Me escribe una compañera que tuvo que irse de Bolivia. Es perseguida junto a su compañero a quien, le dijeron, lo buscan para “liquidarlo”. Desde antes que Evo Morales fuera forzado a renunciar comenzó a circular una lista de nombres; su aplicación se aceleró una a partir de ese momento. Fue Arturo Murillo, ministro del gobierno de facto, quien se encargó de ponerlo negro sobre blanco: habló de “cazar” a tres dirigentes, luego de perseguir parlamentarios acusados de “sedición” y “subversión”. La ministra de comunicación Roxana Lizárraga señaló a “periodistas y pseudoperiodistas”, y el jueves el canal Telesur fue sacado de los televisores bolivianos.

La estrategia de descabezamiento y persecución es parte de la arquitectura del golpe de Estado que se mueve según una serie de pasos previstos. El primero, fue forzar la renuncia de Evo y Álvaro García Linera. El segundo, construir un gobierno de facto, materializado a partir de la autoproclamación de Jeanine Añez. El tercero, iniciado desde antes y profundizado en estos días, es el de la persecución de dirigentes, junto con el inicio de las represiones militarizadas. Esto último fue anunciado con el decreto para eximir de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y una partida adicional de cuatro mil ochocientos millones de dólares.

El cuarto paso es el que está en desarrollo sin haberse concretado aún, la convocatoria a elecciones generales, para lo cual se deben nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales. Este es el punto de mayor complejidad para quienes están al frente del golpe de Estado. El nombramiento de autoridades del TSE debe pasar por el poder legislativo, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene los dos tercios. El gobierno de facto y los poderes reales tras el golpe buscan forzar el acuerdo con el MAS para que acepten la convocatoria electoral según sus condiciones. Eso significa lograr que el MAS reconozca a Añez como presidenta, imponer las autoridades electorales, y, en simultáneo proscribir a Evo. Esto último ya comenzó con el “inicio del proceso de investigación” que anunció el Fiscal General Juan Lanchipa.

El quinto y último paso será la elección como tal. No existe aún acuerdo dentro del bloque golpista acerca de la fecha. Fernando Camacho afirmó que el plazo para la contienda es hasta el 19 de enero -el 20 culminaría el mandato de Evo- mientras que otras voces ya han planteado que no existen condiciones para lograr la elección en enero. Este punto es central en la estructura del golpe de Estado que desde el inicio se presentó como democrático y así fue respaldado por el presidente Donald Trump y su administración, por el secretario de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro y por la Unión Europea.

Pero la ficción democrática que encubre el golpe requiere la convocatoria a elecciones. Añez se presentó desde el primer momento como presidenta interina y la misma OEA, que niega que haya existido un “quebrantamiento institucional” -como sí pidió, por ejemplo, Uruguay que sea incorporado en la última resolución- urge al gobierno de facto y a los actores políticos que logren esa convocatoria. Lo que debaten los golpistas, sin acuerdo interno hasta el momento, es sobre los tiempos y condiciones para esas elecciones. Buscan garantizar la proscripción de Evo Morales, algunos sostienen realizar lo mismo con el MAS, y, a su vez, tener un TSE bajo control.

Mientras eso sucede, la persecución se profundiza, las represiones policiales y militares han asesinado a más de treinta personas, el dolor y la rabia crecen. Ante eso existen resistencias en las calles y en el poder legislativo que avanzan de conjunto, aunque no necesariamente de forma coordinada. El MAS, ya lo ha anunciado, trabaja para lograr la salida electoral en las condiciones menos desfavorables. ¿Podrá? Varios parlamentarios están bajo amenaza en un contexto de impunidad golpista absoluta que ha llegado, como se vio, a autoproclamar sin quorum y perseguir hasta a los muertos.