Cuesta caminar por la Avenida Prado, la principal del centro de La Paz. El tránsito de gente de a pie es intenso y en el primer día hábil desde que empezó el diálogo entre el gobierno de facto de Jeanine Áñez y la Asamblea Legislativa ocupada en sus dos tercios por el MAS -partido liderado por Evo Morales- volvieron a las veredas los puestos que atienden las cholas. Las flores armadas en ramos, los caramelos, los juguitos hechos al paso, las empanadas salteñas calientes; todo ha vuelto a su lugar. Hasta los hombres que ofrecen servicios de arquitectura, ingeniería o abogacía a viva voz o los que esperan frente a máquinas de escribir que alguien pague por su servicio de redacción y papelerío administrativo. Pero basta girar en la calle Lodayza hacia arriba -y arriba es literal- para toparse con las vallas que custodia la policía y algunos efectivos del Ejército. Tres filas de vallas, algunas atadas con cadenas y altas como dos hombres, otras sostenidas por uniformados, custodian diez cuadras a la redonda de Plaza Murillo, rodeada del Palacio Quemado -sede de gobierno-, el Palacio Legislativo y la Catedral.

Atravesar esa representación gráfica de lo que sucedió ayer en La Paz y en buena parte de Bolivia es arbitrario. A Silvia Fernández, docente de Trabajo Social Rural en la UMSA, la dejaron pasar por una pero no por otra. Un hombre mayor y muy bajito se coló con un grupo de periodistas porque ya se le había negado el paso dos veces. La credencial de esta cronista fue revisada como si tuviera algo más que unas pocas letras. “¿Tiene otra?” Y no, no tenía, pero el paso fue abierto igual. La normalidad que se festeja y se declara en las voces tanto de Áñez -que llegó pasadas las 10.30 a la casa de gobierno- como de otros funcionarios y funcionarias de gobierno, muestra sus fisuras en el centro y sus heridas en la periferia.

Por la mañana de ayer, en el territorio de Senkata, después de esa interminable y dolorosa audiencia con la CIDH, se firmó entre representantes del distrito 8 de la Federación de Jurisdicciones Vecinales (Fejuve) un acuerdo para indemnizar a las víctimas, para “coadyubar a la liberación de las personas detenidas” y para que se levante el bloqueo que persistía tenaz contra todo discurso de pacificación. “¡Senkata no pertenece a las Fejuve!”, había gritado el domingo Ilsen Calcina Mamani, imprentera, para explicar por qué el cabildo que había durado todo el día era independiente de lo que pasaba en otras regiones de El Alto.

Cochabamba también selló ayer su acuerdo de levantar bloqueos y pacificar la región. Igual que en Senkata, el acuerdo incluye la abrogación -derogación- del decreto 4078 firmado por Áñez para darle impunidad total a las fuerzas represivas. No queda claro de ningún modo cómo es que cualquier representante de gobierno, de la jerarquía que sea, pueda tener capacidad de asegurar la derogación de ese decreto que quien ocupa el sillón presidencial no ha dado de baja.

La “normalización”, de todos modos, avanza y también es un alivio, aun momentáneo. “Nos vamos a reabastecer y vamos a seguir”, dijo por teléfono doña Lucía Janza, una señora de pollera, como le gusta nombrarse, que cada mañana pasa el parte del día a la prensa internacional y termina siempre con la misma frase: “no nos abandonen”. La tensión se ha relajado, se siente en las calles de La Paz y en las inmediaciones de los edificios ministeriales donde por primera vez muchos y muchas, funcionarias o ex funcionarios, vuelven a saludarse y a preguntarse por la situación actual de cada quién. “Al menos para algunos, la persecución aflojó. Hasta hace una semana estábamos pensando en salir del país porque eso era lo que nos hacían sentir”, relató sin dar su nombre, “por las dudas”, un ex integrante del Ministerio de Comunicación.

Un Silencio que suena

La Plaza Murillo y sus inmediaciones, cuando ya no se ven las vallas porque quedaron detrás igual que los policías más fuertemente pertrechados, están más habitadas por palomas y cámaras que por transeúntes. Como bandadas, los y las periodistas corren juntes en la misma dirección. A veces corren porque uno corre y se encuentran con el hombre bajito que burló las vallas y quiere contar que su hijo y su nieto están detenidos por nada, que uno de ellos está herido y que no lo atienden pero sólo se quedan los menos. Una o dos radios que lo escuchan hasta el final.

Otras veces sí hay suerte y el amontonamiento se da porque entra Jeanine Áñez en el Palacio Quemado y vuelve a declarar tanto la paz como la acusación de sedición, terrorismo y narcotráfico contra Evo Morales. Detrás de las cámaras anunció también el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo Electoral, primer paso para el proceso de elecciones que se supone terminará el 22 de enero. Se trata de Salvador Romero Ballivián, quien ya ha estado en esas funciones en tiempos Gonzalo Sánchez Lozada, presidente que apenas sabía hablar español y fue derrocado con la guerra del gas en 2003. “¿Piensa alargar su mandato presidenta?”, le preguntó un periodista. “Eso lo decidirá el Tribunal Electoral”, dijo antes de entrar a la casa de gobierno.

