“Aquí funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Base de Infantería de Marina ‘Baterías’”, indica desde ayer un cartel en la séptima batería histórica de Punta Alta, en el sur bonaerense, donde fueron vistas por última vez personas secuestradas por marinos de Puerto Belgrano y sus subordinados de Prefectura durante la última dictadura. “Aquí transitamos el infierno y el horror” y “aquí escuché por última vez voces amadas y voces de compañeros queridos que no volví a ver”, resumió emocionada Patricia Gastaldi, sobreviviente y compañera de Horacio Russín, aún desaparecido. La señalización había sido ordenada en 2015 por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que por primera vez condenó a marinos y prefectos por delitos de lesa humanidad en esa zona y se concretó cuatro años después gracias al impulso del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA).

La Séptima Batería, cercana al balneario Punta Ancla, funcionó como centro clandestino al menos desde agosto de 1976, cuando la comandancia de la Fuerza de Tareas 2 pasó del jefe de Puerto Belgrano al de la Fuerza de Apoyo Anfibio, hasta septiembre de 1977. El ex comandante de los infantes de marina Eduardo Fracassi declaró que "fue habilitada por el comandante de Operaciones Navales" Luis María Mendía, el hombre que por las noches visitaba en su despacho a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia, actor fundamental en la acción psicológica para legitimar el genocidio que aún ignora en sus páginas.

“Esta construcción recuerda uno de los lugares más oscuros de la historia de nuestra patria” y con su señalización “sentimos que resurgimos con nuestros muertos para cantar a la vida como una cigarra”, abrió el acto Stella Maris Barraza, del MoVeJuPA, con el poema de María Elena Walsh. “Nuevamente y con la memoria más terca que nunca, volvemos a marcar, señalizar, visualizar los lugares por donde pasaron cientos de compañeros y compañeras desaparecidos y también aquellos que sobrevivieron”, afirmó Alejandra Santucho, de H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

Gastaldi explicó que “transmitir, construir y mantener la memoria nos va a llevar toda la vida” pero como sobreviviente lo considera “una obligación” porque “es una de las garantías del Nunca Más”. Recordó la inspección ocular durante el juicio de 2015 y “los indicadores” que confirmaron que “el lugar del horror” había sido la séptima batería y no las vecinas: el mangrullo, que otra sobreviviente incluyó en los años 80 en un plano que dibujó a pedido del fiscal Hugo Cañón; las piletas donde les hacían lavar ropa y platos; una “bajada muy abrupta” que los ex cautivos recordaban en el ingreso al centro clandestino, y la construcción de estilo inglés donde los “recibían”.

“Aquí se torturó, se asesinó y se vivió el horror de los horrores, en el límite entre la vida y la muerte”, destacó Gastaldi. “Pero también aquí escuché por última vez las voces amadas y las voces de compañeros queridos que no volví a ver, así que esto se ha resignificado como un lugar de vida, no sólo de muerte, porque si no caemos en la desesperación”, reflexionó, y agregó que “siempre sobre la muerte nace la vida”. Por último agradeció al MoVeJuPA, a “las compañeras de H.I.J.O.S.”, a los miembros de la Unidad Fiscal, a sus familiares presentes y a la abogada Mónica Fernández Avello.

Carlos Eraldo habló como hermano del desaparecido Norberto “Bocha” Eraldo, el primer cautivo conocido de Baterías, y como hijo de Eduardo Eraldo, sobreviviente que en 1997 declaró con certeza que había estado en “la séptima casamata”. “Estamos haciendo memoria y lamentablemente la justicia es lo que más está costando”, reflexionó en referencia a las seis absoluciones y a las penas bajas dictadas por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu en el segundo juicio a marinos y prefectos. "Tenemos que seguir peleando y traer a los antropólogos para que hagan la revisión de todos los sectores”, dijo en referencia al pedido de prospección de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia que ordenó el tribunal en 2015 y que aún no se concretó por la demora del Consejo de la Magistratura en enviar los fondos necesarios. “También tenemos que luchar para que este sitio sea cedido a los organismos de Punta Alta y Bahía Blanca con el presupuesto adecuado para convertirlo en un sitio de memoria”, concluyó.