Desde Londres
En las calles hay indignación y asombro, rabia y resignación. Los más exaltados piden la pena de muerte, o, cuanto menos, cadena perpetua . Los más politizados apuntan a la estrategia británica en el Medio Oriente, con la inseguridad y los atentados como inevitable corolario.
A 11 días de la elección, el ataque perpetrado el viernes por Usman Khan en London Bridge, que dejó tres muertos y varios heridos, se convirtió en tema central de la campaña. El primer ministro Boris Johnson usó el hecho para prometer cadena perpetua para los atentados terroristas y acusar al laborismo de una política irresponsable de seguridad.
El laborismo respondió que el problema residía en la draconiana política de austeridad conservadora aplicada desde 2010 que resultó en la eliminación de 20 mil puestos en la policía y una semi-privatización del sistema penitenciario.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, señaló que la política internacional británica había contribuido. “Hace 16 años advertí que la invasión y ocupación de Irak resultaría en un espiral de conflicto, odio, miseria y desesperación que intensificaría las guerras y el terrorismo. Fue lo que pasó. Todavía hoy vivimos las consecuencias de esto. La guerra contra el terrorismo fracasó: más que resolver el problema, lo exacerbó”, dijo Corbyn.
El ataque, ejecutado por un individuo con un cuchillo de cocina, parece salido de una película de terror más que de una sofisticada red de muyaidihines, pero el Reino Unido se está acostumbrando a que esta forma rudimentaria de atentados contra la población civil sea más la norma que la excepción.
En 2005, dos años después de la invasión de Irak, Londres sufrió el peor atentado de la posguerra cuanto cuatro atacantes suicidas hicieron detonar explosivos en distintos puntos del transporte público con un saldo de más de 50 muertos y cientos de heridos.
En la última campaña electoral, en 2017, un ataque suicida en un concierto en Manchester, causó la muerte de 22 personas y dejó más de 130 heridos, pero la mayoría de los atentados de esta década fueron ejecutados con esta metodología rudimentaria de cuchillos o coches usados como armas contra los transeúntes, tácticas que requieren menos preparativos y tienen un riesgo reducido de detección.
El atentado en medio de la campaña es una de varias notables similitudes entre estas elecciones y la de hace dos años. En ambas los conservadores arrancaron como favoritos mientras que el laborismo, duramente cuestionado al principio, recuperó terreno gracias a un audaz programa de gobierno y una dura plataforma anti-austeridad: May perdió la mayoría parlamentaria, aunque se mantuvo como primera minoría.
Consciente de lo que pasó en 2017, Johnson quiere fijar la atención pública en el futuro con la pronta salida de la Unión Europea como solución mágica de todos los problemas socio-económicos del reino. En el laborismo se concentran en el pasado, es decir, en la década de draconianos recortes presupuestarios desde que los conservadores asumieron en 2010. La polémica reducción de las fuerzas policiales cuando Theresa May era ministro del interior (2010-2016) fue un argumento central en la elección de 2017 que el laborismo está repitiendo en esta campaña.
En un intento de despegarse de ese pasado de austeridad hoy ampliamente rechazado por los británicos, Johnson señaló a la BBC que él ha estado al frente del gobierno solo 120 días y que su política es diferente. El primer ministro añadió que el problema era que Khan se encontraba en libertad y sin supervisión. “Es ridículo y repulsivo que individuos tan peligrosos puedan estar libres después de servir una condena de solo ocho años. Si fueron dejados en libertad se debió a la ley aprobada por el laborismo para conceder la libertad condicional automática una vez cumplida una parte de la condena”, dijo Johnson.
La realidad es bastante más compleja. La llamada condena a “indeterminate imprisonment for public protection” (IPP) fue parte de la reforma del sistema de Justicia Penal aprobada por el laborismo en 2003 y derogada por los conservadores en 2012 debido a que “era un sistema absurdo en el que por pequeños delitos se podía languidecer en la cárcel”, según dijo en su momento el ministro de Justicia tory Kenneth Clarke.
La teoría era que el IPP serviría para lidiar con delitos que no merecían una condena perpetua, pero que eran suficientemente graves como para no permitir que el condenado recuperara la libertad una vez que se cumpliera la sentencia mínima. La Junta de Libertad Condicional era la encargada de determinar cuando el prisionero estaba en condición de recuperar la libertad. La Junta, al igual que otras partes del servicio carcelario, fue semi-privatizado en esta década de la Gran Austeridad.
El ataque del viernes está plagado de este tipo de amargas ironías. Khan ejecutó su atentado mientras participaba en una conferencia sobre rehabilitación de presos. Las cinco personas acuchilladas estaban a favor de una reforma progresista del sistema penal.
El padre de una de las dos víctimas mortales, Jack Merrit, un graduado de Cambridge que formaba parte del programa de rehabilitación, pidió que no se usara políticamente la muerte de su hijo. “Mi hijo Jack no hubiera deseado que se utilice su muerte para condenas draconianas o para detener gente innecesariamente”, escribió en Twitter David Merrit.
Difícilmente tenga esa bendición. Entre los civiles que neutralizaron a Khan en el Puente de Londres (London Bridge), había dos ex convictos que se encontraban en la conferencia. Uno de los civiles que resultó clave fue un inmigrante polaco que trabaja como chef en la zona. Al igual que la mayoría de los políticos y los medios, Johnson elogió el heroísmo de esos civiles sin reparar que desmentían la política dura penal e inmigratoria que vociferan muchos medios y que lleva adelante su gobierno.