El fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad, Alfredo Villate,  informó ayer que dos militares retirados del área Inteligencia fueron procesados por su  participación en el Robo a los Tribunales de Rosario en 1984, el que se hicieron desaparecer expedientes del terrorismo de estado. La medida adoptada por el juez federal Nº 3 Carlos Vera Barros alcanzó a Héctor Fructuoso Funes, integrante del Estado Mayor del Comando del Cuerpo de Ejército II con sede en Rosario y al coronel (re) Luis Américo Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Sin embargo este último fue desligado del expediente por “incapacidad sobreviviente” medida que fue recurrida por el propio Villate.

Ambos  militares fueron procesados como coautores de robo calificado por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento agravado por el tipo de delitos precedentes.

Hace una semana, la Cámara Federal de Rosario confirmó que el robo a Tribunales debe considerarse un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

“Los hechos investigados son conexos a delitos de lesa humanidad, en tanto que habrían sido cometidos para garantizar la impunidad de los autores de violaciones sistemáticas y generalizadas a los Derechos Humanos durante la última dictadura“, sostuvo la Cámara.

El robo a los Tribunales provinciales de Rosario ocurrió el 8 de octubre de 1984 a la madrugada. Entonces, un grupo de personas redujo a los guardias del edificio y se llevó varios cuerpos de un expediente iniciado ese año para investigar posibles responsabilidades penales de personal de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario.

La información había sido secuestrada en allanamientos ordenados por el juzgado de instrucción 10ª de Rosario en domicilios de personal civil de inteligencia y, supuestamente, involucraba a otros miembros.

Según la resolución, Muñoz fue procesado por haber ejecutado dicha operación especial de inteligencia como Jefe del Destacamento Inteligencia 121 de Rosario, en cumplimiento de las órdenes recibidas a través de su cadena de mandos y con personal a su cargo.

En tanto, a Funes se le endilgó haber “preparado -personalmente o por intermedio de personal a su cargo- los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información y su transformación en la inteligencia necesaria para definir los ‘blancos’ a ejecutar”.

Sin embargo el fiscal Villate dijo ayer que un día después de firmar los procesamientos, el juez Vera Barros “suspendió el proceso en relación a Muñoz por padecer una supuesta incapacidad sobreviviente” sin darle intervención a la Unidad de Lesa Humanidad.

Según el fiscal, “la psiquiatra que dictaminó en favor de la exclusión de Muñoz del proceso, es quien había sido su médica personal y actualmente es la terapeuta de su esposa, lo que comprometía su objetividad y justificaba que se declarara nulo su dictamen”. Además, Villate reveló que durante un allanamiento realizado en la vivienda de Muñoz se secuestró un papel con instrucciones que, a criterio de la Fiscalía, “indudablemente refieren al modo en que debía comportarse Muñoz para simular una supuesta imposibilidad de comprender, y así manipular el resultado del peritaje".