Desde La Paz 

Aunque el timbre que llama a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sonó y sonó a lo largo de más de una hora y media y parecía que no se iba a completar el quorum para terminar de darle forma definitiva al proceso de elecciones extraordinarias, la deliberación se produjo y no tomó más de tres horas llegar al acuerdo. Aunque no hubo declaraciones en ese sentido, evidentemente la larga reunión de bancada del MAS IPSP acordó de manera unificada ir paso a paso y sacar el reglamento para después fijar la fecha en que se trate la ley de garantías para que se investiguen los crímenes cometidos en el marco de la represión -del Terrorismo de Estado- después de la autoproclamación como presidenta de Jeanine Áñez.

El 18 de diciembre, entonces, terminará el plazo para elegir los seis vocales que faltan para completar el Tribunal Supremo Electoral -el presidente, Salvador Romero, ya fue elegido por Áñez- entre “personas probas y sin militancia partidaria en los últimos diez años”. Y a partir de entonces habrá 48 horas de plazo para que el TSE presente el calendario electoral.

La plaza Murillo, el corazón del poder político boliviano, volvió a poblarse desde temprano, y a cercarse a la vez de vallas policiales y personal pertrechado con armas y tubos de gases lacrimógenos visibles. Quienes ocupaban la plaza y hacían conferencias de prensa al aire libre no tuvieron mayores problemas en atravesar controles: eran grupos de choque que se adjudican la protección de la Plaza desde principios de noviembre y la autoridad para denunciar “los crímenes de lesa humanidad de las hordas masistas”, según dijeron ante los micrófonos que les pusieron delante. “Si se atreves a votar la ley de impunidad vamos a volver a la calle, vamos a volver a bloquear”, dijo Juan Carlos Gimenez, uno de los voceros del grupo que se hacer llamar “Resistencia km 0” y que juran que duermen en las inmediaciones en “vigilia permanente”, amparados por el gobierno departamental de La Paz. Ahí estaba presente Magalí Valencia, administrativa del gobierno para dar fe de eso.

Dentro del recinto el trámite pasó sin problemas aunque en la puerta de la legislatura se inquirió a los diputades y senadores ahora oficialistas sobre el aumento en las jubilaciones y sueldos de personal uniformado. ¿Se trata de una recompensa por lo actuado en la represión? “Eso es un pensamiento revanchista -dijo Lourdes Millares, de UD-. Hoy Bolivia vive en democracia gracias a la policía y al Ejército”.

La devolución de favores no consta sólo en mejoras salariales, también en el reconocimiento oficial del rol del Ejercito en “mantener la paz interior” que les otorgó la autoproclamada presidenta Áñez en una visita a la sede principal de las fuerzas armadas donde desfiló frente a las tropas y recibió ella también una medalla al mérito.

Las condiciones para la pacificación que pusieron los movimientos y organizaciones sociales que integran el MAS IPSP siguen vigentes. Quedan 4 días para que las autoridades del partido llamen a un “ampliado nacional” en el que se terminen de coordinar estrategias comunes y avanzar en los dos sentidos: el fin de la persecución política, justicia para las víctimas y fin de la impunidad de las fuerzas represivas por un lado y avanzar en la elección de quienes podrían ser candidatos en las próximas elecciones. Es probable que el cuarto intermedio para las movilizaciones espere esa reunión. No hay finales en esta historia, sólo puntos suspensivos para un pueblo que no quiere coser sus heridas con olvido.