"César Arakaki y Daniel Ruiz, dos militantes que se manifestaron el 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, son llevados a juicio mientras los países latinoamericanos se movilizan contra los planes del FMI y los gobiernos que no satisfacen a las masas, en ese marco aquí en Argentina son puestos en el banquillo de los acusados, para criminalizarlos contra una movilización que tuvo a miles como protagonistas y en la figura de ellos pretenden crear un aleccionamiento."

Claudia Ferrero, abogada de Arakaki, pone así en contexto el juicio oral y público que comenzó esta semana en los tribunales federales de Retiro contra cinco de los manifestantes que aquella jornada participaron del repudio masivo a la reforma jubilatoria que impulsaba el gobierno macrista, que comenzó con represión cerca del Congreso y afectó incluso a legisladores, siguió con una lluvia de piedras durante varias horas contra las fuerzas policiales y la posterior cacería de los uniformados que dejó graves heridos y varias personas que perdieron un ojo.

El proceso se presume que durará varios meses. Hay 120 testigos que declararán ante el Tribunal Unipersonal Federal Oral 3 a partir del lunes próximo, luego de que el 25 fueran leídas las elevaciones a juicio y la querella del policía Brian Escobar recusara a los magistrados.

Daniel Ruiz, militante del PSTU, estuvo trece meses preso en la cárcel de Marcos Paz, y está acusado de intimidación pública y resistencia a la autoridad: le adjudican "haber disparado con un arma de fuego de fabricación casera". En diálogo con PáginaI12, su abogado Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), explicó que ya poseen el peritaje que indica que disparó un elemento pirotécnico. En el caso de Arakaki, que milita en el PO, a esos delitos le sumaron "lesiones en agresión" en perjuicio del policía Escobar, en base a un video en el que se lo ve junto a Dimas Ponce, militante del PO, y a Mariano Stansiola, de la UOM La Matanza, confrontando con los uniformados. 

En la primera audiencia, uno de los abogados de Escobar, que tuvo fractura de cráneo presuntamente por un piedrazo, planteó la nulidad del juicio con el argumento de la ausencia de Ponce y Stansiola, a quienes el juez federal Javier Feliciano Ríos les concedió la probation y no están entre los acusados. El fiscal federal Juan García Elorrio se opuso a esta intención, al igual que Alderete, porque se trata de un único proceso y anularlo implicaría una dilación en la situación procesal de su defendido, Ruiz, quien ya pasó más de un año encarcelado. El quinto imputado es Sebastián Romero, que también milita en el PSTU, a quien los medios bautizaron como "el gordo del mortero", pero tampoco está presente dado que permanece prófugo. 

Alderete anticipó que pedirá la nulidad de la acusación contra Ruiz de la fiscal María Alejandra Mángano, porque considera que le imputan conductas que no realizó, tales como tirar vallas, haber golpeado policías y dañado la Plaza de los Dos Congresos. "Vamos por la absolución, fueron miles de manifestantes y eligieron a dos o tres militantes, en función del relato de algunos medios para sentar en el banquillo, en un juicio apurado que pretende inocular ante futuras movilizaciones", opinó Ferrero.