La Legislatura porteña aprobó una ley para regular los alquileres temporarios en la Ciudad. La norma, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2020, establece que los alojamientos deberán estar inscriptos en un registro oficial, tener seguro de responsabilidad civil y sus propietarios tendrán que presentar una declaración jurada en la que conste el cumplimiento de las disposiciones de seguridad. Como beneficio, las unidades registradas podrán ser incluidas en un programa de difusión promovido por el Gobierno porteño. La decisión fue cuestionada por la oposición y distintas organizaciones civiles porque,  argumentaron, favorecerá a las plataformas digitales e impulsará el cambio de uso de las viviendas, de residenciales a turísticas, desprotegiendo a los inquilinos y agravando la crisis habitacional.

La ley, presentada por el legislador oficialista Gonzalo Straface, cosechó 41 votos de los bloques de Vamos Juntos y sus aliados, y 17 rechazos. El argumento esgrimido por los autores del proyecto fue que, dado que el turismo internacional viene creciendo en forma ininterrumpida hace tres años en el país, se "requiere de un modelo de gestión autosustentable, que garantice la disposición y uso de los recursos necesarios para ejecutar acciones estratégicas, a efectos de potenciar no solo el turismo sino también las herramientas necesarias que lo ayudan a consumarse positivamente".

Para ello, la ley crea el Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos de la Ciudad, inscripción que será gratuito y en forma digital. De acuerdo a la nueva norma, quedarán comprendidos todos los alojamientos que, en su totalidad o en parte (una habitación), estén destinados al alquiler habitacional por un período mínimo de una noche y de hasta tres meses.

En el artículo 4, la ley dispone que una propiedad horizontal con un único dueño, que se encuentra bajo la misma administración o se ofrece bajo una misma marca, si destina más del 75 por ciento de las unidades funcionales al alquiler temporario no será objeto de esta ley sino que deberán contar con la habilitación, registro y categorización que corresponde según la Ley N 4631 de Regulación de Alojamientos Turísticos. Algunas de las críticas apuntaron contra este artículo en particular, porque pone un techo muy alto que favorecerá a las grandes empresas dedicadas a servicios inmobiliarios, como Airbnb.

Entre las obligaciones de quienes exploten o comercialicen los alojamientos, denominados anfitriones, estará la de notificar "al consorcio de copropietarios" que la unidad será destinada al alquiler turístico temporario. Actividad  que "no debe estar prohibida por reglamento de copropiedad". También deberá "registrar información de cada huésped alojado, así́ como el periodo de alojamiento. La información "debe ser conservada por el plazo que la Autoridad de Aplicación determine". 

Además, los anfitriones tendrán que "informar al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cese de su ofrecimiento como propiedad de Alquiler Temporario Turístico en los plazos y términos que establezca la reglamentación", y "presentar una declaración jurada en la que conste el cumplimiento de las disposiciones de seguridad de los inmuebles". "Exhibir en lugar visible de la entrada o de la recepción de la unidad una copia del Certificado de inscripción en el Registro", y "contratar seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros".

También tendrán la obligación de informar al huésped los servicios ofrecidos, las políticas de reserva y cancelación, y de  entregarle un inventario del equipamiento y mobiliario, en el caso en que reciba un depósito en carácter de garantía.

Para el referente de inquilinos agrupados Gervasio Muñoz "es una ley por pedido de Airbnb. Mientras las grandes ciudades limitan el uso de esta plataforma, (Horacio Rodríguez) Larreta le da vía libre para desembarcar en la ciudad. Se construirán edificios solo para alquiler turístico y subirán los precios de alquiler de vivienda familiar. El daño en materia urbana que lleva adelante Larreta es irreparable".

En tanto la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde sostuvo que se "agravará la crisis habitacional en la que se encuentra sumida la Ciudad: el aumento de los alquileres, la caída en el consumo y el retiro de propiedades del mercado de alquileres permanentes sólo aumentan el déficit habitacional. El proyecto equipara la situación de aquellos que alquilan sus propiedades a través de plataformas de alquiler turístico, desde grandes inversores hasta quienes alquilan su propia vivienda de forma esporádica".

En el mismo sentido, opinó Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del área Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ). "Que se regulen los alquileres turísticos era una demanda porque identificamos que hay una relación muy fuerte entre alquileres con destino habitacional y turísticos. Pero esta ley simplemente capta las bondades del mercado turístico y desconoce esa relación y fomenta, indirectamente, el cambio de uso de las vivienda que se ofrecen como vivienda residencial a turística, desprotegiendo a los inquilinos", dijo a Página/12. Y agregó: "Esta ley no establece ni canon ni contribución por el ejercicio de una actividad muy lucrativa, que incrementa los alquileres de vivienda tradicional".

En un comunicado conjunto con Acij, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios y Acción para la Igualdad, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro de Estudios Metropolitanos, el Observatorio de Economía Urbana CEPA, Hábitat para la Humanidad Argentina La Boca Resiste y Propone, criticaron la ley porque desconoce el impacto que tienen las plataformas de Internet en el mercado de locaciones urbanas. Para Fassina, "nos quedamos con una ley que blanquea una situación de hecho pero que no protege a los residentes de la Ciudad".