“Que nadie se equivoque: aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando, a lo largo y a lo ancho del país y al costado de las rutas, en cada ciudad y en cada pueblo. Estamos conectados y alertas para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva”. Spot del Grupo Campo + Ciudad difundido a través de las redes sociales.

El macrismo deja un déficit financiero cercano al 5 por ciento del PIB. Mientras tanto, los funcionarios actuales continúan actuando como comentaristas de la realidad. Por caso, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, advirtió que el Fondo Monetario Internacional reclamará “prudencia fiscal” al próximo gobierno.

El compromiso, asumido por el macrismo, fue alcanzar un superávit primario del 1 por ciento del PIB en 2020. El único camino imaginado por la ortodoxia es el recorte del gasto. Sin embargo, la receta del ajuste constituye un vector de ingobernabilidad política-social.

El presidente electo Alberto Fernández sostiene que la reducción del déficit fiscal vendrá de la mano del crecimiento económico. En el corto plazo, el Estado debe recomponer sus ingresos para achicar esa brecha. El 29 de agosto, Alberto Fernández se reunió con los representantes de la Mesa de Enlace. Los trascendidos indican que adelantó la necesidad de retocar los derechos de exportación.

Los sucesivos cambios operados en ese esquema aconsejan realizar un breve repaso para entender lo que está en juego. En diciembre de 2015, Mauricio Macri eliminó los derechos de exportación para determinados productos (trigo, maíz, sorgo, carne y pesca) y redujo cinco puntos (del 35 al 30 por ciento) sobre la soja.

A partir de enero de 2018, las retenciones sojeras gozaron de una rebaja gradual adicional de 0,5 por ciento mensual. Como se sabe, el estallido del modelo económico desembocó en el salvataje del FMI quien recomendó frenar la disminución de esa alícuota para preservar los ingresos fiscales. En ese momento, Nicolás Dujovne reconoció que “todas las opciones están sobre la mesa”. Por el contrario, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, descartó esa posibilidad.

El 3 de julio, Macri laudo a favor de Echevehere pero reconsideró esa decisión apenas dos meses después.

La alícuota se fijó en el 18 por ciento más una retención adicional de cuatro pesos por dólar. Eso implicaba (a la cotización de aquel momento: 39 pesos) una tasa efectiva del 28,5 por ciento. El propósito del nuevo gobierno sería subir la alícuota en reemplazo de la suma fija que se licua ante cada salto devaluatorio.

En el último reportaje concedido a Página/12, Alberto Fernández sostuvo que "Me encantaría no cobrar retenciones, pero le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal. Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía, pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos".

Las entidades ruralistas manifestaron sus reparos, pero la amenaza más fuerte provino de los autodenominados “Guardianes de la República”. Ese colectivo de productores rurales ya concretó su “Primer Encuentro Federal Campo más Ciudad” en la ciudad de Córdoba.

Los “Guardianes” se proclamaron en “alerta” para responder a “cualquier medida autoritaria y abusiva del próximo gobierno”. Una de sus caras visibles es Sebastián Quiroga, vicepresidente de la Coalición Cívica-ARI del Departamento de San Javier (Córdoba). Otra de sus voceras es la titular de la filial de FAA en Crespo (Entre Rios) Mariela Gallinger. En los últimos días, Gallinger declaró "los Fernández vinieron por todo pero se encontraron con la república, y ahí estamos los defensores de la república. El daño que hemos pasado en la 'década ganada' no lo vamos a permitir. Tenemos muchísimas estrategias. Es un campo de pie, organizado; es un campo formado y que la tiene clara". 

El tono amenazante de los discursos suena muy poco republicano.

[email protected]

 

@diegorubinzal