Cristina Fernández de Kirchner declarará este lunes, a las 9.30, en el juicio sobre la construcción de rutas en Santa Cruz. La vicepresidenta electa, asistida por su abogado Carlos Beraldi, ya está preparando sus dichos, estudiando los materiales de la causa y se estima que utilizará entre dos y tres horas para responder a una causa que de manera insólita, la tiene sentada en el banquillo de los acusados. El expediente trata sobre rutas cuya construcción se votó en el Congreso Nacional, se licitaron en Santa Cruz, se adjudicaron en Santa Cruz, se controlaron en Santa Cruz y se pagaron contra certificados de obra emitidos en Santa Cruz. De manera que es esperable que haga referencia, en primer lugar, a que la causa es un capítulo más de la persecución judicial que sufrió estos años, y en segundo lugar se supone que hará un detallado análisis de lo lejos que estuvo de tener incidencia en la licitación, adjudicación y control de las obras viales de la provincia sureña.

El viernes, el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2), que preside el juicio, votó en contra de permitir que la declaración de CFK sea transmitida por televisión, algo que ocurrió en numerosas oportunidades en distintos juicios. Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron el pedido de la ex presidenta para que el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema transmita la declaración, mientras que Rodrigo Giménez Uriburu estuvo a favor de la emisión. El argumento es que el tribunal ya fijó las pautas y que permitir que se vea la declaración de CFK sería "un trato inequitativo". El abogado de la ex presidenta señaló que la Corte Suprema fijó como criterio el de posibilitar las transmisiones para que los juicios sobre temas tan importantes no sean oscuros y escondidos, sino que se permita la transparencia.

Es muy posible que la negativa también sea un punto que toque Cristina. Porque una base de su postura es que la causa conocida como Vialidad es parte del lawfare, la justicia utilizada por los poderes políticos-judiciales-mediáticos para lanzarse contra los gobiernos y las alternativas populares. Es muy probable que en esa primera parte CFK hable no sólo de Argentina sino también de Brasil y otros países donde se usó la justicia para la persecución. Hay una cuestión reiterada en las causas contra la ex mandataria: es juzgada por ser jefa de una asociación ilícita. Hay aspectos asombrosos:

*Virtualmente se equipara a un gobierno con una asociación ilícita. Los nombres son los mismos, con un presidente a la cabeza y los ministros y secretarios como integrantes.

*Se le cuestiona a Néstor y Cristina Kirchner que hayan traído funcionarios que ya trabajaban con ellos en Santa Cruz. Es algo normal en todos los gobiernos, pero CFK incluso sostiene que en la actual administración ni siquiera los funcionarios vinieron de provincias sino de empresas allegadas a Mauricio Macri. Es decir que los presidentes siempre recurren a personas con las que ya trabajaron.

*También se objeta que Santa Cruz haya recibido el doce por ciento de las obras viales de todo el país. La ex presidenta respondió que las obras públicas se votan en el Congreso en la Ley de Presupuesto y que, además, Santa Cruz abarca el once por ciento del país, por lo cual tampoco hay inequidad en la adjudicación de las rutas.

*Es muy posible que la vicepresidenta electa puntualice que el denunciante original de la causa fue el entonces titular de Vialidad Javier Iguacel, que fuera candidato de Cambiemos en Chubut. Y la denuncia la hizo el funcionario pese a que mandó a hacer una auditoría que demostró que las obras se hicieron correctamente, y que no se pagó nada que no se haya construido.

Con estos y otros argumentos, CFK insistirá en que el centro de la causa está en la persecución política. Desde el punto de vista estrictamente judicial, la vicepresidenta electa ya dijo que no tuvo nada que ver con que las empresas de Lázaro Báez hayan ganado 52 de las 81 obras que se licitaron en esa provincia. "No soy amiga ni socia de Lázaro Báez", dijo ante el juez Julián Ercolini, marcando la diferencia con Macri, primo y ex socio de la empresa constructora de Angelo Calcaterra.

Cristina reiterará que las licitaciones se hicieron en Santa Cruz y, curiosamente, no se acusó a ningún gobernador por esas adjudicaciones, lo que demostraría que el objetivo fue ella. Además, tampoco las empresas competidoras objetaron las licitaciones o adjudicaciones. La defensa de Báez explicó en reiteradas ocasiones que ganó las licitaciones porque sus empresas eran las que tenían el personal y las máquinas radicadas en Santa Cruz, suficientes para emprender esas obras. Y, sobre todo, Báez asegura que siempre pesó mucho la experiencia de construcción en el sur, con gran cantidad de jornadas en que el frío y el viento impiden trabajar. Pocas empresas quieren ir a competir a Santa Cruz por esa razón. Además, es posible que Cristina mencione que Báez perdió la licitación de las dos obras más importantes que aún hoy se hacen en la provincia sureña, las represas Condor Cliff y Barranqueras (Cepernic y Kirchner), con la curiosidad de que en esa licitación iba en sociedad con Iecsa, la empresa que fuera del Grupo Macri.

Desde el punto de vista de la estructura del estado, la ex mandataria insistirá en que hay unas doce instancias entre una obra y un presidente. En la instancia provincial, inspectores, funcionarios, secretarios, ministros y el gobernador, y luego nuevamente un ejército de funcionarios a nivel nacional. Se necesita una enorme cantidad de firmas en las licitaciones, en las adjudicaciones y en los pagos, funcionarios con los que un presidente no tiene trato ni conoce. Es otra de las razones por las que CFK afirma que la acusación es sólo política y parte del lawfare.