El golpe de estado en Bolivia no se ha estabilizado todavía, no sólo porque persiste la represión violenta en las calles contra los opositores, sino porque sigue sin resolverse la cuestión de fondo que enfrenta a los dos proyectos que conviven bajo el gobierno de facto de Jeanine Añez: ¿cuándo y en qué términos se deben convocar a elecciones para darle el mejor barniz institucional posible a la salvajada que culminó con el presidente Evo Morales exiliado en México?

La oposición boliviana tuvo serios problemas durante los 14 años que duró la etapa de Evo en el poder para articular un frente capaz de ganarle las elecciones al MAS de forma clara y contundente. Su primer triunfo se lo apuntó en 2.016 cuando logró vencer por la mínima el referéndum que Morales convocó para habilitar su cuarto mandato. Pero una cosa es ganar un referéndum y otra muy distinta es armar una coalición creíble capaz de alternar en el poder con el MAS luego de la presidencia más larga que haya tenido Bolivia desde su independencia.

Este límite opositor se expresó claramente en la candidatura de Samuel Doria Medina, un empresario cruceño que se enfrentó con pobres resultados a Evo en 2.014 y en la magra cosecha de votos del cochabambino Manfred Reyes Villa en 2.009. La candidatura de Carlos Mesa en 2.019 se encontró con los mismos dilemas: Mesa expresa un sector de la oposición con eje en las clases medias y acomodadas de la zona andina /La Paz/Oruro/Potosí/Cochabamba, pero no es bien visto en la sureste más rico (Santa Cruz/Tarija/Sucre), donde se lo percibe como un traidor por haber permitido a Morales llegar al poder a través de elecciones limpias en 2.005. Si logró cosechar más del 30 por ciento de los votos en las elecciones de octubre fue porque primó el voto opositor útil para tratar de forzar el balotage.

En los agitados días que siguieron a las elecciones, Mesa fue desplazado como figura central de la oposición por el ultracatólico Camacho, un empresario cruceño representante de un proyecto político mucho más radical, que busca clausurar para siempre la experiencia masista. Esta cuestión, que ha pasado desapercibida en la mayoría de los análisis del golpe, es central: la oposición no acepta el domingo del golpe la propuesta de Evo de reconocer la realización del balotage, porque el posible triunfo de Carlos Mesa no les garantiza la derrota total del MAS, que es su objetivo primordial.

Los sectores que tomaron el poder con Añez están mucho más cercanos a Camacho que a Mesa. Si logran la correlación de fuerzas necesaria, llamarán a elecciones sin el partido de Evo y el golpe entonces mostrará su faceta “Revolución Libertadora”.

El MAS ha leído perfectamente esta contradicción de sus enemigos y está respondiendo con la misma estrategia de pinzas con que fue volteado Evo. Por un lado demuestra su fuerza en las calles y fuerza al gobierno a mostrar su cara más feroz con la represión militar y por el otro habilita la discusión política a través del Congreso, que domina ampliamente, reconociendo a Yañez como presidenta a cambio de elecciones sin proscripciones y en breve tiempo, dando por sentado que el candidato no será Evo y que el proceso se puede llevar a cabo con el líder en México sin exigir un retorno por ahora inviable. Con este juego de presión/negociación pone la pelota en el tejado golpista y deja el golpe expuesto donde más le duele.

El dilema de Añez ahora es complejo. Si acepta la legitimidad institucional que el MAS le pone en bandeja en el parlamento, deberá aceptar también que sea ese parlamento, como dicta la Constitución, el que convoque a nuevas elecciones. Y en ese caso, el MAS se ha mostrado dispuesto a concurrir con “una fórmula joven”. El problema de esta salida, que le lava la cara a los golpistas, es qué hacer si el MAS vuelve a triunfar en elecciones que no podrán ser tachadas de fraudulentas ya que serán llevadas a cabo por el propio gobierno de facto. ¿Están dispuestos los camachistas a aceptar algo así? ¿Y los gobiernos de EEUU y Brasil que jugaron cartas importantes en el golpe?

Los halcones del golpe esgrimen que el MAS cometió fraude y que por lo tanto perdió su personería jurídica, lo que de convalidarse en la justicia, sería otro episodio de “lawfare” a la boliviana. La resolución de este dilema central definirá el modo en el que el golpe pasará a la historia. Y, algo mucho más importante todavía, definirá el futuro de Bolivia los próximos cinco años.