El gobierno Nacional, a través del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, respondió con un escrito, luego de 22 días, la dura carta de la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas (ONU) que le pidió al Estado argentino explicaciones por posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial. Lejos de ofrecer una explicación o defenderse ante la grave denuncia, Avruj, en nombre del Gobierno, intentó desestimar el pedido de la ONU al descalificar por parcial al relator del organismo internacional, Diego García Sayán. En diálogo con Página/12, Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS) -el organismo que presentó la denuncia en octubre de 2018- y José Schulman, Secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos -uno de los organismos que adhirieron a la denuncia- opinaron sobre la respuesta del Gobierno Nacional.
Este miércoles, Avruj escribió en su cuenta de Twitter: “Presenté en Ginebra la nota formal del Estado Argentino ante las Naciones Unidas, que pone de manifiesto nuestra preocupación por el accionar del Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados”, y luego agregó que “señalamos lo inusual de la dureza en el contenido de su pedido de informes a nuestro país, su escasa amplitud en recabar información, la extemporalidad de la presentación y el incumplimiento al principio de confidencialidad”. Por último el secretario de DDHH subrayó que “este accionar, que configura un claro cuadro de excesos en las atribuciones asumidas por parte del Relator, formaron parte de la nota que entregué personalmente ante las oficinas del Presidente del Consejo de DDHH y de la Alta Comisionada para los DDHH del prestigioso organismo”.
Emanuel Desojo indicó que “lo primero que llama la atención es que es un despropósito que no se haya presentado la respuesta vía mail por Cancillería -cómo debe ser- y que en cambio haya viajado el Secretario de DDHH con una comitiva a presentarlo personalmente a Ginebra”. Por otra parte, el presidente del organismo que realizó la denuncia el año pasado, desmintió la afirmación que hicieron desde el gobierno en el informe en el que denunciaron de "oportunismo político" haciendo referencia a las críticas del relator, quien hizo su planteo sobre la situación de la Justicia en Argentina en junio pasado "y recién ahora" los hace públicos. “No hay ningún tipo de oportunismo político y lejos de eso, se trata de la ONU, un organismo internacional de gran importancia, y de una figura como la del Dr. García Sayán que tiene una trayectoria intachable”. “No se fijan si hacen el pedido antes o después de las elecciones --agregó Desojo-- y de hecho si hubieran querido realmente influir en el resultado electoral, como señalan y acusan desde el gobierno, hubiesen dado el traslado antes de las elecciones y no después”. Finalmente, el presidente de AJUS, denunció que “si hay un oportunista es Avruj que intenta es desentenderse de dar una respuesta clara ante las cosas que le preguntan y en lugar de eso ataca al organismo”.
Por su parte, José Schulman expresó que la de Avruj fue “una respuesta casi grotesca porque vuelve a reiterar la conducta represora de descalificar al denunciante y no discutir la denuncia”. “Avruj no dio ningún argumento y brindó una respuesta claramente insuficiente y de poco valor probatorio en la discusión ante las Naciones Unidas, de quien recibió el pedido de explicaciones”.
La denuncia fue realizada en octubre de 2018 por la AJUS y a la cuál adhirieron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres LF, Hijos, La Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, La Comisión americana de Juristas, la APDH, entre otras organizaciones de DDHH de gran trayectoria. No hubo firmas de ningún abogado particular. Eso también desmiente lo que dijeron desde el gobierno acerca de que la acusación parece "orientada a la estrategia defensiva en los casos particulares de corrupción que tramitan ante el Poder Judicial". “Eso es una falacia ya que no firmó ningún abogado particular ni ningún defensor de ningún imputado, solamente firmaron organizaciones de la sociedad civil”, aclaró Desojo. Por último en la respuesta escrita que presentó el Gobierno expresaron que las afirmaciones del relator son “ajenas a cualquier verificación empírica”, sin embargo Desojo puntualizó que “la denuncia tiene 500 páginas y está respaldada por jueces que han validado la presentación que consta de declaraciones, videos y testimonios textuales de los propios funcionarios públicos. Por eso es tan contundente”.
Informe: Melisa Molina.