Con tres meses de demora, el juez Ariel Lijo firmó, en el marco de la causa sobre el Correo Argentino, la orden para que se haga un estudio contable sobre la negociación entre el estado --conducido por Mauricio Macri-- y el Grupo Macri, también conducido por Mauricio Macri. Con la orden del magistrado se confirmó el adelantó de Página/12 de la semana pasada de que se iba a poner en marcha el análisis de un acuerdo que la fiscal Gabriela Boquín consideró ruinoso para las arcas estatales. Lijo tiene que decidir si procesa o no a los principales implicados, el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, el presidente del Correo, Jaime Cibils, y el tradicional apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher.
Lijo le encargó el estudio a la Dirección Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia. En virtud del resultado de ese análisis, el magistrado resolverá la situación procesal de los que, en verdad, estuvieron de los dos lados del mostrador en ese acuerdo.
La jugada es curiosa si se considera que hasta el propio presidente Macri dijo que había dar marcha atrás a lo que se estaba por firmar y que debía volverse a fojas cero. Es decir que reconoció que aquello era un negociado. Más preciso todavía fue el fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que el acuerdo, sobre una deuda que tiene un atraso de 18 años, fue "espuriamente concebido" con el objetivo de "beneficiar a la empresa".
Por un lado, nuevamente el Grupo Macri y los funcionarios macristas ganan tiempo. Por el otro lado, todo indica que el trabajo de la Dajudeco terminará cuando el gobierno de Macri ya se haya ido y, pese a las demoras, debería ser el momento de las definiciones.
