En estos días se celebra en la prensa el significativo avance de Bolivia en el proceso de pacificación social. “El Congreso aprueba nuevas elecciones”. “Bolivia nombra su primer embajador en Estados Unidos” son las noticias que dominan los titulares en todo el mundo.
Sin embargo, esta es una mirada sesgada que deliberadamente pretende desubicar al lector a través de un relato abstracto, sin sujeto, deshumanizado, que ignora y desprecia el sufrimiento de miles de bolivianas y bolivianos y que los estigmatiza pretendiendo atacar al presidente Evo Morales a quien presentan como un tirano, causante de todos los males de Bolivia.
Lo que esta ocurriendo ahora en Bolivia no es ejemplo de una solución a una crisis constitucional, sino una perversión misma de la democracia, de sus normas, principios y valores fundamentales.
Ya no hace falta, como antaño, dar golpes de Estado con tanques y aviones que bombardean el palacio de gobierno. Ahora basta con sembrar la duda respecto del recuento rápido (preliminar) de votos en unas elecciones, regar de incertidumbre su resultado con interpretaciones parciales que no se basan en hechos contrastados, para generar un estallido social. Y para que policías y militares salgan a la calle, cuales garantes de la democracia, a reprimir severamente a tan sólo uno de los dos bandos y presionar al presidente para que renuncie, por el bien del país, a fin de evitar un derramamiento de sangre, que de todos modos se ha producido, provocado por ellos mismos, por cierto.
Ya son dos informes internacionales los que aseguran que en Bolivia no hubo fraude electoral. Uno es del profesor del Departamento de Ciencias Políticas y del Departamento de Estadísticas de la Universidad de Michigan, Walter Mebane. El otro es del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Ambos informes contrastan con la actitud precipitada y poco fundamentada del informe preliminar de los observadores de la OEA, que en todo caso sospecha del sistema de conteo rápido, pero no del recuento oficial efectuado por el Tribunal Supremo Electoral.
Pero, como bien ha apuntado Boaventura de Sousa: “Los hechos muestran que en Bolivia se activó desde hace tiempo un plan golpista, con diversos componentes bien sincronizados entre las elites locales y el imperialismo norteamericano”. Tanto es así que – sigue de Sousa – el fantasma del fraude fue “cimentado semanas antes de las elecciones” logrando que varios cabildos departamentales anunciaran el desconocimiento del resultado electoral si ganaba Evo.
No hay democracia
No hay democracia cuando se acusa de fraude electoral al presidente, como hace Mario Vargas Llosa explicitando su claro sectarismo anti Morales, arrinconando la verdad de lo sucedido, asumiendo las fake news, con un discurso supuestamente independiente, y tildando de racistas a quienes precisamente denuncian la discriminación racial y étnica en Bolivia.
No hay democracia cuando las fuerzas armadas fuerzan la renuncia del presidente y se le persigue sin dejarle otra alternativa que huir de su propio país para salvar su vida y para evitar una segura confrontación armada.
No hay democracia cuando la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclama presidenta interina, bloqueando el acceso al parlamento para que otros senadores con mejor derecho a ocupar dicho cargo, tuvieran siquiera posibilidad de ocuparlo o se debatiera la renuncia del presidente.
No hay democracia cuando la toma de posesión del cargo de presidenta interina se realiza con la Biblia en alto mientras despotrica en contra de las costumbres y creencias de una mayoría indígena, atentando contra el Estado de Derecho laico y aconfesional.
No hay democracia cuando el nuevo ministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, apenas asumido en su cargo anuncia "la cacería de Juan Ramón Quintana", exministro de la Presidencia de Evo Morales.
No hay democracia cuando el nuevo y autoproclamado gobierno, tras el golpe de Estado, acusa de terrorista y sedicioso al propio Evo Morales con pruebas falsas o manipuladas, pervirtiendo la realidad, desinformando a la ciudadanía y generando con ello una clara persecución de los opositores políticos.
