinedo.
"El secretario de Salud no puede pasar por encima de un debate de seis meses en el Congreso nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional", cuestionó el senador, quien eludió el hecho de que el protocolo reglamenta la legislación actual, donde el aborto ya es legal por causales. Lo que hacía era actualizar el protocolo de 2015 con los informes recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante el debate de 2018 donde se discutía la ampliación de los derechos de los cuerpos gestantes, Pinedo sostuvo que “es demasiado violento sostener que se pueden eliminar vidas porque algunos quieran". "No encuentro diferencia entre eliminar la vida de un chico por nacer y uno que nació", dijo. Rubinstein se había manifestado públicamente a favor de la legalización del aborto en ese debate.
A la voz de Pinedo, se sumaron otros sectores antiderechos, como la diputada nacional electa Dina Rezinovsky, quien salió abiertamente a pedir que el secretario de Salud renuncie: "Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional". La apoyaron la senadora Silvia Elías de Pérez y la diputada Cornelia Schmidt-Liermannm, quien tuiteó: "Algunos funcionarios, que juran sobre la Constitución, luego la violentan, atropellando la dignidad humana. Lo digo por Rubinstein. Espero que presente su renuncia".
A partir de allí comenzó una suerte de juego del Gran Bonete dentro del Gobierno: en Presidencia aclararon a este diario que la que se ocupaba del tema era Carolina Stanley y que Macri no estaba involucrado. En el ministerio de Salud y Desarrollo Social confirmaron que iban a anular la resolución y que volverá a regir el protocolo de 2015. "Salió publicada sin que ninguno de los superiores de Rubinstein supiera qué decía", indicaron sobre algo que pasó todos los estadíos hasta salir en el Boletín Oficial. En otras palabras, intentaron instalar que Rubinstein se cortó solo, y no explicaron cómo se le pasó al secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, acual candidato a la Auditoría General de la Ciudad. "Entendemos que hay un error técnico y que, por eso, se va a anular", advirtieron en el Ministerio, sin más precisiones. Otras fuentes indicaron que el argumento formal sería que no le pidió opinión de la Secretaría Nacional de la Niñez, del Instituto Nacional de la Mujer y de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Rubinstein guardaba silencio, en tanto. Según señalaban en el Gobierno, era probable que presentara su renuncia. Pinedo, por su parte, festejó la anulación con un "Gracias, presidente". En cambio, el radical Ernesto Sanz salió a apoyar al secretario de Salud: Mi solidaridad, apoyo y afecto a Rubinstein, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión". "El protocolo que dictó responde al fallo de la corte y al código penal vigente, tratando de solucionar un problema grave de salud pública . Resulta inentendible su derogación", sostuvo Ricardo Gil Lavedra. También Martín Lousteau salió sin medias tintas a cuestionar: "Es una verdadera pena que el Presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande". "Hoy celebré la sanción del Protocolo ILE porque creo que es absolutamente necesario para garantizar el acceso en todas las provincias a los derechos consagrados en la ley vigente. Ojalá la decisión no sea revertida", tuiteó la diputada PRO Silvia Lospenatto a las ocho y media de la noche, cuando hacía rato que eso se había anunciado.
La decisión de dar marcha atrás con un protocolo aprobado por el propio gobierno, reconoce un antecedente en estos años de Cambiemos: la primera ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, adhirió al protocolo nacional, pero la gobernadora María Eugenia Vidal ordenó dar marcha atrás, en concordancia con su entonces secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, quien actualmente es el jefe de los fiscales bonarenses. Tiempo después de esa marcha atrás, Ortiz dejó el Gobierno de Vidal y fue reemplazada por Andrés Scarsi, quien está en contra de la legalización del aborto y minimizó las muertes por abortos clandestinos.
