Desde Rio de Janeiro.

A principios de noviembre, funcionarios de la FUNAI – la Fundación Nacional del Indio –, encargada de la política de protección a los indígenas brasileños, divulgó una carta abierta alertando sobre los riesgos de parálisis en el servicio de los llamados "indios aislados", o sea, los que tienen escaso o casi nulo contacto con los vecinos y también los que optaron por aislarse del mundo exterior y volver a su región de origen.

En ese documento denunciaban la "falta crónica de recursos humanos" para cumplir con su misión, además de cortes abruptos o retenciones prolongadas en el presupuesto.

Al mismo tiempo, alertaban sobre la escalada de violencia e invasiones principalmente (pero no solo) en regiones bajo protección ambiental e indigenista. La FUNAI mantiene, o mantenía, 19 bases de protección en áreas de muy difícil acceso, pero amenazadas por invasores de tierra, en especial madereros, mineros y cazadores ilegales.

A los pocos días la Justicia del estado de Amazonas determinó que la Unión actuara de inmediato, propiciando respaldo operacional a los funcionarios de la FUNAI a través del envío de fuerzas armadas.

La determinación no tuvo ningún resultado, y el jueves 21 los funcionarios de la FUNAI abandonaron a los indios aislados del área conocida como Tierra Indígena del Valle del Javari, en el extremo oeste del estado de Amazonas. El último funcionario salió al amanecer de aquel día, luego de una serie de ataques con disparos contra la base, que era la principal de la región, una de las más preservadas y remotas de Brasil.

Desde diciembre del año pasado, en vísperas de la ceremonia de asunción del entonces presidente electo Jair Bolsonaro, los ataques tanto a reservas indígenas como a la floresta amazónica se multiplicaron. Las acciones de mineros ilegales contaminan ríos y arroyos, los madereros tumban árboles de manera noble, la caza ilegal a animales silvestres se expandió. Ya en su campaña electoral el ultraderechista Bolsonaro se dedicó a criticar reiteradamente lo que clasificó de ‘industria de la multa’, con relación a penalidades aplicadas a extracción ilegal de madera, bien como a lo que considera "un exceso" las áreas dedicadas a reservas indígenas.

Una vez asumida la presidencia, su gobierno recortó de forma aguda el presupuesto destinado tanto a la FUNAI como a las instituciones dedicadas a fiscalizar y proteger el medioambiente.

Antropólogos y funcionarios de la FUNAI advierten que los indios considerados "aislados" son extremamente vulnerables, inclusive contra enfermedades transmitidas por invasores y contra las cuales no tienen ningún tipo de anticuerpos. Sus tierras son ricas en minerales y madera.

El pasado julio asumió la presidencia de la FUNAI, Marcelo Xavier da Silva, comisario de la Policía Federal. Ingresó en la institución en 2008, cuando prestó su segundo examen (en el primero fue rechazado en la evaluación psicológica, por ser considerado "con excesivas tendencias a adoptar actitudes agresivas"). Cuenta con el respaldo de la llamada "bancada ruralista" en el Congreso, formada por diputados y senadores que actúan siempre en defensa de los intereses de grandes productores agrícolas.

Ese núcleo de integrantes del Congreso tiene como uno de sus blancos de acción presionar por cambios en la legislación ambiental y de protección a los indígenas.

Xavier da Silva es un ardoroso defensor de la explotación minera en reservas indígenas. El presidente Bolsonaro, por su vez, anunció que el gobierno estudia proponer cambios en la actual legislación para permitir que se exporte madera nativa de toda la región amazónica. El próximo proyecto irá referirse precisamente a la explotación minera.

Este año el número de incendios criminales en la selva amazónica, bien como la acción de invasores, se multiplicó.

Para Ane Alencar, directora del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, por su sigla en portugués), al cuestionar datos oficiales y denunciar una supuesta ‘industria de la multa’ el gobierno ultraderechista no hace más que incentivar las acciones criminales en la región. Antropólogos, por su vez, lanzan seguidos alarmas indicando el creciente riesgo que amenaza no solo tribus aisladas, pero todo el medioambiente que supuestamente estaría bajo protección legal.