No hay democracia cuando mediante Decreto Supremo se garantizó la inmunidad y con ello la impunidad del Ejército, que salió a la calle a reprimir las protestas, sin contención, acusando después a los seguidores de Morales de estas acciones.
No hay democracia cuando se incumplen las convenciones internacionales sobre asilo, negando el salvoconducto a quienes están refugiados en la embajada de México para que puedan hacer abandono del país.
Nada que celebrar
En fin, no puede ser considerada una victoria democrática la instalación de una mesa de diálogo que, por cierto, fue sugerida por el propio Evo Morales, para pacificar al país, definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Que Evo haya renunciado a ser candidato en las nuevas elecciones, indica que ha antepuesto el interés del país al suyo propio y al de su partido.
Sólo gracias a ello la Asamblea Legislativa promulgó una ley que establece las condiciones para la realización de unas elecciones presidenciales y legislativas, conseguida a través de la mediación de representantes de organizaciones internacionales y de la iglesia católica y que sólo permite dos mandatos consecutivos con lo cual aquel queda excluido de la cita electoral.
Por ello, no hay nada que celebrar, porque la moneda de cambio para el eventual regreso a los cauces institucionales ha sido la limpieza política del adversario, la eliminación del escenario político de Evo Morales asilado en México, descabezando así al gobierno, al movimiento indígena y al legítimo titular que no fue derrotado en las urnas, haciendo añicos la dialéctica democrática.
Lo realmente grave, es que la situación de interinidad hasta la nueva convocatoria electoral, puede ser utilizada, al más puro estilo golpista, para destruir gran parte de los avances políticos y sociales logrados en los últimos años por el pueblo boliviano, minando la dignidad y el orgullo de ser indígena en un país mayoritariamente de población indígena.
Aunque Vargas Llosa afirme lo contrario, lo cierto es que, hasta antes de la llegada de Evo Morales al poder, Bolivia estuvo gobernada exclusivamente por castas blancas y blanco-mestizas, en una fiel reproducción criolla de la herencia supremacista colonial, plagada de discriminación, racismo, explotación y desprecio de lo amerindio y afroamericano.
Tópicos reaccionarios
Basta con que se recorran varias de las poblaciones de este gran país, de sus barrios más pobres como los últimos anillos de Santa Cruz de la Sierra, los conurbanos de La Paz, El Alto, Sucre, Potosí, Cochabamba, Ouro y tantos otros, para comprobarlo. Quien niegue la realidad de esta matriz racista que divide al país, aunque afirme conocer Bolivia, demuestra no conocerlo lo suficiente, expresa el sectarismo que lleva dentro, así como la falacia de los argumentos, tópicos y típicos de los movimientos más extremos y reaccionarios de la derecha, que son los que ahora se han impuesto en el país andino, al menos provisionalmente.
En sintonía con el resto del continente, entre 1964 y 1982 Bolivia tuvo sus propios gobiernos militares, que junto con la racista y clasista burguesía local administraron el país en su propio beneficio, como si les perteneciera sólo a ellos, donde se fueron sucediendo unos militares y otros con pequeños intervalos de gobiernos civiles, pero todos igualmente serviles a los intereses extranjeros, principalmente de la América de Nixon y Kissinger.
Bolivia tuvo que esperar hasta enero de 2006 para tener, por primera vez en su historia, un presidente indígena, aunque algunos quieran negarle esa condición. ¡Hasta este extremo ha llegado la indignidad! Desde entonces Evo Morales lideró, con aciertos y también con errores, la construcción de un Estado Plurinacional de Bolivia y recuperó el orgullo de ser indígena, lo que no agradó, ni agrada a las élites corporativas y políticas tradicionales. De su mano, Bolivia ha vivido la década de prosperidad económica, social y política más importante de su historia democrática. Dejó atrás el sistema autocrático imperante que marginaba a las dos terceras partes de la república, avanzando en el marco de una democracia participativa y no solo representativa. Obtuvo un fuerte y sostenido crecimiento económico, con una mejora significativa en la redistribución del ingreso, en buena medida gracias a las expropiaciones y nacionalizaciones de compañías estratégicas que explotan sobre todo las cuantiosas reservas mineras.
