La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la iniciativa más importante de la Argentina de los últimos años en el campo de la protección social. Garantizó una importante reducción en los índices de pobreza e indigencia y realizó una contribución muy significativa tendiente a lograr una más justa redistribución de ingresos.
Eso era su objetivo: atender la situación de los menores pertenecientes a familias no alcanzadas por el régimen de asignaciones familiares de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.714 para trabajadores formales. Al momento de la implementación de la AUH, un 42 por ciento de los hogares con hijos no recibían asignaciones familiares, aunque no todos los casos eran por encontrarse desempleados o trabajando en la informalidad, sino que también estaban (y así siguen), aquellos que no lo percibían porque su remuneración superaba el tope hasta el cual se pagan las asignaciones.
La AUH pretendió de ese modo atender la situación de vulnerabilidad de sectores de la población que, debido a la precariedad de su inserción en el mercado laboral, no recibían los beneficios que sí eran percibidos por sus pares en puestos de trabajo formales.
En lo que se refiere a las condicionalidades exigidas, éstas fueron tener hasta 18 años (sin ese límite cuando se trate de personas con discapacidad), cumplir con el calendario de vacunación obligatorio y con los controles sanitarios y acreditar la concurrencia a establecimientos educativos públicos. Así fue originalmente pero después se resolvió la extensión de los pagos para los alumnos que asistan a colegios privados que cuenten con subsidio estatal y cumplan algunos requisitos de necesidad.
Las condicionalidades son controladas a través de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación. Para su certificación, la responsabilidad recae en gran parte sobre los titulares, que deben encargarse de completar la libreta (en las escuelas y los centros de salud) y presentarla ante la Anses para el cobro del 20 por ciento de la transferencia que se ha ido acumulando a lo largo del año, porque durante cada meses perciben el 80 por ciento del haber y hasta que no demuestran el cumplimiento de las condicionalidades, no cobran ese 20 por ciento restante. Además, otro de los objetivos del programa es inducir la registración de los nacimientos, ya que para acreditar la identidad de los niños, se debe presentar su DNI.
En 2011 se amplió a las embarazadas, al crearse la “Asignación Universal por Embarazo (AUE) para protección social y se extendió el beneficio a los alumnos que concurren a establecimientos públicos de gestión privada.
Lejos de lo que pueda pensarse, el gobierno de Mauricio Macri no solo mantuvo el programa sino que lo amplió. Comenzaron a percibirlo también los hijos de monotributistas y de empleados con contratos temporales. Pero lo más sorprendente es que también se eliminó la restricción para acceder a su cobro a aquellos que son beneficiarios de otros planes sociales, contradiciendo el espíritu original de este programa (y muy probablemente el pensamiento de sus votantes).
A marzo de 2019, la cantidad de beneficiarios era 3.968.963, casi doscientos cincuenta mil más que los que había en diciembre de 2015. El 98 por ciento de las titulares son mujeres.
El tiempo transcurrido resulta suficiente como para poder extraer algunas conclusiones y determinar los resultados alcanzados con la implementación del programa. En primer lugar, mejoras en el ingreso familiar, particularmente de los sectores más vulnerables, lo que a su vez se traduce en aumentos en el consumo. Especialmente se destaca la certeza del cobro con regularidad y estabilidad. Estudios realizados concluyeron que quienes comenzaron a percibir la AUH agregaron una comida diaria a la dieta familiar y mejoraron la calidad de los alimentos, por ejemplo consumiendo más carne.
Además se dio una mejora en la redistribución del ingreso. Trabajos realizados sobre el tema demostraron que más del 60 por ciento de los beneficiarios pertenece al quintil más pobre de la Argentina y del 85 por ciento al 40 por ciento de los hogares de más bajos recursos. Recibe la AUH el 82 por ciento de los hogares con chicos pertenecientes al decil de menores ingresos.
También originó una baja en los índices de pobreza y especialmente en los de indigencia, como lo demuestran los sucesivos informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. En los primeros años de aplicación redujo la indigencia a la mitad.
Otro aspecto positivo es el aumento de la escolarización de los niños y adolescentes, con el consiguiente acercamiento de los padres restableciendo el vínculo con la escuela, siempre positivo. Además, si bien no se ha podido medir adecuadamente, es posible que esto implique una baja en la tasa de trabajo infantil, al tener que dedicar los niños y adolescentes parte de su tiempo a concurrir a clases y estudiar.
Por último, pero no por ello menos importante, se produjo una mejora en el sistema de salud detectado en el rango etario de los beneficiarios debido a la obligación de cumplir con la aplicación de las vacunas obligatorias. Además quienes perciben la asignación agregaron elementos de higiene y limpieza en sus hogares, lo que también redunda en mejoras en la salud de la familia.
En conclusión, el análisis del impacto sobre la pobreza, la indigencia y la desigualdad en la distribución del ingreso, el aumento de la escolarización, las mejoras en salud de los niños alcanzados, la baja en el trabajo infantil, unido a la ya muy escasa cantidad de personas que discute las bondades del sistema, son suficientes razones para sentenciar que el programa de la Asignación Universal por Hijo ha sido la medida de política social más importante de los últimos 50 años en Argentina.
(*) Docente UNLZ y UNQ.
