El presidente Macri reclamó ayer que se sepa qué pasó con Alberto Nisman y con la denuncia de Alberto Nisman por el Memorandum de Entendimiento. En verdad, no quiere que se sepa, quiere que la justicia condene a Cristina Fernández de Kirchner por el tratado con Irán y que condene a no se sabe quién por lo que él dice que fue un homicidio. 

Las mismas palabras en boca de otro presidente serían “una gravísima presión sobre la justicia”. 

Pero lo más asombroso es que Macri habla como si en los dos años transcurridos desde la denuncia de Nisman y su muerte, no hubiera pasado nada. Como si no hubiera habido pronunciamientos de la justicia. 

Respecto de la muerte de Nisman, la fiscal Viviana Fein no imputó a nadie porque, según dijo, “no hay una sola prueba de que se haya tratado de un homicidio”. Fein se basó sobre todo en las pericias. Los forenses señalaron que no hay evidencia pericial de homicidio, los criminalistas sostuvieron que nadie estaba en el baño en el momento del disparo y el estudio balístico hecho en Salta afirma que “de las muestras (de las manos de Nisman) analizadas, se hallaron partículas compatibles con disparo de arma de fuego”. Y transcurridos casi 26 meses ningún juez o tribunal pudo afirmar que al fiscal lo hayan matado. No lo hizo la jueza Palmaghini ni la Corte Suprema que envió el caso al fuero federal con el simple argumento de que se trató de la muerte de un fiscal. 

Nada de eso importa. Lo que expresó Macri ayer fue la presión política-mediática-judicial existente para que el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini conviertan la causa rápidamente en un homicidio en el que se acusará, sin nombres, a un inexistente comando iraní-venezolano-kirchnerista. En esta presión juega todas sus fichas la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman, alineada con el macrismo, como quedó claro en su concurrencia junto a Macri al debate con Daniel Scioli. 

Respecto de la denuncia por el Memorandum ocurre otro tanto. Macri habló como si no hubiera ocurrido nada durante estos dos años. 

La realidad es que el juez Daniel Rafecas dijo dos veces que no había ningún delito en el tratado y eso mismo fue ratificado dos veces por la Cámara Federal. Ni siquiera Casación sostuvo que existe delito, sino que afirmó que debía investigarse, algo que está en manos ahora del juez Ariel Lijo. 

El discurso de ayer fue pura presión. El mensaje es que tiene que haber condenas por firmar un tratado con Irán, en línea con la derecha norteamericana e israelí y con la dirigencia de AMIA y DAIA. No importa que el Memorandum nunca haya entrado en vigencia, que los supuestos beneficiarios –los iraníes– no lo quisieron y que fue un tratado que se votó en el Congreso. 

Es cierto que el Presidente hubiera ido demasiado lejos pidiendo la condena de los diputados y senadores que aprobaron el Memorandum en 2013. Incluso pudo haber pedido condena para los que votaron en contra. Es que en aquella oportunidad estuvieron los que dijeron que el tratado era bueno y los que dijeron que era malo, pero ninguno, ni uno solito, sostuvo que el Memorandum era un delito. Hasta podría entenderse que todos fueron cómplices. Macri no avanzó en ese terreno pese a que seguramente sabe que en una de las dos causas que se instruyen en Comodoro Py se pide la condena de los diputados y senadores por traición a la patria.

La presión de ayer, que es cotidiana, se orienta a escarmentar a los que se salieron de la horma en la geopolítica internacional. Pero también se buscan acusaciones, procesamientos y tapas de diarios para mitigar la caída en las encuestas producto, sobre todo, de los escándalos que están apareciendo y los aumentos de tarifas, la caída en las ventas, los despidos o las pérdidas en el salario real.