La coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, Maria Eva Koutsovitis, explicó a Página/12 los perjuicios ambientales que se desprenden de los datos del relevamiento que realizaron junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad sobre la privatización de tierra públicas durante las tres administraciones del PRO en la Ciudad ("2008-2019). "Para nosotros es importante pensarlo en termino de 236 Plazas de Mayo que se privatizaron porque es una forma de que se visualice la información. En este sentido, el informe permite cuantificar este proceso", señaló la ingeniera civil, quien remarcó que "de las 473 hectáreas privatizadas, 150 corresponden a superficies verdes absorbentes".
Koutsovitis sostuvo que "uno de los ejes que abordamos en relación a las políticas urbanísticas son las políticas ambientales urbanas, y cuando observamos el modelo de ciudad que promueve el PRO, vemos que se caracteriza por la privatización de tierras, que es una brutal transferencia de recursos públicos a los sectores más concentrado del poder económico inmobiliario. Y esta transferencia tiene como correlato la profundización de la desigualdad urbana, que se refleja en la actual crisis ambiental, habitacional y económica".
La especialista señaló que es muy preocupante la privatización de las superficies absorbentes porque el Plan de Acción frente al Cambio Climático 2020 de la Ciudad establece como principales desafíos a enfrentar el aumento de eventos extremos como las olas de calor y las lluvias extraordinarias. Y las superficies absorbentes son clave a la hora de mitigar las consecuencias de estos sucesos.
"Mientras en el mundo se deja de vender tierra pública para poder utilizarla como espacios verdes, la Ciudad ha ido progresivamente desprendiéndose de sus superficies verdes absorbentes, y tenemos como ejemplos las pérdidas de superficies del Parque Roca, el Indoamericano, en el Parque Almirante Brown, entre muchos otros", detalló Koutsovitis, y agregó que "en este contexto una política ambiental adecuada debería impulsar la recuperación de espacios verdes y no la pérdida".
De acuerdo a las recomendaciones internacionales, la ciudad presenta indicadores críticos con relación al espacio verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como parámetro saludable entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante, mientras que el promedio de la Ciudad es de 6 metros cuadrados por habitante.
También la OMS fija un estándar para las grandes concentraciones urbanas de un árbol cada tres habitantes, cifra que está muy lejos de la realidad porteña de un árbol cada siete habitantes.
Sin embargo, de acuerdo a la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, estas cifras se vuelven alarmantes en los barrios populares. "El relevamiento ambiental que realizó la Cátedra en la villa 20 de Lugano, en la Comuna 8, indica que hay un árbol cada 80 habitantes y 0,1 metro cuadrado de espacio verde por habitante. Por eso este estudio nos permite cuantificar el modelo de ciudad y sus consecuencias", remarcó.
Para la ingeniera, el destino de las tierras privatizadas y el objetivo de la transferencia de recursos a los sectores económicos más poderosos "nos debería llamar la atención". "Este modelo ha puesto en venta, entre tantas otras, las tierra de la villa 31 y 31 bis, un barrio emblemático de la ciudad, a través de un modelo de extractivismo urbano que genera mayor desigualdad en la ciudad y que tiene consecuencias concretas: 400 mil personas que viven en barrio populares, el 90 por ciento de ellos sin poder acceder a servicios públicos como el agua potable y un 95 por ciento sin cloacas. En esos barrios los indicadores ambientales son críticos. Por eso, el aporte que podemos hacer con este informe tiene que ver visibilizar la dimensión urbana ambiental de un modelo que consolida la desigualdad urbana".