El intendente Gustavo Sáenz vetó la ordenanza que impide la circulación y estacionamiento de vehículos de transporte de pasajeros de alto porte, en el microcentro de la ciudad. 

Así lo establece el decreto 1058, que ingresó al Concejo Deliberante este miércoles.

El proyecto había sido aprobado por el cuerpo de concejales el pasado 4 de septiembre, pero permaneció “cajoneado” en el edificio legislativo hasta que finalizó la campaña electoral. 

Entre los ediles consultados, existía la fuerte sospecha que la orden de “dormir” la ordenanza, provino del Ejecutivo.

Es que inmediatamente después de ser aprobada, la Cámara de Turismo de Salta a través de su presidente, Carlos Eckhartd, exhortó al intendente a que la vetara.

Entre los considerandos del decreto, precisamente se reconocen los “numerosos pedidos” de los sectores involucrados, que “han solicitado al Departamento Ejecutivo el veto del proyecto, entendiendo que afecta sus intereses de manera grave”.

Sáenz, naturalmente, no quería cargar con el costo político de tal medida, en medio de la campaña de cara a las PASO provinciales. Casi tres meses después y, ya como gobernador electo, emitió el decreto (con fecha 22 de noviembre) amparándose en la Carta Orgánica Municipal y citando el artículo 35 inciso b), donde efectivamente figura la facultad del Ejecutivo de vetar ordenanzas.

Empero, en el inciso también se fija “el plazo de diez días hábiles desde la sanción por el Concejo Deliberante”, para llevar a cabo tal acción. 

Es decir, el propio intendente estaría violando este artículo de la Carta Orgánica, ya que el límite era el 19 de septiembre y no el 22 de noviembre, fecha que lleva el decreto en su encabezado.

Al pie del veto, además de la firma de Sáenz, también lleva la rúbrica del jefe de Gabinete, Luis María García Salado; y la de los secretarios General, Juan Carlos Villamayor; de Gobierno, Ricardo Villada; y de Turismo, Alejandro Cha Usandivaras.

Crónica de un veto anunciado

El problema de la circulación y estacionamiento de ómnibus de gran porte en el casco histórico de la ciudad es de larga data. 

En 2019, sin embargo, el tema cobró relevancia, a partir de la finalización de los trabajos del Plan de Reordenamiento del área centro, el cual incluyó obras de drenaje pluvial, calles de convivencia y el controvertido “Corredor de la fe”.

Por tal motivo se prestó especial atención a los hechos viales protagonizados por estos vehículos que, si bien siempre sucedieron, se produjeron con mayor frecuencia a partir de la nueva configuración del centro salteño. 

Cortes, embotellamientos, emanación de gases, daños en viviendas y comercios, ruidos en horas de descanso y roturas de calles y veredas, fueron los principales problemas ocasionados por estos micros durante los últimos meses.

El 20 de mayo del corriente año, las secretarías de Gobierno y Turismo municipal emitieron la resolución 063/19, mediante la cual se disponía que los ómnibus de gran porte podrían entrar a la zona céntrica de la ciudad por un lapso de 40 minutos, “al momento del ingreso de pasajeros y equipajes, y al finalizar su estadía”.

Además, las unidades deberían completar un “Permiso de Circulación por el microcentro” y la Subsecretaría de Tránsito, definir dársenas de estacionamiento y vías de circulación.

Respondiendo a lo solicitado, el 3 de junio, mediante la resolución 032/19, el subsecretario Sauma estableció tres accesos a la ciudad (oeste, norte y sur) y fijó trece dársenas para los ómnibus de turismo.

No obstante, estas iniciativas no eran ninguna novedad. La ordenanza 14.190 del año 2011, vigente en junio (y hoy nuevamente efectiva, luego de ser vetado el proyecto que intentó derogarla), también determinaba un cuadrante con restricciones horarias, que nunca fue respetado por las empresas de transporte, ni aplicado con rigor por parte del Municipio.

Lo mismo ocurrió con las resoluciones de este año y entonces la situación se fue poniendo cada vez más tensa, con declaraciones cruzadas entre los concejales y los representantes de la Cámara de Turismo.

Así llegaron a la sesión del Concejo Deliberante del 4 de septiembre, en la cual se sancionó la ordenanza que luego sería vetada por el intendente. 

Una vez más, el Ejecutivo tomó partido por el sector empresarial, “consensuando con el concejal 22”, tal como manifestó la edila Cristina Foffani (PO), en referencia a Carlos Eckhartd.

El proyecto, elaborado por los concejales Ernesto Alvarado (PJ) y Alberto Castillo (ex Pro, hoy Olmedo), unificaba dos iniciativas que ambos habían presentado por separado en 2018 y 2017, respectivamente, y tenía como objetivos: mejorar la transitabilidad, proteger el patrimonio histórico y la inversión realizada con el Plan de Reordenamiento, y generar trabajo genuino, a partir del traslado de los pasajeros desde la Terminal de ómnibus hacia los hoteles, en taxis, remises o algún sistema de transfer.

Para alcanzar tales propósitos, se determinaban dos cuadrantes en el micro y macrocentro. En el primero (casco histórico, Paseo Balcarce y calles de convivencia), se prohibía la circulación y estacionamiento de ómnibus de semipiso y dos pisos durante las 24 horas. 

En el segundo (el anillo que rodea al primer cuadrante, entre la avenida Belgrano y la avenida Entre Ríos), se autorizaba la circulación y estacionamiento para ascenso y descenso de pasajeros, en los días y horarios que determinara el Ejecutivo.

“Hoy me doy con algunos vetos”

En la última sesión ordinaria del año, este miércoles, el único concejal que hizo alusión a este tema fue Castillo, aunque de manera un tanto elíptica. 

El edil, que va por su segunda renovación de banca, señaló: “Hoy me doy con algunos vetos. Lo lamento, porque trabajamos fuerte, dimos discusión y plantamos posición”.