Organizaciones de la discapacidad se concentraron frente a la sede de Incluir Salud, en Rivadavia 879, para denunciar el ajuste y la grave situación que atraviesa este programa nacional dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC). Falta de medicamentos, alimentación, transporte, e intérpretes de Lengua de Señas para facilitar el acceso a la Salud de las personas sordas, son algunos de los reclamos, a los que se suman la dificultad para acceder a sillas de ruedas, prótesis,  terapistas ocupacionales, entre otros. Y si bien fueron recibidos con algunas promesas por un funcionario de la Agencia de Salud, que tiene competencia sobre el programa, las organizaciones ya apuntan a trasladar sus demandas al próximo gobierno.

El responsable del Observatorio de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente  de la Confederación de Jubilados de la Argentina (Conjub) Pedro Ávalos dijo a Página/12 que “nos atendieron y se abrió un canal de diálogo que nos permitiría presentar algunos casos específicos, pero sabemos  que no se va a concretar nada”. “Han mentido durante estos cuatro años, y todavía estamos reclamando que nos devuelvan los mil millones de dólares destinados a la discapacidad que sacaron para la bicicleta financiera en 2016”.

A pesar de que a las pensiones no contributivas les descuenta la cuota de Incluir salud, el desfinanciamiento, las deudas a instituciones que prestan servicios y los aumentos a prestadores muy por debajo de la inflación, han deteriorado la atención que reciben los beneficiarios (aproximadamente un millón cien mil pensionados).

Por este motivo, el jueves al mediodía se concentraron, además del Observatorio y la Conjub: Afapprei, Madres Autoconvocadas,  APPA (Asociación Polio Pos Polio Argentina), Cedima, Agrupación 9 de Julio, Renace, Organización Red Mundial Inclusiva Provincias Unidas, Asociación Civil Caminos Solidarios Vte. López,Secretaría de Discapacidad CTA Autónoma CABA, Organización Nace Un Derecho, ONG Derecho a la Igualdad, Asperger Lomas, entre otros.

Ávalos explicó que “Incluir depende de la Agencia de Discapacidad, que financia a las provincias. Pero las provincias dicen que no llega el dinero y la Agencia dice que se los envió. En la práctica, en el interior, cuando uno va a solicitar una prestación le dicen que no se la pueden dar porque no llegó la plata. En la provincia de Buenos Aires, el transporte de los chicos para educación se lo transfirieron a IOMA ( obra social de los empleados públicos bonaerenses) y IOMA paga la tercera parte de lo que venía pagando el programa, con lo cual los transportistas han dejado de prestar el servicio. Y aunque hay un amparo presentado, la justicia no resolvió”.

Además, señaló que la entrega de medicamentos también “es un problema, aunque en este caso, son las farmacias las que dicen que no hay disponibles”, y agregó que entre las personas con problemas de movilidad, hay quienes necesitan una silla motorizada. “Pero hace mucho tiempo que no entregan sillas y menos motorizadas, por lo que hay gente en su casa sin poder moverse”. Y a todo esto se agregan situaciones "absurdas" para trámites como, por ejemplo, el certificado médico digital. Especialmente en el interior donde las conectividad no es buena y obliga a personas con movilidad reducida a desplazarse  varias veces.

El abogado y referente del Observatorio advirtió que “hay una desvinculación de la responsabilidad del Estado y una apropiación de los recursos destinados a las personas con discapacidad”. Y explicó que "el próximo paso es plantearle todo esto al nuevo gobierno".