Desde Roma

El ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, acusado de abusos sexuales , regresa al país desde el Vaticano para asistir a la primera audiencia del juicio en su contra, que comienza el miércoles en Salta.

La decisión de Zanchetta de viajar a Argentina fue comunicada oficialmente por su defensor, el profesor español de Derecho Canónico Javier Belda Iniesta. El comunicado del abogado indicó que Zanchetta partiría el 25 de noviembre para estar el 26 en Salta y asistir el 27 a la primera audiencia del juicio.

El defensor aclaró, además, que la solicitud de arresto internacional, que se había difundido hace algunos días y que al parecer había sido transmitida a Interpol, podrá ser evaluada recién a partir del 28 de noviembre si Zanchetta no se presenta en el juicio. Lo mismo aseguró la jueza María Laura Toledo Zamora, presidenta de laSala II del Tribunal de Justicia de Orán, a cargo del caso. 

La solicitud de arresto internacional la había emitido la fiscalía de Salta, dirigida por la jueza María Soledad Filtrin Cuezzo. Belda Iniesta aseguró que “Zanchetta siempre ha colaborado con la justicia”, cosa que algunas fuentes judiciales relativizaron al dar a conocer que en varias oportunidades no respondió e-mails o llamadas telefónicas de la fiscalía salteña. El ex obispo “no se encuentra en un domicilio desconocido, no está refugiado en ningún lugar y no es fugitivo de la justicia sino que se encuentra en la residencia indicada a las autoridades judiciales”, aseguró su abogado en un comunicado. Zanchetta, añadió el texto, está “totalmente dispuesto a colaborar, como ha hecho hasta ahora, para poder hacer luz sobre los hechos que han motivado la causa” y “reitera la propia inocencia”.

Según el diario El Tribuno de Salta, de los seminaristas que sufrieron abusos por parte del religioso Zanchetta, “tres se animaron a denunciar y dejaron el seminario. Otros diez fueron manipulados a nivel psicológico para acallar los abusos que vieron”. Los abusos, que fueron denunciados ante la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires ,“habrían ocurrido en fiestas que él (el ex obispo) organizaba los viernes con seminaristas. Allí, además, les daba alcohol”, añadió el diario.

Los  abusos denunciados no son las únicas cosas poco claras del pasado de Zanchetta. Otros religiosos de la diócesis lo acusaron de malversación de fondos y abuso de poder, situaciones en las que habría incurrido, incluso, cuando era vicario episcopal de Asuntos Económicos de la diócesis de Quilmes y subsecretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal argentina.

El religioso renunció al obispado de Orán el 31 de julio de 2017. Según algunas fuentes, ese alejamiento habría sido por razones de salud; otras versiones argumentan que estaba advertido de la posibilidad de que se le iniciara un juicio por abusos sexuales. En diciembre de ese año, el papa Francisco lo designó consejero de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA). Fuentes del APSA aseguraron hace algunos días que Zanchetta "no trabaja más” allí porque “fue suspendido por un año". 

En enero el director interino de la oficina de prensa vaticana, Alessandro Gisotti, precisó que las denuncias contra Zanchetta fueron presentadas a fines de 2018 por seminaristas de la diócesis de Orán, con lo que dio a entender que el Vaticano no tenía información oficial de esos abusos antes de esa fecha. Sin embargo, versiones periodísticas advirtieron que la información sobre esos abusos había llegado al Vaticano en 2015. 

Gisotti aseveró que, mientras durara la investigación, Zanchetta se abstendría de trabajar en el Vaticano. Meses después trascendió la investigación que el Vaticano encargó internamente, una tarea que asignó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de procesar, entre otros, a los abusadores.

En una entrevista con la señal mexicana Televisa, el papa Francisco dijo que siguió el caso “de manera especial”. Zanchetta, dijo, tenía un “trato mandón” y el clero no se sentía bien tratado por él, por lo que hicieron una denuncia ante la Nunciatura (la embajada vaticana). Contó también que, en un primer momento, designó al arzobispo de Tucumán, Carlos Alberto Sánchez, para que investigara sobre todas las acusaciones. Al leer la información que le envió Sánchez, “vi que era necesario hacer un juicio” y, por eso, delegó el caso en la Congregación para la Doctrina de la Fe.