Cinco integrantes de la Cámara de Casación le enviaron este mismo viernes una carta al presidente del tribunal, Carlos Mahiques, señalándole que debe rechazarse el Decreto de Necesidad y Urgencia que crea un ente autárquico para manejar el Programa de Protección de Testigos . Mauricio Macri dictó hoy ese decreto a las apuradas y a solo once días de dejar la Casa Rosada para sacar de la órbita del Poder Ejecutivo a los arrepentidos con los que se armaron las causas contra los exfuncionarios kirchneristas.

Los magistrados --Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo-- sostienen que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades del Poder Legislativo cuando no hay necesidad ni urgencia y consideran que el DNU "invoca circunstancias manifiestamente inexistentes".

También dicen los camaristas que la cuestión debe tratarse en los plazos que corresponden en el Congreso y agregan que la Constitución no permite DNU que aborden cuestiones que tienen que ver con lo penal.

Por lo que se sabe, también la Corte Suprema está en contra de la norma publicada este viernes en el Boletín Oficial. En ese marco parece poco probable que el DNU se llegue a aplicar, con gran parte de la conducción penal en contra.

En el decreto se le adjudica a la Cámara de Casación un papel de importancia en el manejo de los arrepentidos. Será difícil seguir adelante si los jueces de la Casación se oponen.

Lo más llamativo es que en la Casa Rosada y en el Ministerio de Justicia ya sabían que la estructura judicial no acompañaba el proceso. Aún así, desesperadamente, sacaron el DNU.