La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer las amenazas de muerte a personas que han tenido algún papel en el procesamiento de causas judiciales por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Uruguay (1973-1985). Se trata de amenazas contra autoridades, operadores de justicia y defensores de derechos humanos de Uruguay, según explicó ayer la CIDH en un comunicado.
La CIDH urge al Estado a “adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia”, “toma nota del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas” y “espera que se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva”.
“Si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo estas amenazas de muerte, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura”, indicó el organismo. El relator de la CIDH para Uruguay, el comisionado Francisco Eguiguren, consideró que “es importante que se hayan iniciado investigaciones con prontitud”, pero que “es igualmente importante que se conduzcan con debida diligencia hasta sancionar a los responsables”.
“Según información de público conocimiento, las amenazas de muerte están dirigidas a personas que han tenido algún rol en el procesamiento de causas judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar uruguaya (1973-84)”, señala el texto de la nota del CIDH. De acuerdo con el documento, fueron amenazados el ministro de Defensa, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, y al menos otras 13 personas.
