La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, no innovó con sus últimas declaraciones: dijo lo mismo que ya señalaba el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional firmado por el gobierno de Mauricio Macri. En síntesis: que hay que continuar con el ajuste aun cuando dice compartir su enorme preocupación por los problemas sociales que atraviesa la Argentina. Es decir: no hay dos Fondos. El que ahora conduce Kristalina Georgieva es el mismo que antes lideraba Christine Lagarde. En ambos, hay una continuidad institucional a través de la política común de imposición del ajuste. No hay un FMI malo y otro bueno. No hay un nuevo organismo de crédito cuya preocupación por la situación social del país lo conduce a atenuar las políticas de ajuste. El Fondo celebra que el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre esté preocupado por la suba de la pobreza pero, a continuación, le recuerda que el país debe vivir dentro de los límites presupuestarios. Para que no quede ninguna duda: debe continuar con las mismas políticas implementadas por Macri. Esta es la posición del organismo internacional.

Inmediatamente, Alberto Fernández planteó una posición distinta. Dijo: “vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste. El cumplimiento de las obligaciones de la deuda y la continuación del ajuste son incompatibles. Cómo decía Néstor Kirchner: 'déjennos crecer porque los muertos no pagan las deudas'". Es decir: la Argentina quiere pagar pero para eso necesita tiempo para que su economía se fortalezca, para que el país comience a crecer, para que la actividad económica genere mayores ingresos fiscales que hagan posible cumplir con las obligaciones que heredará el próximo gobierno.

Por supuesto, no alcanza con la promocionada sensibilidad social del FMI. En la renegociación de los acuerdos con el gobierno de Mauricio Macri, el organismo de crédito lo autorizó a destinar un cuarto de punto del PBI para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero resulta que los intereses de la deuda durante este año serán del 2,5 por ciento del PBI, aproximadamente. Es decir: lo que el FMI autorizó para atender la emergencia social es un 10 por ciento de lo que se debería destinar al pago de intereses de la deuda. Es lo que siempre decimos: el problema es el modelo, no la intensidad o sus formas de aplicación.

Por eso, lo relevante de lo sucedido en los últimos días es que han quedado explicitadas dos posturas en la negociación de la deuda: la del FMI, que insiste con el modelo de ajuste ya aplicado con Macri y la del nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, que impulsa un proyecto de crecimiento con inclusión social.

La nueva directora del organismo de crédito ha dicho que “el gobierno debe ver la manera de vivir dentro de los límites presupuestarios que existen y para eso deben continuar trabajando en ver cuáles son los gastos que no son valiosos para el país.” ¿Qué quiere decir Kristalina Georgieva con estas declaraciones? Que el nuevo gobierno deberá moverse dentro de los límites presupuestarios que la gestión de Macri le deja como herencia. Pero si el nuevo gobierno aceptara desplegar su administración dentro de esos límites presupuestarios existentes, y por lo tanto, le diera continuidad al ajuste, todos sus planes económicos y sociales estarían restringidos por este corsé inicial impuesto por el FMI. Ante esto, el presidente electo ya tuvo reuniones con los representantes del Fondo cuando estuvieron en la Argentina. En esa oportunidad les dijo que él y sus equipos saben qué es lo que hay que hacer para que el país crezca y les pidió que dejen a los argentinos diseñar e implementar sus políticas, que ello generará condiciones para que el país cumpla posteriormente con sus obligaciones.

Resulta interesante, como referencia de un camino alternativo, la propuesta de Martin Guzmán, economista argentino y colaborador del premio Nobel Joseph Stiglitz, cuando plantea reestructurar la deuda Argentina acordando con tenedores de bonos privados, dejando de pagar los servicios de deuda durante los próximos dos años, extendiendo los plazos de vencimiento, re perfilando los intereses y dejando de recibir los desembolsos que quedan del préstamo del FMI.

El gobierno electo tiene el mandato de la legitimidad que le otorgó el voto mayoritario de la ciudadanía. Por lo cual, si pretenden que aplique las mismas políticas del gobierno anterior, lo que le están pidiendo a Alberto Fernández es que no cumpla con el mandato para el que fue elegido.

Lo que se ha iniciado es un escenario de negociación. De la firmeza y de la relación de fuerzas de las partes dependerá el resultado de la misma. La fortaleza de la Argentina deriva, entre otras cosas, de la convicción demostrada por Alberto Fernández y de la realidad: el país no puede bajo ninguna forma pagar como ellos quieren que se les pague. Porque incluso alguien como Macri no pudo hacerlo. Si el gobierno de Juntos por el Cambio tuvo que instaurar el control de cambios, hacer que los exportadores volvieran a liquidar las exportaciones dentro del plazo de treinta días, si tuvo que decir que la deuda así como está no se podía pagar y proponer su reperfilamiento, entre muchas otras cosas, es porque estuvo obligado a hacerlo. La realidad lo obligó. Por eso, el escenario de negociación parece ser la única opción que tienen por delante tanto acreedores como deudores.

El FMI dice: cambió el gobierno pero el ajuste tiene que seguir. La nueva gestión electa responde: vamos a pagar pero las políticas económicas las vamos a decidir nosotros. Las autoridades del Fondo agregan que quieren ver el plan completo del próximo gobierno antes de negociar. Es decir: no quieren resignar su rol de monitor de las políticas futuras. Ellos quieren gobernar y que los dirigentes que asumirán el 10 de diciembre sean administradores locales de sus políticas. Pero el gobierno electo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sabe, junto a buena parte del pueblo argentino, que ese camino no tiene futuro. La única opción es un camino alternativo. 

Presidente Partido Solidario