El próximo 10 de diciembre un nuevo gobierno asumirá el poder político en el país. Nuevo, porque independientemente de las elecciones habrá que refundar la política económica. El presidente electo Alberto Fernández se encontrará con un stock de deuda que superará los 340 mil millones de dólares. Por lo tanto, la capacidad de seguir sosteniendo un modelo de endeudamiento, valorización financiera y posterior fuga de capitales no es una posibilidad.
A fines de 2015 la deuda total rondaba los 240 mil millones de dólares. En ese entonces, el tipo de cambio era de 9 pesos (el oficial) y de 14 (el ilegal). Esa deuda representaba en moneda local unos 2 billones de pesos. A la vez, el 65 por ciento de la deuda estaba nominada en moneda extranjera y el 35 por ciento restante en moneda nacional.
Cuando asumió el gobierno de Cambiemos comenzó un proceso de modificación de la estructura de la deuda, que la volvió más vulnerable a las fluctuaciones externas y cedió soberanía en beneficio de los bonistas.
Según los últimos datos de la Secretaría de Finanzas, la composición de la deuda actual es de un 19 por ciento en pesos. El 81 por ciento restante está nominada en moneda extranjera. Esto vuelve más vulnerable las finanzas a las fluctuaciones del mercado cambiario. Por ejemplo, manteniendo la composición anterior en la última megadevaluación, se podría haber ahorrado 1,6 billones de pesos. Esa cifra es más que el stock existente de Leliq.
A la vez, otro de los resultados de la política de endeudamiento de este gobierno fue el cambio en la legislación con la que se emitió la nueva deuda. Mientras el 78 por ciento estaba emitida en legislación local en el 2015, al 2019 se había reducido al 54 por ciento, mientras que la de legislación extranjera consecuentemente aumentó del 22 por ciento al 46 por ciento en el mismo período. Esto nos indica que el país se ha vuelto más vulnerable y ha cedido soberanía. Para entender las consecuencias que eso puede traer, vale recordar que un juez en Nueva York falló en contra de la reestructuración de deuda, que había aceptado casi el 93 por ciento de los bonistas, generando graves consecuencias para las cuentas públicas.
La política de cesión de soberanía también fue la decisión de convocar nuevamente al FMI para darle a los especuladores un seguro de cambio. Muchos de esos dólares se utilizaron para permitir la fuga de capitales en medio de las corridas cambiarias. Así le permitió al organismo internacional volver a tutelar la macroeconomía local, y a presionar por medidas que, lejos de favorecer al sector productivo, beneficiaron al modelo de valorización financiera.
El nuevo gobierno recibirá de herencia una deuda que, al actual tipo de cambio, se eleva a más de 20 billones de pesos, representando el 90 por ciento del PIB, con mayores riesgos cambiarios y mayores dificultades para encarar una reestructuración. Por convicción o necesidad entonces el manejo financiero después del 10 de diciembre deberá ser otro.
* Licenciado en Finanzas, UADE.