Prueba de estos logros políticos, económicos y sociales es el público reconocimiento efectuado por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren en su última visita de trabajo en agosto 2018.
Marcha atrás
Todos estos progresos democráticos, sociales y culturales están dando marcha atrás. ¿Y en beneficio de quién? Ciertamente no de la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas que siguen manifestando su dolor, indignación y desacuerdo por las calles de todo el país, mientras siguen siendo severamente reprimidos, una represión que se salda ya con 34 muertos, 800 heridos y 624 detenidos.
La CIDH ha denunciado el “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes, por la policía y las fuerzas armadas, la impunidad por estas acciones, la preocupación por las limitaciones a la libertad de prensa, el odio racial contra los pueblos indígenas, “la necesidad de instalar un proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo para nombrar los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar elecciones transparentes y creíbles en un plazo de 90 días”, pero con cese previo de la violencia. En el mismo sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con países como España, exigen una comisión investigadora independiente, en especial para las muertes ocurridas en Cochabamba.
Intereses económicos
Esto me hace pensar que hay otros intereses, una longa manu que está barajando las cartas a su favor. Bolivia posee la mayor reserva de litio del mundo, un mineral esencial para la elaboración de baterías, esas que usamos en los móviles y ordenadores portátiles, y esas mismas que cada vez más se usarán en los automóviles eléctricos. Se trata de un mineral que, en manos del pueblo y sus legítimos representantes, podría rápidamente convertir a Bolivia en un país rico, pero que en manos de los de siempre, se enriquecerán las élites político-empresariales de siempre, locales y extranjeras, en particular las del gigante país del norte.
Por ello, no me sorprende que el nuevo gobierno interino haya puesto entre sus prioridades la reconfiguración de sus relaciones internacionales, nombrando, antes que nada, un nuevo embajador en Estados Unidos, once años después de que ambos países expulsaran mutuamente a sus diplomáticos.
No, Bolivia no está regresando alegremente a la normalidad, sino todo lo contrario, se sigue desangrando. La escalada del uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas militares y de seguridad bolivianas es extremamente preocupante, sobre todo si ya tienen previamente garantizada la impunidad por Decreto presidencial, aunque fruto de los acuerdos de la mesa de diálogo, ya se ha derogado el temido y aberrante Decreto Supremo Nº 4078.
Por mi parte, concuerdo y me sumo a la declaración firmada por expertas y expertos en derecho internacional, y hago lo propio con el Grupo de Puebla, como parte del CLAJUD, en el que hemos pedido la adopción de medidas cautelares para miembros del Gobierno de Evo Morales, así como de otros organismos y organizaciones que instan tanto al gobierno como a las fuerzas de seguridad a respetar y cumplir con sus obligaciones legales internacionales de proteger la libertad de reunión y prohibir el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes civiles.
Si, como afirma Boaventura de Sousa, “la democracia liberal no tiene futuro y corre el riesgo de morir democráticamente al elegir recurrentemente antidemócratas o gobiernos que rápidamente se separan de sus bases sociales”, tenemos la obligación moral de colaborar con Bolivia para que el país regrese a la senda de progreso e igualdad iniciada por Evo Morales y que ha sido tan beneficiosa para la inmensa mayoría del pueblo
Debemos seguir vigilantes, denunciar los abusos y proponer caminos, porque en Bolivia, en América Latina, en España y en el mundo entero, cuando se duerme la razón afloran las peores pesadillas y regresan los fantasmas del pasado fascista que ya creíamos superado, o, como bien reza el cuadro de Goya, porque “el sueño de la razón produce monstruos”.
Jurista, miembro del Consejo Latinoamericano de Derecho y Democracia (CLAJUD)
