En la última audiencia antes de la declaración de Cristina Kirchner, Lázaro Báez se negó a hablar en esta instancia del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. El dueño de Austral Construcciones explicó que junto a los ingenieros de su empresa están estudiando el expediente y las pericias oficiales para poder dar una respuesta técnica a la acusación. Por su parte, José Raúl Santibáñez, ex director de Vialidad provincial, negó ser parte de una asociación ilícita al afirmar que desde el organismo provincial no se manejaban los fondos destinados a las obras, sino que el dinero era administrado por Nación.

En la jornada de este lunes, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini llamaron a indagatoria en primer término a Báez, quien fue trasladado desde el penal de Ezeiza, a donde está detenido sin condena desde hace 3 años y 7 meses. Tras su explosiva declaración de la semana pasada en el juicio por presunto lavado de dinero, en la que denunció aprietes y extorsiones para que involucrara a CFK en delitos de corrupción, en esta oportunidad el empresario se sentó en el banquillo para explicar que ejercerá su defensa en otro tramo del proceso, ya que –según dijo– junto a personal de su constructora está analizando la causa y el peritaje sobre dos de las 51 obras cuestionadas.

Luego, desde el atril de la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, el ex director de Vialidad en Santa Cruz durante la gobernación de Daniel Peralta negó haber formado parte de una asociación ilícita, y recordó las diferencias políticas de la administración de Peralta con Néstor y Cristina Kirchner. “Nunca dejé de ser peronista, pero en los últimos años me tocó estar más bien lejos del Frente para la Victoria”, se excusó. Y agregó que desde su repartición no se manejaban los fondos nacionales destinados a las obras viales. “Se habla de que manejé mal los fondos nacionales, pero desde Vialidad provincial yo nunca administré ningún fondo”, dijo. “En mis 25 años de la función pública, como funcionario y militante político nunca me tocó vivir una cosa semejante”, expresó Santibáñez respecto de la hipótesis de la existencia de una asociación ilícita presuntamente enquistada en el seno del gobierno.

Mientras tanto, toda la expectativa está puesta en la audiencia del próximo lunes 2 de diciembre, cuando a las 9.30 de la mañana declarará la vicepresidenta electa. Según confirmó el juez Giménez Uriburu durante la audiencia, ocho días antes de asumir Cristina Fernández será llamada a indagatoria por primera vez en el marco de un juicio oral. La senadora ya adelantó a través de sus abogados que va a declarar, por lo que Comodoro Py se prepara para ver alterada su rutina, como sucede cada vez que CFK pisa los tribunales de Retiro. En medio de un fuerte operativo de seguridad, el tribunal escuchará la defensa de la ex mandataria, que –al igual que ocurrió con el resto de los imputados– no será transmitida por el Centro de Información Judicial, por lo que su contenido sólo podrá seguirse desde la sala de audiencias.

En función de lo que ya planteó su defensa en varias oportunidades, se cree, entre otras cosas, que Cristina Kirchner afirmará que los estudios no demostraron sobreprecios ni direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz; hará hincapié en que no puede atribuirse una asociación ilícita a decisiones de gobierno; cuestionará el demorado peritaje oficial y las serias irregularidades cometidas durante la etapa de instrucción, así como también denunciará que hubo una persecución política y que nunca se peritó toda la obra pública como ella reclamaba, sino que se puso la lupa sólo sobre la provincia patagónica.

Su abogado, Carlos Beraldi, había pedido la suspensión del juicio al denunciar que “la buena administración de justicia” había “brillado por su ausencia”, pero el reclamo fue rechazado y el proceso siguió adelante. “Aquí aplicamos la ley. No criterios políticos. Para cuestiones políticas está la ciudadanía, que por suerte dentro de poco va a votar”, había disparado el defensor en el inicio del debate. En esa oportunidad se dirigió al tribunal en duros términos, al advertir que se imputa a la ex presidenta por designar funcionarios y partidas presupuestarias, lo que es “verdaderamente insólito”.