“Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro”, dijo en febrero Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, cuando imploraba por un aborto legal, y se enfrentaba a dilaciones arbitrarias e ilegales en un hospital público en Tucumán. Esa es una de las tres provincias –junto a Santiago del Estero y Corrientes-- que no aplica ningún protocolo de atención de los casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921. La falta de una normativa clara avalada por el poder político genera los estragos que padeció Lucía en su cuerpito infantil: la tortura de convertirse en incubadora y hasta tener que enfrentar maternidades forzadas.

Los protocolos de abortos legales justamente buscan dar directivas claras al personal médico, sobre un procedimiento que históricamente generó discusiones. Todavía hay profesionales de la salud que pretenden imponer sus preceptos religiosos frente al cumplimiento de la ley. Los protocolos son guías, instrumentos de política pública para dar también certidumbre a mujeres y personas con capacidad de gestar.

La decisión del presidente Mauricio Macri de derogar la resolución del secretario de Salud Adolfo Rubinstein --publicada el miércoles en el Boletín Oficial--, causará daños inconmensurables. Otra vez, probablemente, crecerán las dudas en los hospitales sobre si hay que garantizar o no los abortos legales. Estas idas y vueltas son juego sucio.

Macri le hace otro guiño a los sectores antiderechos, a los pañuelos celestes: a esta altura se merece que lo vayan a despedir el 7 de diciembre con el feto gigante.

En algunos medios se quiso instalar la idea de que el protocolo actualizado “facilita” las interrupciones de embarazos para niñas y adolescentes. Hasta se enmarcó la noticia como parte del “debate del aborto”. El protocolo actualizado no crea derechos nuevos. Apunta a garantizar la atención en los casos en los que ya es legal --cuando el embarazo es producto de una violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer--, tomando en cuenta las definiciones sobre la posibilidad de dar consentimiento ante prácticas médicas de personas menores de edad y con discapacidad, según el nuevo Código Civil y Comercial. Además, incorpora recomendaciones de la OMS basadas en evidencia científica, para brindar la mejor atención médica. No es la visión del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. En la actualización trabajó un nutrido grupo de reconocidas especialistas en salud y derecho.

Tampoco su derogación quita derechos. Pero causará confusión. Sigue vigente el protocolo redactado en 2015, al que ya adhirieron diez provincias (Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco). Otras 9 redactaron sus propios protocolos (Catamarca, Chubut, Caba, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Dos, Formosa y San Juan, no tienen una guía de esas características pero usan el protocolo Nacional.

Por eso es importante, que como una de sus primeras medidas, el próximo ministro de Salud, que asuma en el gabinete de Alberto Fernández, vuelva a darle status de resolución al protocolo actualizado. Para dar certezas a los equipos médicos, --y a las mujeres y personas con capacidad de gestar--, mientras se elabora el proyecto que el Presidente electo anunció que enviará al Congreso para despenalizar y legalizar el aborto. Las dudas que se instalan son difíciles de remover. Lo sabemos.