Desde Lima

 Gracias a un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional (TC), la dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori saldrá de la cárcel, donde desde hace trece meses cumplía prisión preventiva en el marco de un proceso por lavado de activos relacionado con el financiamiento ilegal de su campaña electoral por parte de la constructora brasileña Odebrecht. En una decisión dividida de cuatro votos a tres, el TC anuló la detención preventiva de la jefa del partido fujimorista Fuerza Popular, revirtiendo así lo decidido por tres instancias judiciales. Conocida la orden para liberar a Keiko se convocó por las redes sociales una manifestación en contra de esa decisión. Al momento del cierre de esta nota comenzaban a agruparse en el centro de Lima. En la cárcel, una aliviada Keiko esperaba que se cumplan los trámites burocráticos para su liberación.

Esta decisión del TC a favor de Keiko se da precisamente cuando su situación jurídica se complica con los testimonios de importantes empresarios peruanos -aquellos que forman parte de los principales grupos de poder económico- confesando ante la fiscalía que financiaron en forma oculta las campañas presidenciales de Keiko de 2011 y 2016, confirmando el patrón de dinero negro y lavado ya revelado en el caso Odebrecht, poniendo en evidencia las mentiras de Keiko, que siempre negó la existencia de esos aportes ocultos, y cuando un ex colaborador muy cercano a Keiko ha revelado que ella dirigió las operaciones para obstruir las investigaciones judiciales en su contra, razón para ponerla bajo prisión preventiva. La fiscalía ha advertido que la liberación de Keiko “pone en riesgo el proceso en su contra” por las acciones que la jefa del fujimorismo pudiera poner en marcha para frustrarlo. Se han denunciado amenazas a los testigos que han decidido hablar.

Como era de esperarse, la decisión del TC fue celebrada por un fujimorismo que la pasa mal luego de perder la mayoría parlamentaria que tenía con el cierre constitucional del Congreso en septiembre pasado y que se debate entre el descrédito y las divisiones. En septiembre pasado, la Corte Suprema había ratificado la prisión preventiva de Keiko, rebajando el tiempo de la misma de 36 a 18 meses, plazo que se cumplía en abril próximo. Pero la decisión del TC le ha permitido salir libre antes, a dos meses de las elecciones legislativas de enero de 2020, a las que el fujimorismo llega debilitado y dividido, y que ahora espera aprovechar a su favor la liberación de su jefa.

La hija del ex dictador Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción, está acusada de haber recibido un millón de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011, dinero que no fue declarado y que salió de la caja que la constructora brasileña usaba para pagar sobornos. Testimonios de directivos de Odebrecht y de ex colaboradores de Keiko confirman la entrega de ese dinero, algo que Keiko niega, pero que las evidencias confirman.

“Nunca recibimos aportes ocultos, Todo fue bancarizado, transparente”, ha repetido Keiko numerosas veces en su defensa. Pero la realidad de las evidencias y los testimonios la dejan mal parada. Recientes confesiones ante la fiscalía amplían el caso en su contra más allá de los aportes ilegales de Odebrecht y la comprometen seriamente. Hace unos días, el empresario Dionisio Romero, cabeza del mayor grupo económico del país, confesó ante la fiscalía que le entregó en forma oculta 3 millones 650 mil dólares a Keiko para su campaña presidencial de 2011 y otros 450 mil dólares para la de 2016. Dueño del mayor banco del país, el Banco de Crédito del Perú, Romero admitió que esas entregas no se bancarizaron, sino que fueron hechas en efectivo. Relató que entregó ese millonario monto por partes, en varias reuniones, y que lo hacía en maletines que Keiko recibía en persona.

Las confesiones del poderoso empresarios abrieron las puertas para que otros hablaran. Directivos de otros importantes grupos de poder comenzaron a desfilar por la fiscalía admitiendo aportes ocultos para las campañas presidenciales de Keiko. El ex procurador anticorrupción César Azabache ha señalado que debe investigarse si buena parte de esos millonarios aportes ocultos entregados a Keiko fueron a parar a las cuentas personales de la hija del ex dictador Alberto Fujimori en lugar de llegar a la campaña. Una sospecha que crece.

La prisión preventiva de la actual jefa del fujimorismo se había dictado luego que la fiscalía presentara sólidos argumentos sobre la entrega oculta del millón de dólares de Odebrecht, testimonios que la ponían a ella como cabeza del aparato montado para recibir ese dinero negro y para lavarlo, y evidencias que la situaban dirigiendo una serie de operaciones para obstruir las indagaciones judiciales, usando para ello el poder que le daba su entonces mayoría parlamentaria y sus nexos con jueces y fiscales. A pesar que lo últimos testimonios comprometen más a Keiko y refuerzan los argumentos por los cuales en su momento se dictó ´prisión preventiva, el TC decidió liberarla. Una decisión vista como un golpe a los procesos anticorrupción.

El presidente del TC, Ernesto Blume, conocido por sus simpatías fujimoristas, dijo que este fallo era “ajeno a presiones políticas”. Su alegato sonó poco convincente. Justificó la decisión señalando que la prisión preventiva afecta los derechos humanos de Keiko. Pero la decisión del TC no se refiere al fondo de la acusación y el proceso judicial en contra de Keiko continua. La fiscalía tiene evidencias sólidas para acusarla. Por los cargos de lavado, Keiko podría ser condenada hasta a 20 años de prisión. Hoy Keiko puede celebrar, pero el festejo podría no durarle mucho.