Los seis vocales que faltan los nombrará la Asamblea Legislativa que no volvió a sesionar después de aprobada la ley electoral la semana pasada porque no hay acuerdo en torno a la ley de garantías a los ciudadanos y ciudadanas que impediría las detenciones arbitrarias, la persecución política y la derogación del famoso decreto que libra a las fuerzas armadas y de seguridad de cualquier responsabilidad penal o civil por lo actuado durante una represión. Con esa vigencia, la masacre de Senkata no encontrará responsables uniformados.

“Nosotros no queremos ver el campo político, queremos la paz”, dice Miguel Angel Tapia, Jhacha Umasuyu -autoridad indígena- que está vestido de gala junto a otros hombres, también autoridades de sus suyus. ¿Cuál sería la paz que busca, hay alguna condición? “No, queremos la paz, la hermandad que es un concepto nuestro. La política siempre fue igual”. Aquelino Yujra, a su lado, reclama que le den la palabra: “En estos días se nos echaron a perder frutos y productos, esto se ha rebalsado. Con Evo tuvimos otra dignidad pero había que estar agarrado de su poncho”, dice y se queja de las “roscas” que siguen pasando ahí dentro, donde señala, en la casa de gobierno. Una vez que habló en ese set que parece la plaza Murillo, ya se queda conforme.

Dentro del hemiciclo del senado, con unas cuantas mantas, su paquete de hojas de coca y agua, María Oporto, senadora de Chuquisaca, cumple el tercer día de huelga de hambre y dice que va a permanecer allí y sin comer hasta tanto la Asamblea vuelva a sesionar y se acabe la persecución. “Se llevaron a un compañero a la cárcel por tener mensajes en su celular. Al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquijo, le quemaron la casa y después lo juzgaron y encarcelaron porque se puso a salvo los primeros días y dicen que abandonó sus tareas. Hay 11 compañeros con carteles de búsqueda, acusados de sedición y terrorismo. El decreto 4078 se tiene que derogar en esta cámara, por ley”, dice la senadora de 41 segura de que su tarea es poner el cuerpo y feliz porque sus compañeras de Chuquisaca la acompañan y la cuidan. “Además queremos la inviolabilidad de las altas autoridades de gobierno, y eso implica a todos y a todas, no queremos impunidad, queremos que se respete su investidura y en todo caso haya juicios. A Gerardo García, vicepresidente del MAS lo encarcelaron sin ninguna razón ni prueba aparente de sedición”; insiste y pone el acento en el punto que traba la ley de garantías.

La senadora en huelga de hambre tiene cariño pero su voz sólo se escucha en radios alternativas. En el hall principal del palacio Legislativo el embajador de la Unión Europea en Bolivia opina sobre lo bien que avanza el proceso de transparencia del Tribunal Supremo Electoral y su voz es autorizada por las cámaras de televisión. “Es que lo que más se siente en este momento en que todas las cosas importantes se están negociando a puertas cerradas es un silencio que suena”, dice otro funcionario sin nombre. Detrás de él, hay un altar con una cruz dorada y dos velas prendidas, sobre ellas, en papel impreso, los nombres de las personas fallecidas con la sigla Q.E.P.D. Son muchos menos de los 34 que se cuentan en las listas de los organismos de Derechos Humanos.

Al fondo a la derecha

Silvia es bailarina y se fue de viaje el día siguiente a las elecciones de octubre. Cuando volvió apenas entendía las imágenes que veía. Vive en la zona sur de La Paz, la parte más adinerada, esa que cuando se terminó el tendido de teleféricos que cruza y conecta toda la ciudad se vio invadida por vecines de El Alto que por primera vez podían llegar de manera fácil y sin tardar horas a conocer un mall o shopping. “Por supuesto extendieron sus aguayos y comieron en el piso como suelen hacer -recuerda Silvia-, estaban de paseo. Fue un escándalo para quienes creían que ese lugar les pertenecía. Al fin de semana siguiente, artistas y gestores/as culturales nos reunimos en el mall a comer en el piso. Esa fue nuestra respuesta”. Las imágenes que relata Silvia tienen que ver con un levantamiento que cortaba calles con banderas bolivianas, que denunciaban elecciones arregladas. “Pero participaban las vecinas, niños en triciclos, adolescentes; como si estuvieran recuperando su lugar en el barrio y también en el país. No podría decir como todo esto viró a la derecha más machota, religiosa, impresentable. O tal vez sí, por el racismo. Porque cuando la población de El Alto bajó, como suelen hacer, sabiendo que asustan y por eso blanden palos y gritan guerra civil para después darse la vuelta y seguir, acá se asustaron o nos asustamos de verdad. Ese es el racismo. Los indios asustan y los blancos creen que las cosas les pertenecen”.

Esa descripción tan visceral que da Silvia es también el silencio que suena. Aunque hay voces que no se callan, como la de Silvia Apaz, en esta nota, anunciando que no van a dejar de luchar. O la de Andrónico Rodríguez que cumple con su papel en la estrategia del MAS de negociar y a la vez no cejar en su poder de movilización. “Estamos también en un cuarto intermedio en las movilizaciones porque seguimos queriendo la renuncia de Áñez y que vuelva Evo Morales Ayma”, dijo hoy en su Cochabamba natal.

El silencio que suena, suena también porque el golpe no termina de naturalizarse aun con la insistencia en las tandas publicitarias de todos los programas de televisión en el deseo de paz. Al menos ya no pueden usar la versión última de la canción de Víctor Jara, la Fundación que lleva su nombre se lo prohibió expresamente al gobierno de facto de Bolivia.