Sólo el 12, 61 por ciento de los gobiernos locales del país están dirigidos por intendentas. La participación de las mujeres en este ámbito aumentó muy poco en los últimos 12 años. Además las intendentas lideran especialmente (53, 5 por ciento) municipios rurales que cuentan con menos de 2000 habitantes, lo que implica menos recursos y menos poder. Solo en dos provincias, las mujeres tuvieron acceso a más del 20 por ciento de las intendencias. Los datos se desprenden de la investigación de una asociación civil, que ante los obstáculos que siguen teniendo las mujeres para llegar, planteó que no se trata de feminizar la política local sino de politizar a las mujeres.

“La llegada de las mujeres a los gobiernos locales sigue siendo una carrera de obstáculos”, apuntó Marlise Josami, de la Fundación Fondo Mujeres del Sur. La investigación “Mujeres en gobiernos locales: superando obstáculos”, realizada por la asociación Mujer y Gobierno, fue presentada por Susana Campari y equipo.

En 2007, había 205 intendentas sobre 2217 municipios, lo que representaba un 9,25 por ciento de participación. Diez años más tarde, el porcentaje había crecido solo un 1,5 por ciento, llegando a 10,75 por ciento y 240 mujeres intendentas sobre un número mayor de municipios (2233). En tanto, en 2019 la participación aumentó a 12,61 por ciento: 262 mujeres ocuparon cargo de intendentas sobre 2236 gobiernos locales.

Sin embargo, otro dato da cuenta de lo intrincado que es el acceso para las mujeres: en un 53, 5 por ciento de los casos las funcionarias están a cargo de municipios con menos de 2000 habitantes. Solo hay 4 intendentas a cargo de áreas metropolitanas.

Analizando los datos desde el punto de vista de la población del país gobernada por mujeres intendentas, el número asciende al 9,04 por ciento en 2019.

El trabajo es un análisis cuantitativo que buscó construir datos, ya que no existe un registro unificado público y completo sobre el tema. El foco estuvo puesto en el acceso a gobiernos locales, formados por municipios rurales (hasta 2000 habitantes), municipios chicos (entre 2000 y 10 mil habitantes), municipios grandes (entre 10 mil y 100 mil), ciudades intermedias (entre 100 mil y 250 mil) y áreas metropolitanas (más de 250 mil).

Josami también señaló el escrutinio de la vida personal de las mujeres que se animan a pisar terreno en la política, y la violencia a la que están expuestas “a la vuelta de la esquina”.

La investigación buscó visibilizar la participación de las mujeres en la política, más allá de lo que sucede en el ámbito legislativo, donde el camino está allanado desde 1991 con la Ley de Cupo y desde el año pasado con la Ley de Paridad, que establece la obligación de que todas las listas para cargos electivos se formen con una mujer y un varón de forma alternada.

Comparando los datos de 2019 por provincia, se observó que solo dos provincias, Río Negro y La Rioja, tienen un porcentaje mayor al 20 por ciento de mujeres en cargos de intendentas. La mayoría oscila entre un 10 y un 20 por ciento. Y algunas, como Tierra del Fuego, no tienen ninguna mujer en gobiernos locales. Al mismo tiempo, comparando este dato con trabajos de 2017, se observó que mientras en algunas provincias el porcentaje de municipios en manos de mujeres aumentó, en otras descendió, lo que da cuenta de que si no hay un trabajo para impulsar y apoyar a las mujeres que quieren acceder a estos puestos, no llegan o no pueden sostenerse.

Otras conclusiones del trabajo son que:

*El incremento en la participación política de las mujeres a cargo de ejecutivos locales es porcentualmente residual. Hay solo tres intendentas en capitales: La Rioja, Salta y Santiago del Estero.

*Se registra un mayor porcentaje en los municipios más pequeños en cuanto al número de habitantes (lo que implica menos recursos y menos poder). Esa relación se invierte a medida que se produce un incremento en el número de habitantes.

*En los gobiernos locales las mujeres están alejadas de los centros de poder.

*La Ley de cuotas no promovió una democratización de la cultura política que permita una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión.

Por eso la Fundación propuso repensar y complementar la estrategia de la paridad.


El primer año de la paridad

Este año por primera vez se aplicó la Ley de Paridad para cargos electivos a nivel nacional. Si bien Argentina fue pionera con la Ley de Cupo y tuvo porcentajes importantes de participación de mujeres en el Congreso Nacional, la aplicación de la Ley de Paridad en las elecciones de este año dio cuenta de todo lo que falta para lograr la participación real de las mujeres en la política. 

Según un informe de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y el Instituto Nacional de las Mujeres, solo el 21 por ciento de las listas ( 31 listas sobre 142) fue encabezado por mujeres, lo que implica que la composición de las Cámaras no se modifica sustancialmente. Mientras para llegar a la Cámara de Diputados, 24 listas sobre 106 estuvieron encabezadas por mujeres (22,64 por ciento), para la Cámara de Senadores hubo solo 7 listas lideradas por mujeres sobre un total de 36 (19,44 por ciento).

Por otro lado, un 3 por ciento de las listas no cumplió con la norma: los incumplimientos se presentaron en 4 de las listas de candidaturas a la Cámara baja (Diputados/as), una cantidad menor a la relevada en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, en las cuales 41 listas no se ajustaron a la ley. En las listas de candidaturas a la Cámara alta (Senadores/as) no se registraron incumplimientos, tal como sucedió durante las Primarias.

“Si bien el cumplimiento de la normativa es alto, el verdadero desafío en materia de participación política de las mujeres tiene que ver con la posibilidad efectiva de ejercer los cargos que están en juego. El encabezamiento de listas es una herramienta potente para analizar ese indicador”, dice el informe de los organismos públicos.