La semana pasada hubo un evento que pasó prácticamente desapercibido en los medios. La titular del FMI habló con el presidente electo Alberto Fernández y aceptó que la inflación argentina no es un problema exclusivamente monetario. “Nos interesa la propuesta que ha hecho en torno de un pacto social para disminuir la inflación”.

Estas palabras de Kristalina Georgieva sorprenden. ¿El Fondo ahora tiene una lectura heterodoxa de la economía? ¿La inflación se explica por un problema de costos (salariales, cambiarios y de tarifas) en lugar de ser un problema de demanda (exceso de gasto público y emisión monetaria)? Las declaraciones de la funcionaria del FMI pueden ser políticas pero marcan un fuerte debate interno en el organismo.

Desde octubre del año pasado le insistió al Banco Central que era necesario avanzar en un programa de fuerte restricción monetaria. La propuesta llegó al extremo de anunciar un plan de emisión cero de la base monetaria y complementarlo con un recorte del presupuesto para intentar cerrar 2019 con cuentas públicas en equilibrio (cero déficit fiscal).

El Fondo se mostró incluso en contra de intervenir en el mercado cambiario con las reservas (para frenar nuevas rondas de devaluación), y elaboró un plan de bandas cambiarias que con el correr de los meses cambió dos veces, para finalmente terminar en controles extremos a la compra de divisas tanto para empresas como para particulares.

¿Qué sentido tenía cortar la emisión monetaria y avalar tasas de interés exorbitantes si el problema inflacionario es la inercia (principalmente la carrera entre los precios y salarios)? ¿De qué forma se explica la insistencia en ajustar el gasto público y avalar un esquema de tipo de cambio flotante (con volatilidad cambiaria) si el proceso inflacionario tiene centro de gravedad en variables distributivas como el dólar?

Las declaraciones de Georgieva pudieron haber pasado desapercibidas. Pero son una señal para la política económica del próximo Gobierno. Los economistas acuerdan en la necesidad de avanzar en una negociación rápida con los bonistas y el Fondo Monetario aunque discrepan en qué hacer con la cuentas públicas. Los conservadores dicen que la otra pata de negociar con los acreedores es prometer varios puntos de superávit fiscal.

Las cuentas del Tesoro no pueden estar persistentemente en desequilibrio pero forzar una situación de superávit para 2020 es casi una estrategia suicida. La economía argentina tiene elementos estructurales que escapan a las conclusiones de la teoría económica convencional. Pensar que con varios puntos de superávit fiscal se solucionan los problemas no parece oportuno. El antecedente de la emisión cero es una referencia: un año de esa política terminó con la inflación por encima del 50 por ciento (la más alta en décadas).

Los controles cambiarios (sumando en las reservas internacionales los dólares del intercambio comercial), las retenciones al complejo exportador (agro, hidrocarburos y minería) y las tasas de interés del mundo en niveles cercanos a cero son elementos suficientes para armar una política económica sustentable en el mediano plazo.

El ajuste del gasto en momentos de fuertes tensiones para sectores vulnerables de la población no es alternativa. El Estado tiene que tener cada vez más presencia en la economía para planificar la recuperación. Primero crecer y luego estabilizar es una consigna que no debería olvidarse entre los economistas.