“A pesar de las sentencias, no podemos purgar el déficit de las instituciones y por esa razón hay que seguir adelante con las otras causas, para seguir exigiendo derechos”, afirmó en diálogo con Página/12 Sergio Salinas, uno de los siete abogados del Xumek de Mendoza que actúan como querellantes en la causa por abuso sexual y corrupción de menores en el Instituto Próvolo. Salinas explicó que “el reclamo es para que la Iglesia brinde información y para que el Estado siga investigando los hechos ocurridos para establecer otro tipo de responsabilidades”, además de las que correspondes a los autores materiales de los abusos. En Mendoza hay otras dos causas --y una posible tercera-- que siguen en trámite y ya fue elevada juicio, todavía sin fecha, la causa por delitos similares ocurridos en la filial La Plata del Próvolo .

La primera condena, en un juicio abreviado, fue en septiembre de 2018 contra Jorge Bordón, ex directivo del Instituto, quien se declaró culpable de los once hechos que le imputaban y recibió una pena de diez años de cárcel. La semana pasada concluyó el juicio oral, en el que fueron condenados los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, a 45 y 42 años respectivamente, y el ex jardinero del instituto Armando Gómez, en su caso a 18 años de prisión.

Salinas, integrante de Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de los DDHH, sostuvo que las causas abiertas en Mendoza investigan casos de abuso sexual, torturas, malos tratos y corrupción de menores, tanto de los autores materiales como de los que tuvieron participación con distintos grados de complicidad e incluso de participación directa. “Los hechos se produjeron por el accionar de tres círculos concéntricos que podrían denominarse causa uno, dos y tres”.

“La causa uno es la que involucra a los que abusan y ya tienen condena, Bordón, Corbacho, Corradi y Gómez”. La tercera etapa es el juzgamiento de “los directivos y representantes legales del Instituto, y la otra causa pendiente es la que tiene como imputadas a las monjas” Kosaka Kumiko y Asunción Martínez.

En el caso de las monjas, el 17 de diciembre se realizará la audiencia preliminar donde se expondrán las pruebas existentes, con vistas a un juicio oral que “cuando mucho se llevaría a cabo en marzo de 2020”. Salinas señaló, además, la posibilidad de una nueva causa, que tiene relación “con algunos hechos periféricos que aparecieron en el debate y con algunas denuncias nuevas que no entraron en el juicio oral”. Entre ellas figuran dos denuncias más contra la monja japonesa Kumiko, y otras acusaciones nuevas contra Corradi, Corbacho, Gómez, Bordón y el empleado José Luis Ojeda.

En la causa contra las monjas, las denuncias recibidas por Xumek involucran a dos religiosas que pertenecen a Las Hermanas del Huerto, quienes se encargaban de la docencia en la infancia. Ellas son integrantes de una congregación muy poderosa, que siempre van de la mano con los curas del Instituto Próvolo. Los testimonios señalan que se trata de algo que siempre ocurre en los lugares donde se producen hechos de abuso y tortura. Una es “la monja buena” y la otra “la mala”. La que jugaba el rol de mala es Kuniko Kosaka, mientras que Asunción era “la buena”. La monja japonesa está imputado no sólo por omitir hacer la denuncia sobre hechos graves y aberrantes de los que tuvo conocimiento, sino que además, hay declaraciones en la causa que indican que “les pegaba mucho a lxs chicxs, para doblegarlos y saber si tenían una personalidad que hacía posible el sometimiento o si eran lo contrario”. En ese contexto opresivo, según el testimonio de las víctimas, “los más débiles eran abusados y los otros no”. Las dos religiosas estaban a cargo del albergue donde se alojaban los chicos, de manera que tenían un trato cotidiano con ellos.

Además de los golpes, Kumico fue acusada de participar activamente en los abusos sexuales contra niñas y niños, a los que también se los obligaba a ver películas pornográficas, en presencia de algunos de los imputados.

Cuando finalizó el juicio oral, algunos de los chicos abusados “expresaron su alegría diciendo que por fin hubo ‘una sentencia de verdad’”, señaló Salinas. Esa frase, dicha por las víctimas, fue acompañada por el gesto típico que hacía Carlitos Balá cuando recitaba su famoso “eaeapepe”. Balá juntaba en sus dos manos el índice y el pulgar, mientras levantaba los otros tres dedos de cada una de sus manos. De esa manera festejaron el fallo condenatorio.

La causa comenzó en 2016, con la presentación judicial que hizo una joven, de identidad reservada, quien denunció haber sufrido y haber presenciado “golpes, malos tratos, torturas y abusos sexuales” en el Instituto Antonio Próvolo, un centro educativo de la Iglesia Católica para niños sordos e hipoacúsicos ubicado en el Departamento de Luján de Cuyo. El Xumek intervino en el caso en forma inmediata. Las víctimas y los testigos declararon en Cámara Gesell con la intervención de profesionales de la salud mental e intérpretes en la lengua de señas.

