El apetitoso mercado de las telecomunicaciones metió la cola en la transición gubernamental. A 12 días de la asunción del nuevo gobierno, Cambiemos intenta realizar una maniobra viciada de legitimidad en organismos claves que regulan al sector, que no puede más que levantar sospechas. Con el apuro que nunca tuvo para presentar el proyecto de “Ley de la Convergencia”, tantas veces prometido y postergado, el gobierno de Mauricio Macri buscará hoy designar a nuevos directores en Radio y Televisión Argentina S. E. (RTA), en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y en la Defensoría del Público. Lo hace a contrarreloj y antes de que las minorías parlamentarias se modifiquen, en función de los resultados de las elecciones del 27 de octubre. Especialistas en política comunicacional y representantes del Frente de Todos en esos organismos denunciaron y rechazaron una visible maniobra que no respeta el procedimiento legal para las designaciones y que compromete la transparencia e institucionalidad de los organismos de control en el clave sector de las telecomunicaciones.

Como el moño que le pone cierre a la errática, permeable y regresiva política comunicacional impuesta a puro decreto por el gobierno de Macri, que comenzó con el DNU 267 publicado el 29 de diciembre de 2015, que desguazó el corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), la gestión saliente busca seguir metiendo mano en los organismos claves que regulan el mercado de las telecomunicaciones. De un día para otro, el presidente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, el senador de Cambiemos por Santa Cruz, Eduardo Costa, convocó a una reunión de urgencia a dicho apéndice parlamentario para hoy a las 11 de la mañana. La Comisión Bicameral está integrada por ocho senadores y ocho diputados de la primera, segunda y tercera minorías parlamentarias.

El temario anunciado para la reunión propone la designación del titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el inicio del procedimiento de propuestas al Ejecutivo Nacional de los tres candidatos para el Directorio de RTA correspondientes a la primera, segunda y tercera minorías parlamentarias. Y por último el inicio de procedimiento de propuestas de los tres candidatos al directorio del Enacom correspondientes a la primera, segunda y tercera minorías parlamentarias.

Las designaciones que el oficialismo busca aprobar antes de marcharse son de una relevancia institucional enorme, ya que en todos los casos se trata de organismos que regularán el futuro del mapa mediático argentino, tanto en los medios públicos como en los privados-comerciales. El apuro de parte de Cambiemos parece estar sujeto a dejar en RTA, Enacom y en la Defensoría del Público a directores que garanticen una mayoría propia. Algo que se contrapone con la conformación del nuevo Congreso, con sus nuevas minorías.

Más allá de la maniobra, a todas luces sospechosa, hay otros puntos que cuestionan la legalidad de las designaciones. Uno elocuente es el referido a los directores de RTA. La LSCA, que aunque limitada por decreto aún permanece vigente, señala que los mandatos de los siete miembros del directorio van descalzados dos años de los mandatos presidenciales. Por lo tanto, la Bicameral podrá proponer a los tres directores que le confiere la ley, pero legalmente recién podrán asumir en diciembre de 2021.

La designación del titular de la Defensoría del Público no se queda atrás. Conforme a la LSCA y sus modificatorias posteriores, el titular de la Defensoría debe ser designado por resolución conjunta de ambas cámaras. Pero antes se debe publicar el nombre y los antecedentes curriculares de los aspirantes y garantizar los mecanismos para que se puedan expresar adhesioes o rechazos. Ninguno de los pasos del procedimiento que estipula la norma para la designación del titular de la Defensoría se cumplió hasta el momento. Ni siquiera hay nombres propuestos para ese cargo. Si acaso en la reunión de hoy se propusiera un candidato, los 15 días hábiles de plazo para completar la institucionalidad de la designación superaría holgadamente el 10 de diciembre. 

A la decisión de proponer a los tres candidatos al directorio del Enacom, realizada por una Bicameral cuya conformación finaliza en 12 días, le vale la misma sospecha de legitimidad. Con un detalle que sintetiza la gubernamentalidad con que Cambiemos planificó su política de regulación en el sector de las comunicaciones: en el decreto 267/15 que creó el Enacom (que absorbió las competencias de la AFSCA y la AFTIC, las cuales fueron disueltas), el artículo 5 estipula que los directores del órgano que regula a las telecomunicaciones en el país “podrán ser removidos por el PEN en forma directa y sin expresión de causa”. Un poder que le confiere al presidente de turno una discrecionalidad tal que puede remover directores y a los representantes de la minoría.

Todas estas desprolijidades llevaron a que la representación de la minoría rechazaran la convocatoria dispuesta para hoy. El diputado Pablo Carro (FpV) y secretario de la Bicameral explicitó su absoluto rechazo a la reunión. “También en políticas de comunicación, Cambiemos pretende resolver en tiempo de descuento, forzando decisiones que no resisten legitimidad ni procedimientos, vía la Comisión Bicameral Audiovisual y TIC”, denunció el legislador cordobés, que ve en esta decisión del gobierno de Macri otro paso más en el nombramiento de funcionarios políticos de su cercanía, a días del fin de su mandato. El diputado, además, expresó la posición de su bloque: “No avalamos la convocatoria ni el temario apresurado para cualquier decisión que comprometa la diversidad y el pluralismo en las comunicaciones. Vamos a recuperar la institucionalidad, el pleno y transparente funcionamiento del Enacom y la Defensoría del Público”, aseguró.