En Tucumán la Inquisición se encarna en la fiscal Penal de Instrucción Especializada en Homicidios, Adriana Giannoni. Una vez más, esta fiscal antiderechos inició una investigación de oficio contra el equipo médico que actuó en un aborto legal que se hizo a principios de noviembre en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, de la capital provincial. La interrupción de embarazo se llevó adelante a pedido de una niña de 13 años, que fue abusada sexualmente. La fiscalía que investiga el abuso sexual la derivó a la Maternidad. “Claramente es una persecución penal contra los profesionales que intervinieron”, señaló a Página/12 la abogada Soledad Deza, de Mujeres por Mujeres, quien presentó el jueves por la mañana un pedido de archivo y cierre de la causa penal. La presentación fue respaldada por organizaciones de mujeres y derechos humanos como el CELS, Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la APDH. “La interrupción legal de un embarazo, producto de una violación o por riesgo materno, es un derecho en este país. En todo el país. Perseguir a quienes dan cumplimiento a este derecho es una aberración jurídica intolerable”, tuiteó el diputado nacional justicialista por Tucumán Pablo Yedlín sobre el caso.

“Repudiamos el avance indebido del Ministerio Público en crear causas penales contra el accionar legal de efectores de la salud. Este tipo de acciones funcionan como un dispositivo de poder que busca amedrentar a quienes cumplen su trabajo de garantizar el acceso a la salud integral de niñas, adolescentes y mujeres en situación de aborto”, indicaron en un comunicado de prensa las ONG. Las organizaciones también exhortaron al Ministro Fiscal y a la Corte Suprema de Justicia de la Tucumán a “condenar esta persecución penal de los agentes públicos que garantizan los abortos permitidos por la ley, para así afianzar una política pública central para la autonomía de las personas gestantes y así poder cerrar un capítulo de violaciones de derechos que en Tucumán escribe las peores páginas de la historia de las mujeres que abortan con violencia, tortura, cárcel y muerte”.

¿Qué hace una fiscal de Homicidios investigando un aborto legal? No es la primera vez que Giannoni actúa de oficio para abrir investigaciones en casos de abortos legales, para amedrentar a quienes garantizan esas prácticas no punibles desde 1921, de acuerdo al Código Penal. Lo hizo contra los médicos José Gijena y Cecilia Ousset, que actuaron en la interrupción legal de embarazo de la niña Lucía, un caso que generó conmoción a comienzos de año, por los obstáculos arbitrarios que tuvo que enfrentar en el Hospital del Este, de Tucumán, la pequeña de 11 años, que había sido violada por la pareja de su abuela y reclamaba que “me saquen lo que el viejo me puso adentro”. Finalmente, en agosto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal apartó a Giannoni --y al juez penal Facundo Maggio-- que entendían en la causa contra Gijena y Ousset al considerar que existe un real “temor fundado de parcialidad”. Giannoni interpuso un recurso de casación en la corte tucumana para que revise esa decisión. Pero fue rechazado por cuestiones de forma. De todas formas, la investigación contra los médicos sigue abierta.

Mientras Lucía pedía un aborto legal, Giannoni mandó un oficio para amedrentar a los médicos del Hospital Eva Perón para obstaculizar la ILE, sin estar vinculada al caso de ninguna manera, ya que la investigación por el ataque sexual avanzaba en otra fiscalía. Por esa irregular intervención, la diputada nacional tucumana Teresita Villavicencio presentó en su momento una denuncia en su contra por los delitos de coacción y abuso de autoridad. Esa causa está en la Fiscalía de Delitos Complejos de la 2ª Nominación. Pero no avanza.

Giannoni no es la única que quiere amedrentar médicos que cumplen con las ILE. El 22 abril de 2013 el apoderado del PRO en Tucumán --y ex candidato a concejal--, Arturo Forenza (h), presentó una denuncia contra profesionales de la salud que días antes habían realizado un aborto no punible también en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, a una niña de 11 años que había sido violada por su papá. “El aborto le pertenece a la víctima, no a la moral estatal”, señaló en ese momento, para rechazar denuncia, la fiscal de Instrucción en lo Penal de la 6ª Nominación de la capital provincial, Adriana Reynoso Cuello, en su resolución.

Al asumir su nuevo mandato, días atrás, el gobernador Juan Manzur nombró al frente del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) a Luis Medina Ruiz, que fue director del Hospital Avellaneda cuando criminalizaron a “Belén”, la joven que sufrió un aborto espontáneo y terminó presa por 29 meses, con una condena a 8 años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía y que luego fue finalmente, en 2017, absuelta por la corte provincial, con el patrocinio jurídico de la abogada Deza, y el acompañamiento del movimiento de mujeres. Medina es un conocido objetor de conciencia. Siempre defendió el accionar de los médicos que torturaron a Belén. E incluso, encabezó un abrazo frente al hospital para defenderlos.