El ex jefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales  Julio César Castro fue condenado este miércoles por unanimidad a seis años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 en la causa que se le siguió por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por haber mediado un contexto de violencia de género. A pesar de la condena, Castro no permanecerá detenido hasta que la sentencia quede firme, dado que aún mantiene las instancias de apelación. 

Según se desprende de la Resolución 318/19 firmada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, por estar gozando de una licencia por razones psiquiátricas, el fiscal no fue suspendido en sus funciones. Esto implica que sigue cobrando su sueldo a pesar de los gravísimos hechos que se le imputan y que se dieron por probados y motivaron su condena. 

Para la fiscal que intervino en el debate, Luz Castany, existía una "profunda asimetría" entre la víctima y el victimario (en el caso de su ex novia), por ser ella una joven abogada que recién iniciaba su carrera profesional y él un reconocido fiscal, con 35 años de trayectoria, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales (ex Ufisex) y en plena carrera para convertirse en camarista.

Teniendo en cuenta ese contexto, como así también las pruebas y circunstancias de los hechos, la fiscal solicitó que se condene a Castro a seis años y seis meses de prisión, por considerar acreditada su responsabilidad en los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves, en perjuicio de su ex pareja, y en un contexto de violencia de género. "Castro gozaba de reconocimiento en el ámbito judicial, era una persona influyente, con contactos; o al menos esa era la impresión que quería causar en la víctima, quien lo admiraba y respetaba profundamente", sostuvo Castany durante su alegato en el juicio, iniciado en julio pasado.

Al fundar su pedido de condena, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió al TOCC 8 que también pondere los antecedentes de Castro, quien, además de esta denuncia penal, carga también con un sumario administrativo en su contra en el que se acumularon varias denuncias por acoso sexual y laboral. Además de los hechos de abuso sexual en perjuicio de su ex novia, el procurador Casal también analizó en su resolución las denuncias sobre acoso sexual que presentaron empleadas de Tribunales y la denuncia sobre una relación impropia con una menor de edad a través de Twitter, que provocó que su pliego para el nombramiento como juez federal fuera rechazado en el Senado.

En las investigaciones realizadas en el marco de ese sumario, tramitado en la Procuración, donde ahora fue iniciado un proceso disciplinario en su contra que puede derivar en una eventual destitución, la fiscal federal Laura Mazzaferri no sólo había considerado probados los hechos sino que señaló la existencia de "un patrón de conducta por parte del fiscal respecto de empleadas o funcionarias mujeres".

"A Castro se le atribuyen actos de acoso sexual y laboral y de maltrato en general, reiterados y sostenidos en el tiempo, que configuran un abuso de poder. Los actos de acoso sexual estuvieron dirigidos a distintas mujeres que se desempeñaron como dependientes en fiscalías que estuvieron a su cargo, como titular o subrogante, o que trabajaron en otras dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, próximas a aquéllas. También se lo acusa de haber llevado a cabo numerosos actos de maltrato laboral, expresados de múltiples formas, contra empleados y funcionarios que prestaron funciones bajo sus órdenes en diferentes circunstancias. Los comportamientos imputados fueron llevados a cabo por Castro en perjuicio de personas que trabajaban en dependencias distintas, contra agentes que en muchos casos no estaban al tanto de hechos similares que habían padecido o padecían otros. Además, fueron reiterados y duraderos, sucedieron durante muchos años y en diferentes contextos. Las similitudes de los relatos de esas víctimas, que no se conocían entre sí y que, en algunos casos, experimentaron sus padecimientos a solas con él, resulta demostrativo de la verosimilitud de sus testimonios", consta en la resolución de Casal. Pero Castro sigue gozando de licencia, sin ser siquiera suspendido de su cargo.