Figuras políticas y sindicales, actores, organismos de derechos humanos, legisladores, clubes de barrio y organizaciones sociales darán este viernes su respaldo a los trabajadores del Hotel Bauen frente a la orden de desalojo fijada para el próximo 2 de diciembre. Participarán de una cena solidaria convocada por el espacio cooperativo, como parte de las actividades resistencia ante las presiones para que dejen el hotel que reabrieron hace 17 años. La cena será seguida el lunes -día establecido como fecha límite para el desalojo- por una jornada cultural.
Los trabajadores adelantaron que no van a entregar el edificio. En la demanda iniciada por Mercoteles S.A. la jueza Paula Hualde dispuso que la empresa, a su vez, debe indemnizar a la cooperativa en 15 millones de pesos y emplear a 50 de sus integrantes. La resolución es rechazada por los trabajadores.
“Esos 15 millones no son ni la quinta parte de todo lo que invertimos en estos 17 años, si se toman en cuenta inversiones, fondo de comercio, revalorización de la marca Bauen porque el hotel estaba cerrado y la cooperativa lo reabrió. Si a nosotros nos sacan, al otro día les dejamos un hotel funcionando: el que llega al otro día tiene un hotel para seguir trabajando normalmente. Nosotros consideramos que todo eso tiene un valor y un número y no se ajusta ni por asomo a lo que resolvió la Cámara. Además, la Cámara les impuso además tomar a 50 de nosotros, un planteo que también rechazamos porque nos pone frente a la decisión odiosa de tener que elegir: el tema laboral se debería resolver para la totalidad del plantel”, señaló Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa.
Como salida al conflicto, en el Congreso fue presentado un nuevo proyecto de ley que declara de utilidad pública al hotel y ordena su expropiación, como el que el Congreso nacional convirtió en ley y fue vetado por el presidente Mauricio Macri en 2016. El proyecto fue ingresado por Agustín Rossi y deberá ser tratado este año para no perder estado parlamentario.
Entre los dirigentes gremiales que ya confirmaron su participación en la cena solidaria están el titular de la CTA Hugo Yasky, el dirigente de ATE Capital Daniel Catalano, Edgardo Llano (de los trabajadores aeronáuticos), Eduardo López (de los docentes porteños), Belén Sotelo (de los docentes universitarios). El colectivo de actrices argentinas reservó una mesa. También adelantaron su participación diputados nacionales y legisladores de la Ciudad de todos los bloques opositores. De los organismos de derechos humanos HIJOS, la APDH y la Liga Argentina por los Derechos Humanos también reservaron lugares. En la cena está previsto que actúe Gustavo Berger con su stand up Un rubio peronista y que cante Guillermo Fernández.
El hotel Bauen fue cerrado por sus antiguos dueños en diciembre de 2001. Había sido construido en 1978, con préstamos otorgados por la dictadura que nunca terminaron de ser pagados. El presidente de Bauen Sacic, la empresa que construyó el hotel, era Marcelo Iurcovich, que ya falleció.
La empresa que reclama la propiedad del edificio es Mercoteles, de Hugo Iurkovich, hijo de Marcelo. El inmueble no formó parte del activo de la quiebra del Bauen porque hubo un pase de manos justo antes de que se la declarara: fue vendido por la empresa que empleaba a sus trabajadores (en ese momento llamada Solari S.A) poco antes de la quiebra. El edificio cambió de dueño en junio de 2001 y hotel fue cerrado seis meses después, en diciembre. Los trabajadores denuncian que se trató de una venta simulada y que el edificio siempre estuvo en manos del mismo grupo económico de los es Hugo Iurcovich.
"Los créditos con los que el hotel fue construido, otorgados por el ex Banade, están aún sin cancelar, luego de 40 años. Estas hipotecas judicializadas y con sentencia favorable al Estado Nacional son la razón fundamental por la cual pensamos que el hotel debería pasar a manos del Estado. De esta forma se recuperaría un activo para el patrimonio público y se le otorgaría la gestión en comodato a nuestra cooperativa. Nunca quisimos la propiedad del hotel, solo la legalidad para poder gestionarlo. Estamos convencidos de que la propiedad le pertenece al Estado argentino”, señaló Tonarelli.