Hasta hoy son 13 los imputados en Mendoza, algunos de los cuales ya han sido condenados. Sin embargo, todavía siguen presentándose acusaciones que puedan dar lugar a nuevo juicios contra ellos. Se trata de Nicola Corradi (director del Instituto) y Horacio Corbacho; Jorge Bordón (administrativo y monaguillo); Armando Gómez (civil sordo que cumplía tareas de mantenimiento).

Los que todavía no han sido juzgados son las dos monjas Kosaka Kumico y Asunción Martínez, Graciela Pascual (representante legal del instituto) acusada de intervenir en los hechos, Cecilia Raffo (psicóloga), Noemí Paz (cocinera) y las ex directoras del instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán.

En algunos casos, la imputación de los directivos es por “omisión de denuncia", porque todos los directivos pudieron haber accionado ante estos delitos aberrantes. 

La sede de La Plata

Además de los hechos ocurridos en la sede ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza, en estos días se presentó el pedido de elevación a juicio de la causa por hechos similares en la ciudad de La Plata, en la misma institución. La solicitud fue hecha por la fiscal Cecilia Corfield, quien además propició que el debate sea con la modalidad del juicio por jurados populares.

El planteo fue hecho, a pesar de que en el sistema penal bonaerense, son los imputados quienes tienen la última palabra en cuanto a la modalidad del proceso en su etapa oral y pública. Los abusos denunciados en el Próvolo de La Plata se produjeron, según afirman las víctimas, entre 1980 y 1990. Un grupo de alumnos varones denunció haber sido víctimas de ataques sexuales y maltrato constante de parte del profesor de informática Jorge Britez y el cura Nicola Corradi, ya condenado en el juicio oral realizado en Mendoza. También fue señalado como autor de esos hechos el laico Eliseo Pirmati, de nacionalidad italiana. Pirmati escapó a Italia en el año 2017 y para que pueda ser juzgado tendría que resolverse en estos meses el pedido de extradición formulado por la Fiscalía. Se supone que el juicio podría realizarse a mediados de 2020. Por ahora, los que se sentarían en el banquillo de los acusados serían Britez y Corradi, una vez más.

El ex profesor Britez está detenido luego de que se produjera la denuncia en su contra, en noviembre de 2016. La detención de Britez se produjo en una escuela pública de la provincia de Misiones, en la ciudad de Jardín América, en la que trabajaba en ese momento. Se confirmó entonces que durante 12 años, después de salir del Próvolo, se había desempeñado en varias escuelas públicas y privado incluyendo un colegio católico. Eso, a pesar de estar imputado en por lo menos cinco casos de abuso sexual.

A Corradi se le adjudican no menos de tres casos de maltrato y cinco de abuso sexual cometidos en el Próvolo de La Plata. La detención de Pirmati, acusado de por lo menos tres casos de abuso sexual, exhibiciones obscenas y “promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada”, fue solicitada junto con un exhorto diplomático que todavía no fue resuelto. El acusado, que tiene 83 años, sigue viviendo en Italia.

Meses después de la orden de detención, Pirmati fue sorprendido por un periodista del diario L’Espresso cuando salía de la Iglesia Santa Teresa degli Scalzi, en Roma, donde fue increpado mientras caminaba hacia la sede del Instituto Próvolo de la ciudad de Verona, donde vive desde 2017.

“No sé nada de estas cosas, no tengo nada que ver con eso, soy un hombre cualquiera de la calle”, llegó a decir el imputado, que llegó incluso a decir que no era quien es, como una forma de seguir manteniéndose en la impunidad, a miles de kilómetros del lugar donde es requerido por delitos gravísimos.

A pesar de los cargos y de la difusión que han tenido las denuncias contra el Próvolo en la Argentina, la justicia italiana solicitó “precisiones” respecto del pedido de extradición enviado por la fiscal Corfield.

“La Justicia italiana rechazó el pedido tal como fue presentado, ya que faltaba información, sobre todo de la posible prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote”, sostuvo una fuente de la Iglesia Católica, según informó en su momento la agencia de noticias Télam. Según esa fuente “la justicia argentina tendrá que aportar la información requerida y solicitar nuevamente la extradición del sacerdote” acusado.

Pirmati estaría refugiado en la sede del Próvolo en Verona, con protección de la Iglesia, a pesar del escándalo. El abogado Sergio Salinas, de Mendoza, le anticipó a Página/12 que se presentará como querellante en la causa platense, en representación de Daniel Sgardelis, uno de los denunciantes de los abusos en La Plata.

Ante las demoras en la causa de La Plata, Daniel Sgardelis fue testigo en el juicio oral que se realizó en Mendoza, porque muchos de los denunciados en la provincia cuyana pasaron también por la sede de la institución en la capital de la provincia de Buenos Aires.