La empresa Sociedad Anónima de Transporte Automotor SA (SAETA) anunció que apelará el miércoles el fallo por el que la jueza de Minas, María Victoria Mosmann, prohibió aplicar el último tramo de aumentos en el precio del boleto previstos para este año. 

El gerente general de SAETA, Claudio Juri, adelantó que, ante la imposibilidad de recibir el ingreso de más divisas provenientes del aumento del boleto, estudian la reducción del servicio, y responsabilizó por ello a la jueza. “A lo mejor no se dio cuenta que terminó afectando al usuario”, dijo. "Con la buena intención de querer proteger a los usuarios” los termina perjudicando aseguró antes de seguir el hilo de su razonamiento: “Si vos me obligas a reducir el servicio, no estás protegiendo a los usuarios”. 

Para el gerente, lo decisión de la jueza “es una cuestión de fondos".

Mosmann declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones 411/18 y 412/18 de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Provincia de Salta (AMT) y dejó sin efecto el último aumento previsto para este año del boleto de transporte público urbano en la Ciudad de Salta. De esta manera, el boleto quedó fijado en $25. 

Desde enero de este año la transportista aumentaba un peso el transporte urbano de pasajeros. De $15 pasó a cobrar $25 en noviembre. Con el fallo, el aumento a $26 que operaba en diciembre quedó suspendido. La sentencia, sin embargo, no obliga a SAETA a hacer un reintegro a los usuarios por la aplicación indebida de incrementos en el precio del boleto urbano de transporte de pasajeros. Este pedido era parte de la presentación realizada por la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de Salta, que presentó un amparo colectivo contra la transportista y la AMT. 

Juri declaró a Salta/12 que apelarán al fallo el miércoles. “Tenemos tres días hábiles para apelar el fallo, ahora estamos preparándolo y estimamos que el miércoles presentaremos la apelación”, señaló.

Agregó que la apelación resulta “una obligación” de su parte porque está “cuidando fondos públicos”. Describió que la situación de la empresa tras el veredicto “es compleja” por la etapa de transición de gobierno. “Es más complejo si no sabemos a quién dirigirnos”, señaló. 

Según el fallo, el método de “Documento de Consulta” notificado en la resolución 411/18, afectó “el principio de máxima divulgación de la información pública y tornándose en consecuencia inconstitucional el procedimiento fijado”.

Para el gerente, el proceso de consulta elegido por la AMT estuvo acorde a la ley. “AMT dio un plazo de tres días para presentar objeciones (en 2018). No hay una ley ni resolución para saber el plazo mínimo” para que los usuarios puedan presentar sus argumentos, sostuvo.

Juri aseguró que SAETA recauda mensualmente un estimado de $160 millones. La provincia los subsidia con un estimado de $180 millones y desde la Nación se envían $28 millones mensuales. Las estimaciones se calculan de acuerdo a los días hábiles de cada mes, aclaró. Por lo tanto, según los cálculos del gerente, el no aumento de diciembre le genera a la empresa una pérdida cercana a $12 millones.

“Este fin de semana aumentó el 6,5% el gasoil. Y hace dos semanas, aumentó 10%”, señaló el gerente. Afirmó que de no ser por el subsidio provincial, el boleto urbano “estaría costando $65, si no, fíjense cómo está el sistema en Tucumán. Desde allá, nos están pidiendo información de lo que implementamos en Salta”, sostuvo. “La única generación de ingresos de la empresa es la venta de boleto y el subsidio provincial”, concluyó.

La magistrada sostuvo en el fallo que persigue “la protección del usuario y el interés público” y "en ese contexto no puede dejar de observarse que son esencialmente los trabajadores, así como los estudiantes, y jubilados quienes emplean cotidianamente el transporte público de pasajeros, y es la continuidad plena de la prestación del servicio la que preocupa en esta instancia decisiva”.

Los usuarios van por la restitución

La delegada de la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de Salta, Emilia Calmejane, dijo que la empresa “está en su derecho de apelar la decisión”. 

Aseguró que “obviamente SAETA y AMT tienen el camino más complicado porque está la jurisprudencia”. La abogada explicó que, tras el veredicto, las entidades deberán someter cualquier proceso que afecte al usuario, al método de audiencias públicas. “La Justicia reivindica a las audiencias”, manifestó.

En cuAnto a la sentencia, expresó que se logró uno de los puntos solicitados en el amparo presentado en marzo de este año. “Nos dieron la inconstitucionalidad (de las resoluciones) pero no nos dieron la restitución del dinero de los usuarios”. “Nosotros vamos a reclamar la restitución”, aseguró.

“Si llegamos a la Corte de Justicia y se confirma el fallo, quiere decir que estos aumentos son ilegales”, señaló la referente. En este sentido, dijo que seguirán el camino de la restitución porque “no tiene causa la plata que han recibido”. 

Ante los dichos de Juri, de tener que reducir los servicios por la falta de fondos, 

Asimismo, sobre los dichos de Juri sobre la reducción de servicios, Calmejane recordó que “la empresa sigue siendo responsable de las decisiones que tomen por los usuarios”. 

También, consideró que “todas las decisiones que han tomado fueron catastróficas”. Ejemplificó en el caso de la resolución de la fiscalización de los pasajeros, las máquinas de carga de SAETA, el cambio de las máquinas de cobro en los colectivos. “Todas esas situaciones fueron inconsultas”, afirmó.

“Al quitarse este espacio de deliberación (las audiencias públicas), obviamente las decisiones son inconsultas y erradas. Los usuarios quedan rehenes de esta empresa”, concluyó.