La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires presentaron un amparo colectivo contra el Ministerio de Educación porteño para que "se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada". Dominique Steinbrecher, abogada del área de Discapacidad y Derechos Humanos de Acij, dijo a Página/12 que "el objeto es que se declare inconstitucional la omisión del gobierno de monitorear, porque esto permite que las negativas sistemáticas de matriculación que reciben los niños y niñas se perpetúen".

La acción colectiva tiene como finalidad revertir la inacción del ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña, que tiene entre sus funciones la de controlar a las escuelas para asegurar el acceso de las alumnas y de los alumnos con discapacidad a las escuelas comunes, tanto estatales como privadas, aunque en estas últimas habría un mayor grado de discrecionalidad.

Si bien los rechazos se presentan de diferentes formas, a veces de manera directa, otras más indirectas, el denominador común es la barrera que imponen a la niñez con discapacidad, que tiene derecho a educarse en escuelas comunes con el resto de las niñas, niños y adolescentes. Un derecho que viene garantizado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014.

La falta de vacantes, cupo limitado, falta de personal especializado, que no es bueno enviar a niños con discapacidad a una escuela común, o directamente, y yendo contra lo que establece la ley, que "no hacen inclusión", son algunos de los pretextos que reciben de parte de las escuelas privadas las familias para negarles la matriculación, según detalló Steinbrecher.

Entre los testimonios de familiares de personas con discapacidad incluidos en la demanda colectiva, dos mamás relataron cómo a la hora de buscar vacantes para sus hijos tuvieron que recorrer, o llamar porque no le daban entrevista. En un caso 27 escuelas, y en el otro, entre 30 y 40, para escuchar los mismos argumentos de rechazo.

"Lo que solicitamos en la demanda es que se condene al gobierno a adoptar medidas de acción para asegurar la educación, y en particular propusimos algunas acciones como establecer un protocolo de inscripción formal, que se adopten medidas de difusión sobre el derecho de las personas con discapacidad a acceder a las escuelas y que se determine cuáles son los órganos encargados de recibir los reclamos", explicó la integrante de ACIJ. Y remarcó que "uno puede recurrir a la Dirección de Educación Privada pero no hay mecanismos para dar cauce a esos reclamos".

La falta de mecanismos transparentes a la hora de la inscripción, sumado a la falta de información, hace que muchas familias se vayan convencidas de que las escuelas no están obligadas a incluir a las niñas y niños con discapacidad, o que tienen cupo y se los están negando.

En este sentido, la demanda recuerda que la normativa nacional y local de CABA prohíbe el rechazo de la inscripción o reinscripción de un estudiante por motivos de discapacidad. A su vez, señala que "los organismos internacionales de derechos humanos han sido contundentes en que todas las escuelas, incluidas las privadas, deben respetar el derecho a la educación inclusiva y que los Estados tienen la obligación indelegable de garantizar que efectivamente lo hagan". Por estas razones, sostienen que la falta de fiscalización del estado porteño "agrava las violaciones sistemáticas del derecho a la educación inclusiva".