La Ley de Góndolas , que el miércoles obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, intenta regular la porción que ocupan las distintas marcas en los exhibidores de las grandes cadenas comerciales. La iniciativa busca fomentar la competencia de marcas y la mayor injerencia de pequeñas y medianas empresas, producción de la agricultura familiar, campesina e indígena y de sectores de la economía popular en las góndolas de los hipermercados. El efecto colateral de esa competencia debería ser una reducción de los costos, dado que se reduciría el margen de acción de los grandes grupos alimenticios sobre la cadena de comercialización. Sin embargo, la medida tiene algunos problemas concretos para su rápida instrumentación, mientras que el marco recesivo y de desindustrialización de Cambiemos hace la tarea para las pymes todavía más difícil. El desmantelamiento de los equipos territoriales de la Secretaria de Comercio dificulta la supervisión del programa.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto girado al Senado dispone que una misma marca no podrá superar el 30 por ciento del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características. La oferta que se encuentre en los exhibidores deberá involucrar un mínimo de cinco proveedores o grupos empresarios. Este punto es clave porque se abren distintos interrogantes respecto de las empresas que están detrás de las marcas que llegan a los consumidores. La industria alimenticia en el país está liderada por Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, Molinos, Ledesma, Mondelez (ex Kraft) y Bagley. También habrá que ver cómo se reconocen las segundas y terceras marcas. Por ejemplo, el aceite Primor corresponde a una pyme, pero que le produce a Bunge. O La Martona, con La Serenísima como grupo empresario.
El espacio para las pymes
Los establecimientos deberán garantizar un 25 por ciento de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular. A su vez, en las islas de exhibición contiguas a las cajas se debe reservar un 50 por ciento del espacio para productos elaborados por pymes. Se establece también la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse una "exclusión anticompetitiva". Los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a una altura equidistante entre el primer y último estante de la góndola.
¿Cuál es la capacidad de abastecimiento?
El problema para las pymes está vinculado con la realidad económica. Las elevadas tasas de financiamiento para aumentar sus escalas de producción, el costo logístico y la falta de espalda financiera les impide llegar a todas las grandes cadenas de supermercados. Pese a que se disponga de ese espacio en góndolas, el desafío es que se pueda apuntalar a las pymes y a las economías regionales para estar presentes en los principales canales de comercialización. Hasta ahora es difícil que una pequeña productora de aceite en Mendoza pueda llegar a tener presencia en un supermercado de la Ciudad de Buenos Aires.
¿A qué comercios alcanza?
La obligación está pensada para grandes superficies comerciales. Por ejemplo, Carrefour estará obligada, pero su línea Express no. Quedan dos tercios excluidos por ser más chicas, con menos de 345 trabajadores. En los considerandos de la ley se estima que incluirá a 13 grandes cadenas de supermercados que facturan más del piso dispuesto de 1700 millones de pesos por año, lo que equivale a un 26 por ciento del total de la cadena comercial. La reglamentación es para alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador. Todavía no se definió el listado de los productos que serán alcanzados por esta ley.
¿Cuál es el impacto esperado?
De acuerdo con los argumentos esgrimidos durante el debate, el impacto esperado es una reducción de entre 25 y 35 por ciento en el precio al público, derivado de una mayor oferta para un mismo producto. La discusión es cuál será el alcance para las familias que no tengan un supermercado cerca en donde encuentren esta diversidad de marcas. Para las pymes será una oportunidad de llegar a las cadenas de consumo masivo de forma directa, aunque la realidad actual de las pymes pareciera indicar que ese beneficio no será aprovechado en el corto plazo.
¿Quién lo controla?
Es una cuestión vital, teniendo en cuenta el desmantelamiento de los equipos de trabajo de las distintas dependencias del Estado. Para tener una idea de esta situación, alcanza con mencionar que con el lanzamiento de Precios Esenciales, la Secretaría de Trabajo tuvo que pedir a la de Trabajo que sus inspectores laborales también relevaran el cumplimiento del programa. El resultado es conocido: los productos no estaban, o estaban escondidos o con otros precios respecto de los publicados. Sin esa capacidad de control será casi imposible que se aplique de manera correcta esta iniciativa. También se crea un órgano de control, con las mismas características del Observatorio de Precios y Disponibilidad del Insumos, Bienes y Servicios que creó en 2014 el entonces secretario de Comercio, Augusto Costa, y que no se utiliza.
Algunos problemas legales
Desde las cadenas de supermercados alertan sobre problemas contractuales con sus principales proveedores, compromisos que podrían llevarlos a la Justicia. También remarcan dificultades para el supermercado para cubrir el 70 por ciento restante con una oferta limitada de las pymes, por escala de producción y logística.
