Luego de una mañana de dudas sobre si Mauricio Macri había reconsiderado su decisión de anular la actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el Presidente finalmente ratificó la directiva de dar marcha atrás con la resolución que había sido publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

La ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue la encargada de confirmarlo: dijo que anulaba la resolución "por inconsulta y porque esto debe pasar por el Congreso". La anulación produjo un cisma dentro del oficialismo. Los radicales salieron en masa a reclamar la continuidad de Rubinstein en el cargo (por los 18 días que quedan). Cerca del secretario de Salud mantenían el suspenso sobre si seguirá en funciones. Mientras tanto, Rubinstein publicó otra resolución que incluye en el Plan Médico Obligatorio las hormonas para cambio de género.

Algunas versiones indicaban que Rubinstein podría renunciar junto a otros funcionarios luego de que se conozca la anulación. Durante la tarde de ayer circularon incluso algunos nombres de los posibles salientes: junto a Rubinstein podrían irse Miriam Inés Burgos, subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevenibles, y Mario Kaler, secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos. Si se confirma la renuncia, se abre una crisis entre el PRO y el radicalismo con un final imprevisible, en un contexto en el que unos y otros están disputándose los lugares en el Congreso y, en forma más amplia, el liderazgo de la futura oposición. "Hay ya mucho ruido con el PRO por el desaire a Rubinstein. Es difícil calibrar cómo termina esto", señalaban en el radicalismo sobre la caída inminente de quien consideraban uno de sus ministros (luego rebajado a secretario). Rubinstein es integrante de la Fundación Alem, uno de los think tank del radicalismo.

La reunión de gabinete donde se discutió la suerte del protocolo de la ILE fue intensa. Se trata de un debate sobre un protocolo que actualizaba las condiciones para aplicar el aborto legal por causales, que rige en la Argentina desde 1921. Hubo contrapuntos sobre el fondo de la cuestión entre distintos funcionarios y Macri salió a saldarlos diciendo que el problema eran las formas, que Rubinstein no había avisado y que por eso se lo iba a anular. 

"Generó mucho malestar que se cortara solo sin avisar a la ministra ni al Presidente", indicó uno de los participantes de la reunión de gabinete. Como en el Boletín Oficial del jueves no había aparecido la anulación, habían surgido todo tipo de versiones de que podía haber una nueva marcha atrás. Pero Macri ordenó despejar toda duda y dos de sus ministros salieron en una conferencia de prensa posterior a ratificar que se volvía a la versión de 2015 del protocolo y se anulaba la versión mejorada y actualizada que se publicó en el BO.

La encargada de hacerlo fue Stanley, que quedó como superior de Rubinstein desde que Macri degradó el Ministerio de Salud a una secretaría. "El protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta del secretario de Salud", sostuvo la ministra, al tiempo que ratificaba a Rubinstein en su cargo, luego de la andanada de apoyos que había recibido del radicalismo. La funcionaria no explicó cómo una resolución de ese tipo llega a ser publicada en el BO de forma "inconsulta". Circuló la versión de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo llamó a Rubinstein para que le explicara lo que había hecho. Cerca de Peña, negaron que le hubiera pedido la renuncia y Stanley dijo públicamente lo mismo. 

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, se sumó a las explicaciones formales de la anulación: "Es simplemente una cuestión de formas y de cómo se toman las decisiones en el Gobierno, sin hacer juicios de valor sobre el fondo de la cuestión, ni sobre la persona de Adolfo Rubinstein. Los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía, pero hay determinadas cosas que deben ser consultadas. Esta fue una definición en un tema sensible que no fue consultada. Debería haberlo discutido, consultado con la ministra", interpretó. Además de recargar las tintas sobre Rubinstein, esa explicación lo deja a Macri como un presidente al cual ya ni sus propios funcionarios le responden. Finocchiaro dijo que no tenía conocimiento de que Rubinstein hubiera renunciado. 

Férreo antiderechos, Finocchiaro sostuvo que en la reunión del gabinete se habló de la cuestión como un "tema de conciencia", antes que como uno de salud pública. “Hay personas dentro de nuestro gobierno que piensan de una manera y personas que piensan de otra. Lo mismo pasa con nuestras bancadas en el Congreso. Cuando un gobierno se encuentra a dos semanas de entregar el mandato, administra pero no toma ninguna decisión que pueda comprometer a la próxima administración”, aseguró. 

No fue lo que opinaron los radicales, que salieron en masa a defender la continuidad por los 18 días que quedan de Rubinstein. Además de las declaraciones individuales hubo un comunicado de diputados firmado masivamente, que pedía no anular el Protocolo y sostener al secretario de Salud en su cargo. En la misma línea emitió un comunicado el Comité Nacional de la UCR. A eso se sumaron algunas diputadas macristas, como Silvia Lospenatto, quien luego de que se supo que la anulación seguía vigente, dijo: "Creo que revocar la resolución es la peor decisión. Si fue inconsulta, si no siguió los procedimientos internos hay que sancionar o repudiar el procedimiento pero no la norma que es excelente. La progresividad en los derechos es la regla, siempre". 

Macri pareció recurrir a una suerte de decisión salomónica ante los radicales: Rubinstein se queda, pero el protocolo se deroga. Con el pequeño detalle de la afectación para los derechos de los cuerpos gestantes, por la que el gobierno de Macri fue criticado por amplios sectores de la oposición, incluido el ex ministro de Salud Ginés González García, y por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Uno de los que suena como posible ministro de Salud, Pablo Yedlin, dijo que "lo del protocolo es una vergüenza más en materia de salud pública en este Gobierno".