Desde Madrid

Todo lo que pasa estos días en España está afectado por Cataluña, empezando por la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, después de que su partido, el PSOE, haya sido el más votado en las últimas elecciones. El acuerdo que rubricaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, unas semanas atrás, no les otorgó una cantidad de diputados suficientes para investir al líder socialista. Con el rechazo a esa coalición por parte de las fuerzas de derecha, la solución del bloque de izquierdas es contar con la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya, un partido soberanista catalán.
Con ese horizonte, este jueves se llevó a cabo la primera reunión oficial entre los equipos del PSOE y de Esquerra Republicana de Catalunya. El saldo de esa primera negociación fue agridulce. Si bien ambos partidos destacan la voluntad de diálogo, se encuentran lejos de llegar a un acuerdo.
Respaldada por otras fuerzas soberanistas de Cataluña como Junts per Cat, que capitanea el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, y de la CUP, Esquerra Republicana de Catalunya le ha exigido al PSOE para abstenerse, que se establezca una mesa de negociación política entre el Gobierno español y el Gobierno catalán, en la que se pueda debatir un referéndum de autodeterminación y una posible amnistía de los recientes condenados por el referéndum ilegal de 2017. Además, exige plazos realistas y garantías de que lo que se acuerde, será ejecutado.
Por el lado del PSOE, las exigencias resultan inasumibles. “La autodeterminación no existe en nuestra democracia, y no tiene ningún fundamento desde nuestra Constitución”, ha dicho esta semana la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Otra cosa, ha recalcado, es discutir el encaje de Cataluña en España dentro del marco constitucional, en referencia al autogobierno catalán y a las competencias que el Estado español pueda ceder a esa Comunidad Autónoma. En cuanto a la amnistía, Pedro Sánchez, ya había anunciado al conocerse la sentencia contra los dirigentes soberanistas, el “absoluto respeto y acatamiento" a la sentencia del Alto Tribunal.
Las posiciones están planteadas, y habrá que ver qué está dispuesto a ceder cada uno. El PSOE cuenta con un antecedente de negociación política con Cataluña, cuando Sánchez se reunió con el presidente de la Generalitat Quim Torra, en Barcelona, en febrero pasado. Sin embargo, en aquella oportunidad, que terminó en una denuncia mediática de traición del Partido Popular y de Ciudadanos, no se había hablado de autodeterminación, y no había sentencia contra los líderes independentistas.
En cuanto a Esquerra Republicana de Catalunya, sus propuestas y límites están muy determinados por la eventualidad de unas elecciones en Cataluña. Con el Gobierno de Quim Torra en la cuerda floja tras el desafío permanente que realiza al Estado español, se especula con una próxima convocatoria electoral. Si eso sucede, Esquerra Republicana de Catalunya aspira a ser el partido más votado y liderar el Ejecutivo catalán. El éxito de ese objetivo dependerá de cuánto pueda obtener del PSOE brindándole su abstención en la investidura. La próxima reunión entre los equipos de las dos fuerzas será el martes 3, y aunque el PSOE quisiera investir a Sánchez antes de la navidad, los soberanistas ya han dicho que no tienen apuro.
El factor Cataluña no está presente solo en la negociación de investidura. Al contrario, ocupa gran parte de la agenda política. Este miércoles, el PSOE logró aprobar con el apoyo de la oposición un decreto ley firmado que le otorga al Estado español mayor control sobre las infraestructuras en las que se asienta internet. Aunque no lo ha dicho explícitamente, el Gobierno ha aprobado ese decreto para impedir la formación de una “república catalana digital”. Una supuesta iniciativa del soberanismo de Cataluña para alojar información sensible de la Comunidad en paraísos digitales, lejos del control del Ejecutivo español. En concreto, un recurso que serviría al Gobierno para intervenir plataformas digitales como “Tsunami Democrático”, que tras la sentencia a los líderes independentistas organizó la protesta que colapsó el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.

Por último, este jueves el Tribunal Constitucional español que vela por el respeto a la Carta Magna del país ibérico, puso fin a años de unanimidad respecto a los desafíos que plantea el soberanismo catalán. La corte rechazó un amparo de la defensa de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, que cuestionaba la prisión preventiva en la causa que lo condenó recientemente. Tres de los doce magistrados del Tribunal votaron de forma particular, en contra de la decisión mayoritaria de mantener la prisión preventiva de Junqueras, abriendo una grieta en la Justicia española.

Ante todo este panorama, las dos fuerzas del centroderecha, Partido Popular y Ciudadanos, se presionan mutuamente para tenderle una mano al PSOE, y evitarle la negociación con Esquerra Republicana de Catalunya. El primero propuso al segundo apoyar la investidura de Sánchez. Mientras que Ciudadanos replicó que el PSOE y el Partido Popular debían formar una Gran Coalición.

Detrás de este juego, se esconde el partido de ultraderecha Vox. Después de su impactante ascenso con 52 diputados nacionales en los últimos comicios, el Partido Popular y Ciudadanos hacen equilibrios para ser una oposición realista, y no sucumbir ante el éxito del pulso extremista que marca Vox.