El gobernador Juan Manuel Urtubey decretó el miércoles último el acceso a las titularizaciones de nivel inicial y primario para toda la provincia. Así se dio cumplimiento a uno de los ítems que peleaban los Docentes Autoconvocados y los diferentes gremios. El trámite puede realizarse hasta el 14 de febrero.
Sin embargo, los conflictos se iniciaron por los requisitos que se piden en los llamados a titularizaciones. “La docencia está bastante molesta de lo que han hecho con los requisitos”, dijo el delegado de los Docentes Autoconvocados por el departamento de Capital, Ignacio Boasso.
Manifestó que para que los docentes pasen de interinos a titulares, “están pidiendo que se hagan todos los papeles de vuelta”. En este sentido, expresó su malestar al indicar que todo docente presenta sus expedientes ni bien ingresa a ocupar cargos dentro de la educación pública.
"El Estado tiene todos tus datos, toda la información y está pidiendo que uno vuelva a presentar esa documentación”, insistió Boasso. Agregó que entre toda la documentación requerida, también se tiene que presentar la certificación de aptitud física.
Maltrato institucional
Para el delegado, la solicitud del apto físico conlleva dos problemas. El primero, refiere a que los estudios los cubre el propio empleado, cuando “en general lo paga el empleador”. En este punto, dijo que “la salud pública tiene los tiempos tan largos y la gente se vuelca a la salud privada”. Según el docente, se está abonando entre $2500 y $7000 por el estudio de aptitud física.
El segundo problema es que existe un solo auditor que debe firmar los papeles de todos los docentes que se presenten a los llamados. “El auditor es una sola persona que atiende como mucho a 70 personas en el día”, indicó Boasso. El auditor designado es Álvaro Bueno y tiene sus oficinas en las calles Santiago del Estero y Luis Burela.
Desde el miércoles a las 17 los docentes decidieron hacer fila en las puertas de la oficina del auditor para acceder a un turno. “La docencia estableció un mecanismo solidario haciendo turnos por relevo y terminaron cubriendo el vacío administrativo”, añadió.
El delegado calificó esta situación como de “tremenda violencia y maltrato institucional”. Relató que los docentes van desde las 22 y duermen en las puertas de la oficina. “Al ver que los tiempos pueden llegar a ser insuficientes, la gente se dispone a hacer vela y ser atendidas por el auditor”, explicó.
Teniendo en cuenta que la presentación de papeles es hasta el 14 de febrero, el delegado consideró que el plazo es menor a la demanda de los docentes.
También señaló que “en once semanas solo se puede auditar unas 3.500 carpetas y el total de los docentes de la provincia es de 33 mil. Aún con ese número es difícil estimar la cantidad de docentes que están en condiciones de titularizar”.
“Tendríamos un problema con el tiempo. El plazo es corto y eso produjo que la docencia se vuelque masivamente a la oficina del auditor”, relató.
No era lo que se pedía
Docentes Autoconvocados manifestó que lo decretado por la provincia no responde al pedido que se hizo durante 2019. “Lo que se pedía era un régimen de titularizaciones porque en Salta no tenemos y están supeditadas al humor político del gobierno de turno”, afirmó Boasso.
Esto implica “una modificación al estatuto docente en donde vos trabajás un año y accedés a planta, eso sucede en la mayoría de las provincias”, aclaró el delegado.
Uno de los requisitos para estos llamados es que los docentes tengan tres años de antigüedad como interinos.
“Lo que ofreció el Gobierno es un paquete de titularizaciones porque es una resolución administrativa. Es coyuntural. No genera un precedente válido para hacer reclamos a futuro”, aseveró el delegado. “Él régimen que habíamos solicitado, no se alcanzó”, manifestó.
Preocupación
Boasso indicó que actualmente “la gente está en una situación de disconformidad”. Tras un año lucha de los Autoconvocados, consideró que “no se alcanzó todo lo que se debía dar”.
Uno de los aspectos es la actualización de los salarios de acuerdo a la inflación. En el decreto 1046 que firmó el 26 de julio el gobernador Urtubey se establece “para los haberes del mes de julio de 2019 un incremento salarial del 7,5% (...), y para los meses subsiguientes del año en curso un incremento salarial equivalente al porcentaje de inflación que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC); garantizándose como un piso mínimo el 38% (...) de incremento salarial acordado para el corriente año, si la inflación fuera menor”.
En este sentido, la actualización de acuerdo a los índices del INDEC solo se haría hasta diciembre de 2019. “Al margen de que la cláusula gatillo se retrasa de acuerdo a los índices de la inflación, el no tenerla sería un desastre”, especificó el docente.
Además, trasladó la preocupación a dos ítems que marcan el salario de la docencia, el Incentivo Docente y el Fondo Compensador. Este último estaba siendo costeado por la provincia, desde que la Nación decidió dejar de pagarlo.
“Los docentes iban por un paquete de titularizaciones, cláusula gatillo, por tener el Fondo y el Incentivo y, parece que ninguna se va a sostener en el tiempo”, concluyó el delegado.
