La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia autorizó la caza de iguanas coloradas para consumo humano y para la venta de cueros. La medida se pondrá en cumplimiento a partir del 30 de abril de 2020.
La resolución N° 820 fue firmada el 11 de noviembre, pero recién fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia el lunes, tan solo tres días después de la muerte por desnutrición de un niño wichí. “Autorizar la comercialización de la iguana colorada (…) en los departamentos Anta, San Martín, Rivadavia y Orán, proveniente de la caza para consumo humano”, establece el artículo primero.
Se establece además un “cupo máximo de 40.000” cueros de iguana, los que “no deberán tener menos de treinta centímetros medidos transversalmente". Estos cueros, dice la resolución, “se distribuirán entre los acopiadores inscriptos y se ampararán con guías de origen". La medida del cuero tiene que ver con la intención de proteger a los individuos más jóvenes, dado que desalienta su caza al no poder venderse su cuero.
El jefe de Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Gustavo Dada, dijo a Radio Nacional Salta que la práctica de caza y consumo de la iguana “es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo”. Efectivamente la provincia adhirió en el año 2000 al proyecto nacional Tupinambis (el nombre científico de la iguana), que tiene como objetivo la regulación de la actividad económica y cultural y, preservar la existencia de la iguana colorada.
Desde el 2000, la provincia otorga permisos particulares para caza y comercialización de cueros, a requerimiento de comunidades originarias y criollas. Pero, a partir de la resolución N° 820, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, impulsó la regulación de la actividad y será la entidad encargada de registrar y autorizar la venta de hasta 40 mil cueros en toda Salta.
Dada sostuvo que este año se le pone “un marco de aplicación regulatorio para que se aproveche de manera sustentable" y no se realicen prácticas que quiten la posibilidad de conservación de la especie.
Para el funcionario, la actividad también responde a una práctica ancestral por parte de las comunidades. “Son costumbres habituales y ancestrales en las comunidades originarias”, afirmó.
Consideró que el marco regulatorio que le da la provincia “es una posibilidad” para las comunidades originarias y criollas. Dijo que se puede hace “hacer un aprovechamiento íntegro” de la iguana, tanto para la comercialización del cuero como para “el consumo de carne” y “el uso medicinal”, respondiendo a prácticas de las mismas comunidades, dado que la grasa de iguana tiene propiedades curativas y es un efectivo antídoto para el veneno de víboras y arañas.
“Una vergüenza por parte del Estado”
El docente de la Universidad Nacional de Salta, Martín Herrán calificó la decisión del ejecutivo como “una vergüenza por parte del Estado”. Herrán trabaja la temática ambiental en la provincia desde 1988 y dijo que la gente vive de la iguana ante la falta de otros recursos.
“Ante la crisis económica, a la cual le sumamos la crisis ambiental, el Estado, en vez de evitar las muertes por hambre, avala y subsidia la caza de iguanas”, afirmó. Herrán dijo que es “indignante" que el Estado priorice el agronegocio por sobre la situación de las poblaciones de las comunidades. “Se derrama pobreza y muerte”, enfatizó.
Para el docente, “hay varios intereses económicos ante las situaciones de miseria”. Consideró que la provincia tiene mucha riqueza “pero concentrada”. Especificó que el departamento de Anta es uno de los grandes productores de soja y que siendo así, con “la producción de soja se debiera cubrir lo que falta”.
“¿Cómo puede ser que uno de los departamentos más ricos tenga que decir a la gente recurra a la caza de iguana?”, cuestionó Herrán. “No puedo dejar de separar lo económico de lo ambiental”, subrayó. Para Herrán, la decisión resulta “ofensiva para la gente humilde”.
También cuestionó la inexistencia de estudios técnicos actualizados de la población de la iguana colorada y overa en la provincia. “El Estado está diciendo que se cacen 40 mil, pero no hay un estado actual después de una década”, afirmó.
