César Milani, ex jefe del Ejército del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, acusado de falsear un acta sobre la presunta "deserción" del soldado Alberto Agapito Ledo, desaparecido en 1976, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán .
"Fue una campaña política, mediática y judicial inédita contra un jefe del Ejército, tanto aquí como en el juicio de La Rioja, basado en acusaciones falsas. Más que a mí se ha castigado al Ejército argentino, privándolo de una reconciliación definitiva con el pueblo, y de una recuperación de capacidades durante mi gestión, la más importante de los últimos años", dijo Milani poco antes de escuchar el veredicto. "Hoy el Ejército está de nuevo de rodillas, respondiendo a intereses de potencias extranjeras que nada tienen que ver con los de la patria, hoy vemos pueblos latinoamericanos de pie y Fuerzas Armadas dándoles la espalda. Acá me atacan los fundamentalistas de izquierda para dividir al campo popular", agregó.
Tras la lectura de la sentencia, Graciela Ledo, hermana del conscripto, al salir de la audiencia declaró que estaba "profundamente decepcionada de la justicia cómplice de los genocidas, esta sentencia es una vergüenza, la impunidad de Milani comenzó cuando lo nombraron al frente de Ejército sin atender los reclamos de las víctimas".
El ex capitán Esteban Sanguinetti, imputado por la desaparición del soldado, para quien la fiscalía había pedido prisión perpetua por homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad, fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, fue beneficiado con el arresto domiciliario.
La querella que representa a la familia de Ledo había pedido seis años de prisión para el ex jefe del Ejército. Además habían recusado a dos de los jueces del tribunal porque en un juicio anterior habían expresado que no iban a leer todo el expediente para dictaminar, y por su evidente parcialidad. El planteo está a estudio en la Cámara Nacional de Casación Penal.
"Ledo estaba identificado como militante marxista, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la universidad" años antes de desaparecer, sostuvo Viviana Reynoso, una de las abogadas de la querella. La letrada fue la primera en alegar ante los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal.
La querella de la familia de Ledo había pedido que las penas fueran de cumplimiento efectivo y en cárcel común. “Pedimos justicia para Alberto Ledo y lo hacemos con la certeza de que Marcela Ledo y Graciela Ledo durante todos estos años han transitado por el camino de la verdad, sin que ninguna circunstancia ni interés político se haya interpuesto en ese camino”, afirmaron durante su alegato.
Además de la querella de la familia Ledo, habían presentado su alegato la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, representada por Claudio Orosz y Pablo Gargiulo. Y hoy lo hizo la fiscalía, con Pablo Camuña y Agustín Chit, y los defensores Edgardo Bertini, en representación de Milani, y Vanessa Lucero, como defensora de Sanguinetti.
Viviana Reynoso, por la querella particular de la familia Ledo, había explicado el contexto represivo iniciado con el Operativo Independencia y profundizado tras el 24 de marzo de 1976. La abogada hizo hincapié en el accionar de inteligencia para identificar los grupos políticos y sociales donde golpearía la represión. En La Rioja destacó en el avance represivo sobre lo que se conocía como la pastoral de Angelelli, donde Ledo dio sus primeros pasos como militante.
Reynoso estableció que Ledo ingresó como soldado en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja en febrero de 1976. Luego, una fracción de la sección del Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja partió a Tucumán como parte de una unidad “antiterrorista”, a cargo de la V Brigada.
La abogada querellante mencionó dos informes de inteligencia donde se traza el derrotero del conscripto durante 1975. En uno titulado "Frente armado estudiantil - PTR ERP" (fechado en diciembre de 1975), se consigna que entre marzo y julio Ledo fue el "responsable político" en Filosofía y Letras de Tucumán; y que entre julio y diciembre fue el "responsable gremial y reivindicativo".
La letrada denunció que ese informe estuvo "en la caja fuerte del juez (Daniel) Bejas, que nunca lo incorporó a la causa". Otro informe, de agosto de 1976, define a Ledo como "marxista, trotskista" y lo señala como participante de acciones armadas y de "actividades de captación entre soldados.
