Ante las amenazas relatadas por sus compañeros desde suelo boliviano y la expresa advertencia de detención que lanzó el ministro de gobierno de facto de Bolivia, Alonso Murillo; los representantes de las organizaciones sociales y sindicales que conforman la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano se movilizaron a la Cancillería argentina y entregaron en mano al secretario de Relaciones Exteriores, Gustavo Zlauvinen, una solicitud para que el Estado intervenga en resguardo de los 40 integrantes de la misión solidaria.
Tras la reunión con el segundo del canciller Jorge Faurie, las organizaciones consiguieron el compromiso para que la embajada argentina en Bolivia disponga de autos para la movilidad de los integrantes de la delegación solidaria, consiguieran un alojamiento seguro para pasar la noche y acompañaran con seguridad hasta el aeropuerto de La Paz para el regreso este sábado.
"El compromiso hace responsable a la Cancillería si le pasa algo a alguno de nuestros compañeros. Desde acá, permanecemos en alerta y nos volveremos a movilizar si es necesario", destacó Nicolás Caropresi de la CTEP, en diálogo con PáginaI12. El integrante de la organización de Juan Grabois —quien recibió gran parte de las amenazas en suelo boliviano— dijo que se sabía que iban a encontrarse "con una situación conflicta, riesgosa, pero nunca imaginamos este nivel de violencia".
Fue la repitición de amenazas en las redes sociales, en el aeropuerto, en las calles, en la puerta del hotel, donde se hospedó la delegación, por parte de civiles, policías, militares y hastas el secretario de Gobierno, lo que impulsó a las organizaciones a movilizarse para exigir la intervención del Estado argentino, que aún no reconoció el golpe de Estado.
Con una decenas de organizaciones y un centenar de militantes movilizados a la puerta de la Cancillería, en Esmeralda y Arenales, y una carta dirigida al ministro Jorge Faurie, hicieron falta dos horas hasta que las puertas se abrieron para mantener una reunión con el secretario Zlauvinen.
La carta que dejaron en mano al secretario de Relaciones Exteriores resalta las "tareas de derecho internacional" que realiza la delegación, "tomando testimonio a víctimas de violaciones a los derechos humanos". Y la amenaza del ministro de facto de encarcelarlos por "terrorismo y sedición", cuando se trata de una "misión absolutamente pacífica".
