En Australia, los curas que reciban información sobre casos de abusos sexuales cuando estén oficiando de confesores deberán considerarse relevados del secreto de confesión y denunciar los delitos ante el Estado. Así lo estableció un acuerdo al que arribaron la Fiscalía General Estatal y la Federal para obligar a los sacerdotes a denunciar casos de violencia sexual de los que tengan conocimiento. 

La decisión oficial corona meses de reflexión en el ámbito judicial a dos años de que una extensa investigación gubernamental, comenzada en 2012 y finalizada en 2017, arrojara como resultado el descubrimiento de numerosos abusos sexuales cometidos al amparo de la institución religiosa, y ocultados por las jerarquías.

Luego de que la Conferencia Episcopal australiana comunicó la novedad, jerarcas religiosos de ese país criticaron la medida. El arzobispo de Brisbane, Mark Coleridge, advirtió que no cree que "sea útil", porque "los abusadores no buscan la confesión y no la buscarían si supieran que sus delitos serían denunciados".

Además, aseguró, sería "contraproducente porque se perdería la rara oportunidad de que un sacerdote pueda aconsejar a los abusadores que se entreguen y modifiquen su vida; e injusto porque establecería por ley una situación en la que un sacerdote no podría defenderse de una acusación formulada contra él".

En tanto, su colega de Melbourne, Peter Comensoli, aseguró que iría a la cárcel antes que romper el secreto confesional, pues se trata de "un encuentro religioso de naturaleza profundamente personal, que merece confidencialidad".

En 2017, el gobierno australiano dio a conocer que, a lo largo de una investigación de cinco años, recabó más de 4 mil denuncias por abusos sexuales atribuidos a casi dos mil religiosos (el 32 por ciento, monjes; el 30, sacerdotes; el 29, laicos y el 5, monjas), 93 de ellos en altos cargos de la iglesia local. El 78 por ciento de los denunciantes eran varones y el 22, mujeres. La edad media de las víctimas era de 11,6 años en el caso de los chicos y de 10 años y medio para las niñas; además, en promedio, las víctimas tardaron 33 años en poder hacer las denuncias.